miércoles, 20 noviembre 2019
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Piden revocatoria

SOBRESEIMIENTO DE MARINO

Luego de que la Cámara Federal confirmara el 10 de octubre el sobreseimiento del senador de la UCR por La Pampa Juan Carlos Marino, quien había sido denunciado por acoso sexual por una empleada de planta permanente del Congreso Nacional, la denunciante presentó un recurso ante la Justicia en el que pide que se revoque la sentencia por considerarla «arbitraria» y solicita que se reabra la investigación.
Se trata de la denuncia hecha por Claudia Mabel Guebel, quien había incluido en su presentación a otros dos funcionarios legislativos, Carlos Pedro Fiorda y Juan Carlos Amarilla, que también fueron sobreseídos. En la presentación, la empleada refirió que los acusados en el ámbito del Congreso habrían violentado su integridad sexual.
En ese sentido, acusó que a poco de comenzar a trabajar con el senador Marino, ella recibía mensajes de WhatsApp personales: «Me enviaba videos alusivos al sexo. Quiero aclarar que yo no tenía vínculo alguno con él, ni de confianza ni de amistad. Este tipo de mensajes me los enviaba constantemente, varias veces por semana. Yo trataba de contestarle con respuestas evasivas que no comprometieran mi trabajo y que tampoco le den a pensar que yo estaba interesada en lo que me proponía (…)», había declarado Guebel.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al senador y a los demás acusados, porque consideró que del análisis del celular de la mujer y de los intercambios de mensajes de WhatsApp «no surgía ningún elemento de connotación sexual», algo que la Cámara Federal ratificó luego.
De acuerdo a lo consignado ayer por el portal de Perfil, la denunciante sostiene que la sentencia que declara el sobreseimiento de los imputados «no solo lo hace vulnerando garantías constitucionales y convencionales, sino que además hace imposible su continuación, generando los mismos efectos que una sentencia definitiva, importando un mal grave y actual, por cuanto no encuentro como justiciable a una justicia que brinde una respuesta jurídica y constitucionalmente válida ante mi reclamo frente a estos agravios».