Piden apertura de teléfonos

La Fiscalía solicitó la apertura de los teléfonos celulares secuestrados en Catriló, en el marco de la causa donde se investiga el origen del brote de Covid-19 que se desató en dicha localidad. A su vez, pidieron información a las compañías telefónicas sobre las líneas y los impactos de antenas en la fecha en la que, se estima, ocurrieron los hechos.
La información fue confirmada por fuentes judiciales a LA ARENA, quienes explicaron que se trata de seis celulares y una cámara fotográfica, todos elementos secuestrados en una serie de allanamientos que realizó la Brigada de Investigaciones de la UR-I semanas atrás.
La medida fue solicitada como «prueba jurisdiccional», una modalidad incorporada en el Código Procesal que permite «que se pueda pedir sin llevar a cabo la formalización». En este caso, si la jueza de Control interviniente, Florencia Maza, da lugar «se notifica a los imputados, quienes pueden designar un defensor y hacer controlar la pericia».
En ese sentido, indicaron que la decisión de formalizar a las seis personas involucradas «va a depender del avance de la investigación, de la información que pueda recabarse de la apertura o no. Obviamente que pueden arrojar mayores datos de precisión, eventualmente incriminantes».

Información.
De todas maneras, aclararon que una vez que se haga la apertura de los elementos informáticos, si es que la jueza los autoriza, se deberá analizar la información resultante de la pericia. «Eso lleva un tiempo, porque son en este caso seis teléfonos y una cámara fotográfica», comentaron.
«Con lo cual, más allá de la fecha en que se haga la pericia, vamos a tener otro período para analizar esas evidencias. Estamos hablando hipotéticamente, el juez puede resolver que sí o que no», agregaron.
Además del pedido de apertura, este diario pudo saber que se requirió «informes a las compañías telefónicas respecto de la titularidad de los teléfonos, los equipos que usaba cada línea telefónica y los impactos de antenas en la fecha que estamos investigando, que es en el mes de julio». «Vamos a esperar, sin perjuicio de lo que pueda surgir del análisis de la misma. La investigación continúa, no se descarta que se pueda avanzar sobre una eventual formalización», señalaron.

La causa.
Hasta el momento hay seis personas notificadas en calidad de imputadas. La investigación se inició de oficio y «está relacionado con cuestiones que pueden haber ocurrido de índole delictiva y que están relacionadas con el brote y la propagación del mismo, cuánta incidencia puede haber tenido o no que algunas personas de esa localidad hayan incumplido la normativa que estaba justamente prevista provincialmente para evitar que esto sucediera».
La principal sospecha apunta a que se habrían realizado «más de un encuentro por fuera de lo permitido, o un egreso y regreso a la provincia por fuera del puesto caminero», durante la segunda semana de julio, previo a detectarse el brote de coronavirus. Las «fiestas clandestinas» se habrían realizado en campos ubicados entre Catriló y Pellegrini, con la participación de ciudadanos bonaerenses y de dicha localidad pampeana.
Por otro lado, a la causa podría sumarse la muerte de un hombre de 96 años, cuyo contagio tenía «nexo» con Catriló. Según habían deslizado fuentes de la Justicia, esto podría impactar en la causa. «Obviamente la investigación está relacionada con el inicio del brote y todo lo que sanitariamente provocó, pero si después eso va a tener alguna incidencia o no en la investigación, por el momento no se puede informar».