Pareja con mellizos teme un desalojo

OTRO PROBLEMA HABITACIONAL

La crisis habitacional se acentúa en la provincia de La Pampa. Ahora, otra familia más corre riesgo de quedar en situación de calle. Se trata de Anabela Schlenger de 24 años, junto a su pareja de 23 y sus mellizos de cinco años. Están viviendo en una precaria casa de Santa Rosa, en la calle Jujuy 349, desde hace tres años.
La dueña, que les había prestado la vivienda, ha fallecido, y hace un tiempo atrás, la nieta se acercó y les advirtió que tenían que abandonarla. No saben si está efectuada formalmente la denuncia en la Justicia, pero temen que en cualquier momento padezcan la situación de quedar literalmente en la calle.
Según el testimonio de Anabela, una asistente social concurrió al lugar y les dijo que las condiciones del hogar no eran aptas para sus hijos, ya que el techo presenta pérdidas de agua y la humedad está impregnada en las paredes.
Anabela, que habló ayer con un equipo de este diario, cuenta que la familia pasa “mucho frío” y que sus nenes viven resfriados y se enferman continuamente.
Sin embargo, cuando se reunió con representantes del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV, le dijeron que no había posibilidad de conseguirle una casa, porque se había inscripto en el año 2013, y “el listado era hasta el 2012”.
Solo le ofrecieron frazadas y colchones, a los que Anabela rechazó porque “no necesitamos eso, con mi pareja nos las rebuscamos, yo laburo por hora en la limpieza y él lava coches, lo que necesitamos es una casa”, concluyó la madre.

“Un problema muy grande”.
Según fuentes judiciales consultadas por LA ARENA, “cada vez son más frecuentes los casos de desalojo en la provincia”. En los últimos años ha crecido exponencialmente, “y seguramente sean más de seis casos por semana”, aseguró esta fuente consultada.
El Defensor de la Niñez, Juan Pablo Meaca, había revelado hace un tiempo atrás, que por semana, aproximadamente, seis familias eran desalojadas en La Pampa, y que en general son madres solas con hijos chicos.
Muchas veces, si son por vía judicial, se efectúan en menos de cuatro meses, y se espera que en los próximos tiempos “sea un problema muy grande, no de la Justicia, sino en términos sociales”, finalizó la fuente.