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«Operaban en la clandestinidad»

SUBZONA 14 II: FISCAL REBATIO LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA DE REPRESORES

El fiscal general Leonel Gómez Barbella afirmó ayer que en la provincia «existió un plan represivo desarrollado mediante la estructura militar» antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y cuestionó la «especulación» de la defensa de los ex policías y ex militares que puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura en el país.
En el marco de una nueva audiencia del juicio de la Subzona 14 II, el fiscal insistió en la figura de «genocidio» para imputar a los acusados, dijo que «cada uno de ellos formó parte de los hechos» de secuestros y torturas investigados y advirtió que la dictadura pretendió «destruir la identidad nacional de los oprimidos para imponerle la de los opresores».
Con respecto a la calificación de delitos de lesa humanidad, explicó que «son imprescriptibles» y en otro sentido comentó que «no existió una persecución penal» y que «los imputados condenados en 2010 se enfrentan a la posibilidad de una nueva condena, pero siempre fueron juzgados por hechos diferentes, nuevos, distintos».
Dijo que las víctimas fueron sometidas a cierto descrédito por parte de las defensas de los acusados que quisieron plantear «diferentes clases de víctimas, una más creíble que otra y eso llamó la atención. Hay que entender que las víctimas son víctimas, no hay víctimas de primera ni de segunda ni víctima partidaria. Eso hemos encontrado, víctimas».
«A la gran mayoría -continuó el fiscal- le cambiaron el curso normal de sus vidas, algunos tuvieron que exiliarse en otros países, provincias a temprana edad, impactando en la salud, las familias, las relaciones, la situación económica, la mayoría tuvo que abandonar su carrera académica».
El fiscal además recordó que los sumarios administrativos realizados durante el gobierno de Rubén Marín, en democracia, fueron avalados en el primer juicio de 2010.

«Clandestinidad».
Siguiendo con las réplicas a los alegatos de las defensas, el secretario de la fiscalía Federico Iparraguirre se refirió a la idea de testigo único, entendiendo como tal a las propias víctimas que declararon como testigos de los secuestros y torturas, y dijo que «esta circunstancia no puede garantizar la impunidad a los responsables de cometer los peores crímenes».
«Los imputados operaban en la clandestinidad, destruyendo toda constancia que estuviese a su alcance y que dejara en evidencia su verdadero accionar, lo que tornó imposible otro método de reconstrucción. La verdad material que debe prevalecer siempre», comentó.
Agregó que «las fuerzas armadas y policías actuaron en forma ilegal y clandestina».
Iparraguirre también dio lectura a los fundamentos del voto de José Mario Triputti durante el histórico juicio de 2010 -en el que fueron condenados ocho represores-, donde rechaza el planteo de «atemporalidad» de la acusación.
Por otro lado, manifestó que «es ridículo sostener que no hubo centros clandestinos de detención, considerando lo que allí pasó, porque la ubicación geográfica era conocida por todos, publica y notoria. No es verdad como se dijo que todos sabían dónde estaban detenidas las víctimas, cómo estaban, los verdaderos motivos de la detención y qué les sucedía allí. Lo único público y notorio era su ubicación es verdad. Pero el motivo del secuestro no lo era. Tampoco los tormentos a los que eran sometidos, esto se aparta del verdadero rol y carácter que deberían haber llevado esas instituciones en un verdadero Estado de Derecho».
También se refirió a las declaraciones y la negación de los acusados. «Si estuviéramos a la hipótesis que genera la sumatoria de cada argumento, tenemos que a lo largo del proceso condenatorio de 2010 y en este juicio, concluimos que todas las víctimas, los familiares, otros testigos que declararon en esas etapas mienten y además se han puesto de acuerdo para coincidir en cuestiones elementales y específicas como circunstancias de modo tiempo y lugar. Nadie había hecho nada en ningún lugar».
En el juicio que se sigue contra 14 ex policías y ex militares también los defensores comenzaron con las dúplicas, respondiendo los planteos de la fiscalía y la querella ante el Tribunal Oral Federal de La Pampa.