Once condenados por el Tribunal Oral

Con la intervención de la fiscal subrogante Iara Silvestre, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Rosa condenó en el último mes y medio a prisión a un total de once personas por tráfico y comercialización de estupefacientes, en distintas causas que se desarrollaron en juicios abreviados. Además de las condenas, también se ordenó la destrucción de la droga secuestrada en los distintos casos y el decomiso de los elementos secuestrados en los procedimientos.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el pasado 7 de abril el TOF «condenó a cinco años de prisión a dos hombres que el 14 de marzo del 2020 transportaban 12,797 kilogramos de cocaína, fraccionada en 165 envoltorios de nylon, que llevaban oculta en una camioneta y que fue descubierta cuando los detuvo el personal policial del Puesto Caminero de Catriló de la Policía de La Pampa».
Además, durante el operativo de control, los efectivos pampeanos encontraron «un trozo compacto de 24 gramos de cocaína envuelto en una servilleta de papel y dos envoltorios de nylon transparente con restos de cocaína y marihuana, que llevaba uno de los imputados».

Desde la cárcel.
En otro juicio abreviado, el 23 de marzo se impuso penas que «fueron de tres a seis años de prisión para cinco integrantes de una organización dedicada al tráfico y a la comercialización de estupefacientes». En la investigación, realizada por el personal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal con la colaboración de la División Antidrogas de General Pico, «se pudo saber que la organización recibía la droga desde Misiones y Mendoza para luego comercializarla en General Pico». A su vez, se pudo determinar que «parte de sus integrantes operaban desde adentro de la Unidad 25 del Servicio Penitenciario Federal, situada en esa ciudad pampeana».
Tres de los involucrados «fueron condenados a seis años de prisión -dos de ellos declarados reincidentes- por ser coautores penalmente responsables del delito de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de comercio, transporte y tenencia con fines de comercialización». Por otro lado, los otros dos integrantes de la organización «fueron sentenciados con tres años de prisión por ser partícipes secundarios del delito cometido, y en el que uno de ellos además fue declarado reincidente».

Incitar a una menor.
En otro de los juicios detallados por el MPF, realizado el 5 de marzo, el TOF «condenó a un hombre por ser responsable del delito de facilitación de estupefacientes con fines de consumo, agravado por haber sido cometido en perjuicio de una menor de dieciocho años».
En la causa se acreditó que en el hecho, ocurrido entre el 20 y 21 de julio de 2016 en la localidad de Colonia 25 de Mayo, el imputado «incita el consumo de estupefacientes en personas con reducida capacidad de autodeterminación y que por ende no se hallan en condiciones de valorar las consecuencias del uso de tales sustancias».

Más de 90 kilos de marihuana
Desde el MPF comentaron que en un juicio realizado el 26 de febrero por el delito de transporte ilegal de estupefacientes se condenó a seis años de prisión a dos personas que el 4 de febrero de 2019, en el Puesto Caminero Catriló de La Pampa, fueron encontrados con 90,717 kilogramos de marihuana que llevaban ocultos en el doble fondo del piso del vehículo.
A un tercer imputado considerado partícipe secundario se le suspendió por tres años el juicio a prueba, con la condición de que cumpla con las reglas de conducta, que pague una suma de 1.500 pesos como reparación de daños y que tenga prohibida la salida del país.
Ese mismo día, el Tribunal condenó a cuatro años de prisión y declaró reincidente a una persona que el 10 de agosto del 2019 transportaba 54,377 kilogramos de marihuana ocultos en el interior del vehículo y que fue interceptado por el personal policial del Puesto Caminero Catriló.
«Al igual que en el caso precedente, en el hecho participó una imputada a quien se le suspendió por tres años el juicio a prueba y se le impuso un pago de 500 pesos. El defensor, de acuerdo con la medida, argumentó la falta de antecedentes penales de esa persona», concluyeron desde el MPF.