Otorgan domiciliaria al represor Carlos Reinhart

El ex policía y represor Carlos Reinhart fue beneficiado por un fallo de la Justicia Federal que le otorgó la prisión domiciliaria de manera momentánea, ya que en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario donde estaba alojado se activó el protocolo preventivo del Covid-19. El gobierno provincial y el Movimiento de Derechos Humanos rechazaron la medida.

Los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa otorgaron el beneficio de prisión domiciliaria a Carlos Reinhart, el ex policía condenado en dos ocasiones por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Según señala el fallo, la decisión fue tomada debido a la activación de los protocolos preventivos de Covid-19 en la Unidad 4 de Santa Rosa, donde estaba alojado.

«Entendemos que lo informado por las autoridades de la Unidad 4, sobre las dificultades de alojamiento y aplicación de los protocolos preventivos, como así también la imposibilidad de analizar el traslado del interno a otra jurisdicción, sin perjuicio de su condición preexistente de integrante de un grupo de riesgo, resultan circunstancias atendibles y suficientes para adoptar una medida alternativa excepcional en el caso, sin dilación», señala el fallo judicial.

El ex policía fue condenado en el año 2014 a 20 años de prisión y a 14 años el año pasado tras comprobarse que era uno de los que aplicaba la picana eléctrica durante las sesiones de tortura en la Seccional Primera de la Policía de La Pampa.

A partir de la decisión judicial, Reinhart deberá permanecer en el domicilio, una casa de la calle Santa Fe, en Villa Alonso, «y no pondrá ausentarse sin previa autorización de este Tribunal, salvo riesgo grave de vida, circunstancia que deberá ser comunicada inmediatamente» a la policía o a la sede judicial.

Rechazo del gobierno

Tras conocerse la noticia de que el represor cumplirá la pena en su domicilio, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia informó que «no se comparte el pronunciamiento del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa».

Según un comunicado difundido desde Casa de Gobierno, «se entienden las situaciones extraordinarias» que plantea el fallo de la justicia para otorgarle el beneficio, aunque consideraron que «en modo alguno se puede estar de acuerdo que desde la Justicia Federal se acuerden beneficios particulares a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad».

En ese sentido, desde la Secretaría encabezada por Juan Pablo Fasce se solicitó que todos los condenados por delitos de lesa humanidad «cumplan en prisión las condenas impartidas por la Justicia», y reiteraron que Reinhart «fue condenado en los dos juicios de la Subzona 14 por secuestros y torturas mientras era oficial de policía en La Pampa durante la dictadura cívico-militar».

Movimiento

En la misma sintonía, el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos expresó su rechazo al fallo tras considerar que «debe interpretarse como un privilegio de impunidad hacia los genocidas», y que la domiciliaria a Reinhart «significa un grave peligro físico y psicológico para los/las testigos y víctimas de delitos de lesa humanidad».

En un documento difundido en la tarde de ayer, el movimiento consideró que «podrían haberlo trasladado a otra dependencia del mismo Servicio Penitenciario Federal antes que liberarlo». En ese sentido, agregaron: «Si se trata de liberar personas, deberían haber empezado por los que estaban con preventiva. Por otra parte, llama la atención que el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, en su carácter de querellante, nunca fue notificado de la solicitud del SFP, sin que se le diera la oportunidad de expresar su posición al respecto».

Otros pedidos

El jueves, LA ARENA informó que los represores Luis Baraldini, Juan Domingo Gatica y Oscar Melazzi, mayores de 65 años, detenidos en el marco de causas por delitos de lesa humanidad, solicitaron al TOF que se les otorgue la prisión domiciliaria por pertenecer a los grupos de riesgo dispuestos en el contexto del Covid-19.

En ese sentido, el fiscal federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, sostuvo que la detención cautelar domiciliaria implica una disminución significativa del control estatal sobre el detenido y que el Estado no cumpla con su compromiso internacional de sancionar a quienes fueran declarados culpables de delitos de lesa humanidad.