miércoles, 28 octubre 2020
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Piden un «justo proceso» para puestero

VECINOS OESTEÑOS SOSTIENEN QUE HUBO AVASALLAMIENTO DE DERECHOS

Una hija de Juan Alberto Lara y vecinos de la zona rural de 25 de Mayo donde vive el trabajador rural junto a su familia, salieron a reclamar «un justo proceso» en la causa en la que se investiga el suceso en el que terminó herido el empresario Alberto Cholino. La controversia está dada entre quienes sostienen que el puestero actuó al sentirse avasallado en sus derechos como propietario ante un grupo de personas que trabajan para una minera que entra y sale del campo por caminos realizados por él; o si sólo hubo agresión contra Cholino y el grupo que lo acompañaba.

«Condena injusta».
Erica Lara expresó que «el STJ de la Pampa insiste en sostener la acusación del empresario que es desproporcionada e injustificada, avalando una condena injusta de cumplimiento efectivo para mi padre, por lo que familiares, amigos, vecinos, parte la sociedad consciente, exigimos un justo proceso judicial para Juan Lara campesino de la zona oeste pampeana».
La hija del trabajador rural se refirió al incidente ocurrido el 3 de noviembre de 2015 donde detienen y aplican medidas cautelares a Lara, mi padre, un trabajador rural de 25 de Mayo-La Pampa. El 31 de octubre de 2018 el juez de audiencia Gastón Boulenaz, resuelve condenar por «homicidio en grado de tentativa» con otros agravantes, aplicando una pena de seis años de prisión, luego de que mi padre intentara defender su vida del ataque del empresario minero Alberto Cholino, su hijo y un grupo de trabajadores/amigos».

Sin respuesta.
Erica indicó que «en dos años de extractivismo en estas condiciones, nadie supo dar respuestas a mi padre, ni la minera Cholino, ni la Justicia, ningún gobierno ni provincial ni nacional. Estos abusos por parte de la empresa solo sucedían impunemente. Desde luego, no garantizando para mi padre el derecho de participación y consulta en el diseño de políticas públicas, en procesos de toma de decisiones que puedan afectar su vida, su tierra y sus medios de subsistencia».
Razonó que le sucede «a muchos campesinos pobres en el país, que intentan regularizar su situación territorial en los juzgados, donde quedan archivados y olvidados. Situación que los expone y vulnera cada vez que aparece una empresa con estas características en los territorios».
Aseguró que «la empresa Cholino burla normativas y derechos territoriales, no solo en La Pampa. Nos encontramos con más testimonios en Peñas Blancas, Villa Regina, donde intenta ocupar un campo habitado por un hombre mayor, al que quería desalojar por perturbar sus negocios mineros; en General Roca (Fiske Menuco)», donde se habrían producido detonaciones que les adjudican a la minera de Cholino».

De lesiones a homicidio.
La hija de Lara se preguntó cómo es posible responsabilizar a una persona por tentativa de homicidio si no se ha probado inequívocamente que su intención o propósito fuera la de causar la muerte; «y además mi padre como es que una persona con más de 50 años de vida jamás utilizó un arma para agredir ni increpar a nadie. Ese día no tuvo más opción que disparar por el peligro de muerte en el que se encontraba ante cinco hombres hostigándolo, amenazándolo: de manera patoteril se le fueron encima luego de que él preguntara qué hacían en su campo. En un momento el hijo del empresario corrió a la camioneta en busca de ‘algo’, y ante eso mi padre atemorizado sólo intento ahuyentarlos y evitar el ataque de estas personas».
Argumentó que llevaba un arma porque en esta zona en épocas de reproducción de pumas, y así lo afirmaron los vecinos, suelen salir al campo con algún arma para ahuyentarlos en casos de ataque. Durante el juicio, que contó con la entrega de firmas y testimonios de personas que dieron apoyo a mi padre, hubo pedido de justicia solidarizándose con la causa».
Siguió recordando que «durante el proceso se pudo probar que el encuentro entre el denunciante y mi padre fue casual, no hubo premeditación. Y él le dijo al juez: ‘jamás quise matar a alguien’. Además enseguida dio aviso a la Policía y fue a la Comisaría y entregó el arma. Hay que decir que de haber querido causar muerte al empresario, hubiera continuado con los disparos… sólo se defendió mientras fue agredido y dentro de la estricta necesidad de defensa».

Lesión leve.
Erica Lara señaló que «el informe de la médica forense, doctora Arratea Sánchez, sólo se trató de una lesión leve, sin riesgo de muerte para el empresario. Por lo tanto, no pudo probarse la intencionalidad de matar, por lo que el fallo arriba a una conclusión arbitraria con deficiente fundamentación».
Fue por eso que la defensa «interpuso un recurso de impugnación donde los jueces de TIP Filinto Rebechi y Mauricio Piombi, llegaron a la conclusión de que mi padre debía ser juzgado por abuso y tenencia de arma sin la debida autorización, y no por ‘homicidio en grado de tentativa’ por entender que no tuvo intenciones de matar».
Se lamentó que «ahora el STJ de la Pampa insiste en sostener la acusación del empresario, que es desproporcionada e injustificada, avalando una condena injusta de cumplimiento efectivo para mi padre. Por eso familiares, amigos, vecinos, parte la sociedad consciente exigimos un justo proceso judicial para Juan Lara campesino de la zona oeste pampeana», concluyó.

Denuncian «accionar inconsulto»
Erica Lara aclaró que «se está hablando de una empresa que de manera furtiva explota por dos años (al momento del hecho) una mina con diatomita sin ningún tipo de aviso ni consentimiento de mi padre, quien vive y desarrolla junto a mi abuelo (hoy fallecido) un trabajo arduo y sacrificado en el campo por más de 45 años (Con prescripción adquisitiva; Art. 3948 Código Civil)».
Sostiene también que «a escasos metros de la vivienda construida por mi abuelo se observaba el polvo que se volatilizaba de los camiones de la minera en el traslado del material. Los días de viento se formaban enormes nubes de polvo blanco, y el material quedaba adherido a las pasturas de las que se alimentaban los animales de cría vacuna y equina, y que en esa época se hallaron muertos por causas desconocidas. Nosotros lo atribuimos al consumo de ese mineral».

«Abusos y provocaciones».
Agregó que todo eso «tuvo un impacto en el trabajo y en la vida de mi familia, a lo que se suman abusos y provocaciones por parte de la empresa al utilizar los caminos que mi padre había construido para riego, mantenimiento de la plantación, y abastecimiento de agua a los animales. No sólo destruían estos caminos con su maquinaria pesada, sino que también contaminaban todo a su paso, y cualquier vecino de la zona puede dar cuenta de esto».
Erica insistió en que «la empresa trabaja con toda desaprensión por el medio ambiente, solo les importa la extracción del mineral y no toma ningún recaudo. De ese modo los camiones salen de la mina cargados con el mineral extraído pero como ni siquiera les colocan una lona en la parte superior, a medida que transitan por los secos caminos de tierra del oeste pampeano, van derramando material que como una especie de talco se adhiere a los pastos».

Mortandad de animales.
Aseguró que «las pasturas quedan alteradas y pasan a ser altamente contaminantes para los animales, aumentando la mortandad. Vemos afectados según tratados y pactos internacionales: el derecho al trabajo, a un medioambiente limpio, saludable y seguro para los campesinos/as y su producción»
(2019CELS_ declaración Derechos Campesinos).