Portezuelo: se viene dictamen mendocino

La Fiscalía de Estado de Mendoza tendría listo su dictamen con la decisión de si se debe llevar adelante la construcción de la represa Portezuelo del Viento sobre el río Grande o si hace lugar a los planteos de juristas y asambleístas que pidieron que la obra no se haga. Mientras tanto, el hermetismo es alto en torno a la decisión.
Fuentes del organismo mendocino confirmaron a LA ARENA que el fiscal de Estado de esa provincia, Fernando Simón, trabaja por estas horas en su dictamen con la intención de «sacarlo cuanto antes» y hacer público el pronunciamiento. Esa tarea la hace en un clima de profundo hermetismo y desde su entorno sostienen que el funcionario «no va a opinar sobre el tema hasta que no firme la resolución».
Si bien no se sabe qué día se concretará la firma y se conocerá la postura de la Fiscalía sobre Portezuelo del Viento, desde el organismo indicaron que «está todo listo». «Los tres informes que (el fiscal) solicitó ya fueron contestados entre el jueves y el viernes de la semana pasada», afirmaron las fuentes consultadas ayer por este diario.
Hace algunas semanas, con la entrada en despacho del planteo que realizaron los juristas mendocinos Alejandro Pérez Hualde, Aldo Guarino Arias y Miguel Mathus Escorihuela para que el fiscal impida el «grave daño inminente» de la adjudicación y contratación de Portezuelo, el fiscal de Estado lanzó tres pedidos de información, que ya estarían respondidos.
«Si se llega a requerir más información seguro hará algún otro pedido, pero por ahora está todo suficientemente contestado y el fiscal lo tiene que analizar», agregaron desde la Fiscalía de Estado ante la consulta de LA ARENA. Esos pedidos habían sido requeridos al Departamento General de Irrigación (DGI), a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa) y al Ministerio de Obras Públicas de Mendoza. «Todo fue suficientemente contestado», supo este diario.

El dictamen.
Como ya se publicó en ediciones anteriores, sobre su escritorio el fiscal de Estado tiene el planteo de los juristas y de la Asamblea por el Agua de Mendoza, que lleva la firma de Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). De ese modo, el fiscal debe posicionarse en torno a si hace lugar a esos planteos y suspende la adjudicación de la obra a la UTE Malal-Hue, conformada por Impsa, Synohidro y Obras Andinas, o si permite que ese proceso avance.
«Sobre el dictamen no se sabe nada y el fiscal no va a hablar hasta que no se publique. Es un caso en el que se mezclan cuestiones técnicas, legales y políticas y en algunas le toca pronunciarse y otras son decisiones políticas que se deberán tomar desde los organismos públicos», explicaron.

Los planteos.
El primer planteo que fue presentado por los juristas y sobre el que debe resolver el fiscal de Estado mendocino señala varios y diversos reclamos: que haya una sola oferta para realizar la obra hídrica, los precios que pretende cobrar la oferente, la «disminución sensible del caudal del río Grande en los últimos años», el rechazo de las provincias del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y los reclamos de provincias limítrofes como La Pampa.
Mientras tanto, el segundo planteo, de la Asamblea del Agua, pide al fiscal que «se dispongan medidas necesarias para evitar los graves riesgos inherentes al proyecto Portezuelo del Viento». A su vez, que los más de mil millones de dólares del financiamiento se destinen a obras «mucho menos riesgosas y más prioritarias y urgentes para la sociedad mendocina».
De ese modo, la resolución de la Fiscalía de Estado se producirá en el medio de un contexto de creciente rechazo a la obra de múltiples sectores y dirigentes mendocinos, lo que expresó un cambio en el discurso social de esa provincia en torno a la obra.
Si bien es una postura contraria a lo que sostienen desde el gobierno de Mendoza, algunos se animaron a especular con que en realidad se trata de una táctica que ya habría logrado que la UTE baje el costo de la obra.