Pese a la sentencia de la Corte, Nación no pagará la deuda

El ministro de Justicia de la Nación no quiso reconocer la deuda histórica y se negó a firmar un acta en la que Nación se comprometía a pagar en efectivo o con bonos. "Esta deuda no la contrajo este gobierno", espetó al retirarse.
La tercera reunión de funcionarios pampeanos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y funcionarios de su Ministerio y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), terminó abruptamente cuando el ministro se levantó y se retiró sin firmar un acta que especificaba la forma en que Nación devolvería La Pampa la deuda acumulada por una detracción ilegal de su coparticipación. Garavano no solo no quiso reconocer el monto acumulado, superior a los 2.100 millones de pesos según los funcionarios provinciales, sino que tampoco quiso firmar que la devolución debe concretarse en dinero o en bonos. Su propuesta era compensar ese monto con obras viales o incluso, alguna aeroportuaria. Ante el reclamo pampeano por una definición, "invitó" a seguir el mismo camino judicial que ya tomaron San Luis y Santa Fe, la de un juicio de ejecución de sentencia.
Con la abrupta terminación de la reunión de ayer, La Pampa está obligada ahora, y así lo hizo notar el ministro Garavano, a recurrir a una nueva instancia judicial para cobrar el dinero que la propia Corte Suprema determinó que le corresponde. Esta situación demorará el cobro de una abultada masa de dinero que el gobierno provincial pensaba utilizar en un fideicomiso de administración para financiar obra pública y reactivar este sector de la economía.
La reunión del lunes en Buenos Aires fue la tercera desde que en noviembre de 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó a favor de La Pampa en una demanda iniciada en el año 2007 por el gobernador Carlos Verna cuando terminaba su primer mandato. En aquella demanda, el Estado pampeano planteó la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Coparticipación que autorizaban al Estado nacional a descontar un 1,9 por ciento de la masa coparticipable de las provincias para financiar el funcionamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Después de muchos años de análisis, en noviembre del año pasado la CSJ determinó que el planteo pampeano era correcto. Tras ello dictaminó la inconstitucionalidad de esa detracción y ordenó a la nación devolverle la suma acumulada, con sus respectivos intereses.

Rutas intransitables.
Esa forma de devolución era precisamente la que se estaba analizando el lunes, cuando Garavano dio por terminada la reunión, se levantó, saludó amablemente y se fue. En el despacho de su ministerio quedaron, mirándose sin terminar de entender qué estaba sucediendo, el ministro de Hacienda de la provincia, Ernesto Franco, el Fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, el procurador de Rentas de la provincia, Hernán Pérez Araujo, y los subsecretarios de Hacienda y de Ingresos Públicos.
La intención de La Pampa era que Nación se comprometiera a pagar la deuda en efectivo, en bonos, o en una combinación de ambos. Garavano fue con la propuesta de hacerlo mediante obras públicas, viales en su mayoría, dentro del territorio provincial. La triste experiencia de las obras viales nacionales en nuestra provincia -con los alteos inconclusos y las rutas intransitables-, junto con el hecho de que son obras que Nación debe realizar por presupuesto y no por acuerdos judiciales, obligaron a los funcionarios pampeanos a rechazar esa alternativa. Garavano retrucó ofreciendo alguna obra aeroportuaria, que también tuvo un rápido rechazo.
Algo parecido sucedió al momento de acordar el monto acumulado y la forma de cálculo de los intereses. Para La Pampa, el monto acumulado supera los 2.100 millones de pesos. La detracción de ese 1,9 por ciento dejó de aplicarse en diciembre del año pasado, y en estos meses han ingresado a la provincia entre 60 y 70 millones mensuales. Así lo reveló el procurador Pérez Araujo en una entrevista que ayer mantuvo con el programa televisivo La Parte y el Todo, que se emitirá esta noche por CPEtv.
Fue en ese momento de la reunión que Garavano espetó a sus visitantes una posición de intransigencia, se levantó y se retiró. La frase con la que dejó de la sala fue más que reveladora: "Primero nos invitó a que utilicemos nuevamente la vía judicial, en este caso para accionar el cobro, y luego nos dijo 'esta deuda no la contrajo este gobierno así que la va a pagar otro gobierno'", relató el procurador Pérez Araujo, que la escuchó en primera persona.

Nula predisposición.
En noviembre de 2018, cuando dictaminó la inconstitucionalidad de la detracción, la Corte concedió 120 días a Nación y Provincia para acordar monto, intereses y forma de pago. "En este ínterin ocurrió que el 19 de febrero la Corte dictaminó a favor de San Luis y estableció la metodología de cálculo", señaló el procurador. Precisamente, ese mecanismo de cálculo era el que quería aplicar nuestra provincia.
La "nula predisposición del gobierno nacional a llegar a un acuerdo", según consideró la Casa de Gobierno pampeana en un parte de prensa que emitió ayer, se vio reflejada en la reunión con la constante actitud dilatoria que exhibió el ministro Garavano ante cada planteo. "Lo tengo que consultar con Hacienda; eso lo tengo que ver con Hacienda" fue la respuesta que una y otra vez esgrimió, según contó Pérez Araujo.
El gobierno pampeano era consciente de que no podría alcanzar un acuerdo para cobrar la totalidad de la deuda en efectivo. Por ello estaba dispuesto a negociar una parte en bonos, pero no el total en obras públicas. "La dudosa concreción de esas obras es lo que al propio gobernador (Carlos Verna) le ha hecho intuir que esto puede ser nada más que una dilación", evaluó Pérez Araujo, al defender la posición rígida de los negociadores pampeanos.