Portezuelo: escándalo y persecución

Medios nacionales se hicieron eco del escándalo que rodea a la obra «Portezuelo del Viento» y de la renuncia el subsecretario de Obras Públicas, Daniel Chicahuala, dato que fue revelado por el diputado nacional Hernán Pérez Araujo en LA ARENA.
A su vez, dieron cuenta de la presunta persecución contra dirigentes opositores y el lobby empresarial para que la construcción de la represa quede en manos de una empresa: Impsa. En el centro del escenario estaría el ex gobernador y actual presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.
El artículo en cuestión fue publicado en El Cohete a la Luna y lleva la firma de Alberto Moya. Allí, el periodista hizo un racconto de lo que ocurrió la semana pasada: «el Gobierno de Mendoza recibió un reproche de la Cámara Argentina de la Construcción; uno de sus ministros fue interpelado; un ex subsecretario debió renunciar a su puesto y el diputado nacional Alfredo Cornejo fue en persona a apurar el desafuero de un legislador que había denunciado el negocio detonante de esta catarata de secuelas».
A su vez, explicó que «su solitario denunciante es el senador provincial del monobloque Protectora Fuerza Política, Marcelo Romano, quien como abogado denunció a Barrick Gold y tuvo amplia difusión en la prensa porteña por su acompañamiento a las asambleas populares que defienden el agua y la antiminera Ley 7722 que a finales del 2019 provocó la marcha más grande de la historia de Mendoza».
Sin embargo, según el periodista, «lo que más molesta a Cornejo son sus pedidos de informes respecto de un proyecto hidroeléctrico multipropósito en Malargüe, Portezuelo del Viento, ‘la verdadera joya de la corona'», un negocio de 1.023 millones de dólares. «Una megaobra por la que la Cámara Argentina de la Construcción envió una carta al gobernador en la que calificó la licitación como ‘poco transparente’ ya que tiende a favorecer a una empresa local y a otras chinas», agregó.

Influencias.
En el artículo Moya señaló que, si bien Cornejo terminó su mandato en diciembre, «en su lugar quedó otro correligionario y su influencia sobre la Legislatura. Allí, este miércoles, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) aprobó un expediente que pide el desafuero de Romano».
En ese sentido, indicó que «en pos de obtener ese dictamen, el mandamás unión cívico se trasladó a hablar con sus correligionarios para apurar el trámite. Y no abandonó la Legislatura hasta no recibir el documento que aquí se reproduce. Permaneció en el pasillo, a la espera, donde fue visto por el presidente del bloque Frente de Todos, Lucas Ilardo, quien lo confirmó a El Cohete».
Ese mismo miércoles a la noche, «el gobierno mendocino entregó a su primer alfil: el exsubsecretario Daniel Chicahuala que este año, como asesor del ministro de Infraestructura, Mario Isgró, había diseñado el pliego licitatorio de Portezuelo del Viento. Al mismo tiempo, desde enero del 2020, creó una consultora para asesorar empresas de construcción. Y se vendió en la red Linkedin como responsable de DCH & Asociados, con jornada completa y a la par de su tarea de asesor ministerial».

Un dato tapado.
Según sostuvo Moya, la decisión de apartarlo fue «mantenida en reserva desde la semana previa», aunque fue revelada «por el diputado nacional pampeano Hernán Pérez Araujo, como recabó el diario La Arena: ‘Chicahuala ha dejado de formar parte del gobierno mendocino desde el viernes 8′».
«Es que La Pampa, por donde baja el río Colorado, es una de las provincias que reclama ante la Corte Suprema y ante Coirco (el ente de la cuenca Colorado) para que la obra no se realice. El representante mendocino ante el COIRCO era Chicahuala», explicó.
Además, planteó que el interés de Chicahuala y su conocimiento de la cuenca «data de 2011, cuando fue a trabajar en un proyecto a cargo de contrataciones por 1.200 millones de dólares en nombre de su mandataria durante una década en Dubai y América del Sur: Odebrecht».

La interpelación.
Nada de eso impidió que, el jueves, «el ministro Isgró debiera sentarse con los presidentes de bloque en el recinto para dar explicaciones por videoconferencia», donde estuvo acompañado por el vicegobernador Mario Abed (ex Intendente de Junín) y por Andrés Peti Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.
El PJ quiso priorizar a las empresas mendocinas, por los puestos de trabajo. «Eso se garantizará si hay varios oferentes pero no en el caso de que haya uno solo», dijo Ilardo. Por su parte, tras la interpelación, Romano habló con El Cohete y consideró que «lo más importante fue el reconocimiento de que el pliego fue armado por Emilio Guiñazú (subsecretario de Energía y Minería de Mendoza) ex empleado de Impsa».
En ese sentido, Moya reveló que «más que empleado, el subsecretario Emilio Guiñazú Fader había sido intimado por el poder judicial de Brasil mediante cédula del 8 de junio de 2017 a dar explicaciones por una convocatoria de acreedores en su carácter de apoderado y CEO de una empresa de Enrique Pescarmona».
«No es el único amigo que el empresario tiene en el gobierno mendocino. Basta oír la larga defensa que el ministro Isgró hizo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa), la única compradora del pliego, a la que ponderó: ‘no creo que lleguen a diez las empresas en todo el mundo que hagan la ingeniería de estos componentes'», amplió.

«Por destapar el escándalo»
Según el artículo publicado por El Cohete a la Luna, el embate contra el senador Marcelo Romano se basa en el pedido de la fiscal Gabriela García Cobos, quien quiere avanzar contra él por un presunto «atentado a la autoridad agravado». Lo acusan de haber amenazado en noviembre a policías que habían retenido a su hija por conducir de manera imprudente.
Al respecto, Romano explicó: «Mi hija de 20 años fue rodeada por seis patrulleros para ser puesta al costado de la ruta», en lo que entiende como una operación de amedrentamiento.
«La fiscal (que no es familiar de Julio Cobos) fue designada por Cornejo. Al casamiento de ella asistió Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos denunciado por Romano ante el fuero federal en una causa conocida como la «Revisión Técnica Obligatoria». Esa cercanía fue retratada por los medios locales, lo que motiva sospechas por parte del senador», señala.
«A esa ristra de coincidencias de pago chico, se suma un dato de color desconocido: la abuela de Romano, Manuela Neira, era hermana de Daniel Neira, abuelo materno de Cornejo», agrega.
Se estima que el desafuero se dé en la próxima sesión, que sería este martes, para la cual la Unión Cívica cuenta con mayoría. Por otro lado, en defensa del senador se movilizan las Asambleas ambientalistas como la Autoconvocadxs de Tunuyán desde donde ya señalan «extorsión y persecución institucional». Una de sus integrantes, Benche Galdame, le dijo a El Cohete: «Quieren sacarse de encima a Romano por ser un histórico defensor de la 7722, la ley que prohíbe el uso de contaminantes en la actualidad minera, y por destapar el escándalo de una obra de 800 millones que se cotizará en más de mil, con un solo oferente argentino: Impsa, de la que fueron empleados Guiñazú y Chicahuala, funcionarios de Cornejo».

Sería seco.
El diputado nacional por La Pampa, Hernán Pérez Araujo, se hizo eco de la decisión que adoptó el Consejo de Administración de Itaipú, la cual consistió en autorizar la flexibilización del embalse para mitigar la pronunciada bajante del Río Paraná. En ese sentido, Pérez Araujo trazó una comparación e ironizó: «Imaginemos a Itaipú manejada por el Gobierno de Mendoza. De ser así, nuestro país vería al Paraná convertirse en un cauce seco, como en La Pampa vemos al río Atuel. Tal vez haciendo ese juego, entendamos de qué se trata».