Piden archivar causa contra jueces pampeanos por intimar al SPF

El fiscal federal Leonel Gómez Barbella le pidió al juez Juan José Baric el archivo de la causa en la que se investigaba el accionar de los jueces provinciales Martín Saravia y Mauricio Pascual, que habían dispuesto prohibir el ingreso de presos de otras jurisdicciones a la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, para que se priorice el ingreso de condenados pampeanos
El incumplimiento de un convenio firmado entre el Gobierno provincial y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) -firmado en 2007- para que la U4 reciba a unos 300 presos pampeanos, condenados por la Justicia provincial, llevó a aquellos dos magistrados a prohibir a las autoridades del Servicio Penitenciario que ingresen presos de otras jurisdicciones. Una medida que luego -por iniciativa del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa y el SPF- resultó investigada por presunto delito de abuso de autoridad.
Todo se inició ante la superpoblación de las comisarías y alcaidías provinciales -donde se producían situaciones de hacinamiento-, por lo cual los jueces de Ejecución Saravia y Pascual, solicitaron al Servicio Penitenciario que no permitan más ingresos de presos de otras jurisdicciones. Además de aquella orden de los magistrados provinciales, también estuvo circulando la versión de otra situación que en ese caso involucraba a la Jefatura de Policía de La Pampa que -según se especuló- podría haber intentado evitar el ingreso de detenidos al SPF de la Unidad 4.
Desde la Justicia Federal, desatada la controversia promediando 2015, se trató de bajar el nivel de conflictividad, y hubo funcionarios que negaron de plano que haya «una guerra judicial».

Actuaciones al archivo.
Recientemente Gómez Barbella determinó que «se debe descartar cualquier tipo de delito penal» y solicitó al Juez Federal directamente el archivo de las actuaciones. Consideró que «más allá de la cuestión de la competencia, que quedara trabada entre la Justicia de excepción y la Justicia local, entiendo que el mejor remedio es proceder al archivo de estas actuaciones», sugiere el fiscal, en un todo de acuerdo al artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación.
Gómez Barbella concluyó que se está «ante la inexistencia de delito. Señala que si se observan los hechos, que fueron relatados en forma circunstanciada por el Ministerio Público Fiscal mediante los dictámenes de fojas 12/13 y 51/52, las pruebas incorporadas y llevadas a cabo en la causa a lo largo de la investigación», no puede atribuirse delito alguno a los investigados.
Señala el fiscal general que las diferencias en todo caso estuvieron dadas en «cuestiones exclusivamente que rodearon la dirección de la política penitenciaria elegida por los gobiernos nacional y provincial».

Lo actuado.
Así puntualiza que «si se atiende a la medida ineludible dispuesta a fs. 11, el informe aportado por el SPF de fs. 26/29, oficio de fs. 33, lo dispuesto en el auto de fs. 35, las actuaciones labradas por el Jefe de la Policía de la provincia, respecto a que oportunamente se reforzó la seguridad del ingreso a la Unidad 4, el oficio enviado por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques, surge la implementación de una considerable cantidad de soluciones tanto a corto como mediano plazo».
También hizo alusión al informe de Jefatura de Policía, también encomendado por la Fiscalía, mediante el cual se señala que las cámaras colocadas en la puerta del ingreso a la Unidad 4 -en la vía pública- obedecían a que se trataba del plan estratégico de seguridad ciudadana».
Sostiene Gómez Barbella que si bien «en un comienzo ameritó el inicio de una investigación», de lo actuado se desprende «la inexistencia de delito».

Apoyo del Gobierno.
Cabe recordar que ante aquella situación de conflicto, el Gobierno provincial -por medio del ministro Daniel Pablo Bensusán-, apoyó en su momento la decisión de los jueces de Ejecución de La Pampa. «En definitiva lo que se busca es que el Gobierno nacional cumpla con el Convenio que firmó el gobernador en 2007, a través del cual la Provincia se comprometió a edificar un pabellón en el edificio de la U4, y le asignaba a La Pampa 300 plazas para que sean ocupadas por personas con condena firme de la Justicia provincial, para que ser alojadas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF)».

Nada cambió demasiado.
Por su parte abogados del foro penal le manifestaron ayer a este diario que esa situación de hacinamiento en comisarías no se ha modificado en demasía, y que hay presos con condena recluidos en espacios que no son los que debieran alojarlos. Y obviamente así las cosas, queda bien lejos el precepto constitucional (artículo 18) de que las cárceles «serán y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas». Y mucho menos se podrá pensar, en las actuales circunstancias, en un proceso de resocialización de los presos.

Un poco mejor
El juez Pascual se enteró por LA ARENA que Gómez Barbella pidió al archivo de la causa, y si bien admitió que la situación de los presos pampeanos «se ha descomprimido un poco», la cuestión de fondo no se solucionó porque no se asignaron los 300 cupos en la U4. «Eso no se ha resuelto todavía, pero nos vienen dando cupos mensuales, y se respeta que en la Colonia Penal por un condenado pampeano ingrese otro pampeano». También confirmó que hay pampeanos en cárceles fuera de la provincia, como en Senillosa (Neuquén), donde por un convenio con el Ministerio de Seguridad se posibilita a sus familiares ir a visitarlos.
El magistrado dijo que «surgieron algunos otros cupos en establecimientos penitenciarios, como Esquel y Rawson»; y recordó que hubo condenados traídos a la Provincia y como no había cupos en la U4 los pasaron a Senillosa, donde una cárcel provincial pasó al SPF. Fue una gestión que llevó adelante en su momento el defensor general Eduardo Aguirre, y hubo también un fallo del TIP.

La denuncia de los jueces
Fue en mayo de 2015 que los jueces de Ejecución Penal Pascual y Saravia, denunciaron penalmente a funcionarios del Servicio Penitenciario Nacional, por presunta comisión de delito de acción pública, entre otros «situaciones típicas de desobediencia, abuso de autoridad, omisión de deberes del oficio y/o denegación de auxilio».
La presentación de los magistrados estaba relacionada a la negativa del SPF de alojar en la Unidad 4 a presos pampeanos, muchos de los cuales continuaba detenidos en establecimientos policiales «hacinados y en condiciones infrahumanas».
Pascual y Saravia llevaron adelante esa acción después de conocerse la resolución de la Corte Suprema, que dictaminó que es competencia del Superior Tribunal de Justicia resolver el conflicto por el no otorgamiento de plazas, a partir de un hábeas corpus presentado por el defensor general de la Provincia, Eduardo Aguirre. Los denunciados resultaron el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco; al director nacional del Régimen Correccional, Walter Flores; y al exdirector de la Unidad Penitenciaria Nº 4 Sergio Escalada.
Los jueces pampeanos señalaron que aquellos eran responsables «por acción y/u omisión» en el cumplimiento de sus funciones, dado que los tres tienen «capacidad de decidir». En tanto agregaban que el SPF llevó al Estado provincial a una «situación de colapso de los lugares de encierro». No obstante admitieron que hay responsabilidades con ellos mismos y otras autoridades judiciales, policiales y provinciales.
Aclararon en su presentación que la diferencia estriba en que los denunciados «desobedecieron órdenes judiciales legalmente impartidas», incluso dando «órdenes contrarias a la ley», omitiendo «deberes de su oficio» y denegando «el auxilio requerido por parte de las autoridades policiales y provinciales».
En su denuncia Pascual y Saravia habían resumido las dificultades que la Justicia tuvo con la falta de compromiso del SPF para cumplir con el convenio, oportunamente firmado con la Provincia. En su momento el Estado pampeano erogó 10 millones de pesos para ampliar la U4, y garantizar 300 plazas para presos pampeanos, pero nunca se pudieron utilizar esos lugares, aunque estaban disponibles.