Por 13 estafas, condenan a tres años de prisión en suspenso a Maribel Gómez

El juez de audiencia subrogante de Santa Rosa, Carlos Matías Chapalcaz, condenó ayer a Maribel Liliana Gómez a tres años de prisión en suspenso, por resultar “autora material y penalmente responsable del delito de estafa, que concurre de manera real en 13 oportunidades”.
El conflicto penal se resolvió a través de un juicio abreviado convenido entre el representante del Ministerio Público Fiscal, Oscar Alfredo Cazenave; el defensor particular Gastón Gómez y la propia imputada, que admitió su culpabilidad. En dos oportunidades anteriores, las partes habían presentado otros dos esquemas de abreviado que habían sido rechazados, según informó el área de prensa del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Además convinieron en que la condenada cumpla con ciertas reglas de conducta por tres años, bajo apercibimiento de revocarle la condicionalidad de la sanción; y entre ellas le dispusieron que fije domicilio, del que no podrá ausentarse sin consentimiento judicial; someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal; abstenerse de usar estupefacientes; no abusar de bebidas alcohólicas; cumplir con un tratamiento psicológico; y realizar trabajos no remunerados en el merendero de Villa Germinal, adonde donde deberá concurrir dos horas cada 15 días a prestar servicios.

Pruebas.
“Más allá del reconocimiento realizado por la imputada, al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, considero que los hechos se encuentran debidamente probados”, sostuvo el juez, en virtud de la basta documental agregada al expediente, entre las que se encuentran la descripción de los hechos efectuada por los testigos; los resultados de los allanamientos; los informes de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, de la Dirección General de Catastro, del Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio; de la Asociación Pampeana de Mandatarios; de la Administración Federal de Ingresos Públicos; de la Municipalidad de Toay; del Banco Central de la República Argentina y de distintas entidades bancarias; y de la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios; el resultado de la apertura de las computadoras de los imputados y la trascripción de las escuchas telefónicas efectuadas, que también se han incorporado al marco probatorio.
Entre las declaraciones testimoniales figuraban también las de cuatro escribanos y la de los verdaderos propietarios de los terrenos que Gómez vendió.
“Asimismo, es dable valorar las constancias logradas de la apertura de la computadora que la imputada tenía en su domicilio, y que permitieron acreditar que quienes cedían los derechos respecto de los inmuebles nunca los habían adquirido; es más, siquiera los habían tenido como poseedores”, acotó el magistrado.

Maniobras ardidosas.
Chapalcaz dio por probado que Maribel Gómez “ofrecía terrenos en venta en Toay, de los que no tenía la propiedad o derecho alguno; actuando en algunas de las operaciones de manera directa o bien como gestora de la operación de compraventa en representación de cuatro personas”. “Estas operaciones siempre se perfeccionaron mediante una entrega de dinero o un vehículo y su saldo en cuotas fijas que se documentaban en pagarés”, acotó.
En algunos casos los vehículos fueron transferidos a nombre de sus hermanos Aníbal Fabián Gómez y Sergio Gustavo Gómez y de su pareja, Pablo Jorge Montane, mientras que “los pagarés quedaban en poder de Eduardo José Gómez, padre de Maribel Gómez”. Ellos cuatro obtuvieron en su momento el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation).
“También tengo por probado, que si bien Gómez ofrecía a la venta terrenos, al efectuar la operación les entregaba un boleto de cesión de derechos y acciones y no uno de compraventa -señaló el juez-. A fin de dar más seriedad a la maniobra pergeñada, se convocaba a las víctimas a un estudio jurídico, donde se charlaba o gestaba el negocio y en distintas escribanías, para certificar firmas de la operación. Todas estas maniobras ardidosas generaron perjuicios económicos a las víctimas que configuran el delito penal en examen”.

Oposición.
Conforme indicó la Justicia, dos de los damnificados y querellantes en la causa, a través de sus abogados -Alejandra Lezcano López y César Augusto Rodríguez- se opusieron al acuerdo de juicio abreviado por considerar que “es idéntico al rechazado en las dos ocasiones anteriores”. Rodríguez agregó que además que en el texto se advertía “una satisfacción en lo que hacía a la cuestión patrimonial, pese a tener habilitada la vía civil”.

Cheques rebotados
En 2009, Gómez fue denunciada tras la aparición de al menos 90 cheques rebotados del Frente para la Victoria, por un valor de 203.931pesos. Los documentos habían aparecido firmados por Gómez y por el tesorero, Sergio Quintana. En esas elecciones, la mujer había sido candidata a senadora en segundo lugar por detrás de Santiago Ferrigno, ex delegado del Inadi en La Pampa. Además Gómez había sido candidata a intendenta por la localidad de Toay en las elecciones del año 2007.