PPP: le exigen al Gobierno que muestre contratos

CORREDORES VIALES

La comisión bicameral del Congreso de la Nación encargada de auditar los programas de Participación Público-Privada (PPP) le pidió al Gobierno que dé a conocer los contratos de los seis corredores viales que pretende construir, uno de ellos que incluye la obra de la autovía en la ruta 5 entre Anguil y Santa Rosa
La comisión es presidida por Diego Bossio y el pedido se le realizó a Luis Morea, el hombre del Ministerio de Finanzas a cargo de los contratos. La solicitud en particular es que se dé cuenta del estado patrimonial del fideicomiso Sisvial, del cual van a girarse los fondos para pagar estas obras públicas con financiamiento privado.
Según informó el sitio www.lapoliticaonline.com, el Sisvial es un fondo estatal multimillonario controlado por la Dirección de Vialidad Nacional que se conforma con el impuesto al gasoil y cuya gestión no se ha caracterizado por la transparencia. En 2017, para poder realizar los controles pertinentes, la Auditoría General de la Nación (AGN) tuvo reiteradas dificultades para conocer su estado patrimonial. En la auditoría previa, de 2008, habían encontrado allí unos $440 millones paralizados y sin aplicación a la construcción de caminos para la que fue creado.
“Este fideicomiso se supone que tiene fondos suficientes para cubrir las obligaciones en pesos y en dólares que van a generar los seis corredores viales licitados por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. El temor es que estas previsiones hayan pecado de optimistas como las de crecimiento de inflación de la Ley de Presupuesto y Argentina termine en un escenario como el que tuvo que enfrentar España, asumiendo deudas multimillonarias no previstas”, señaló el medio.
La comisión bicameral elevó un pedido de informe al Poder Ejecutivo con más de 20 preguntas entre las que “se destacan varios aspectos que hacen a la equidad federal, transparencia y conveniencia de esta herramienta para el financiamiento de infraestructura”, detalló un comunicado oficial de comisión.
“En ese sentido, los puntos más sobresalientes tienen que ver con las fuentes de financiamiento y los niveles de rentabilidad previstos por los privados; los costos de financiamiento que deberá afrontar el Estado; los criterios utilizados para seleccionar las obras y con las expectativas en torno al destino de los recursos humanos de aquellas empresas con contratos aún vigentes”, agregó el comunicado.

Riesgos.
Entre las preguntas del requerimiento se consulta al Ministerio de Finanzas si se realizó una evaluación de costos, riesgos y beneficios previa para descartar la modalidad de contratación clásica de obra pública.
Es que como advirtió a funcionarios argentinos Augusto de la Torre, ex presidente del Banco Central de Ecuador, el año pasado, de acuerdo a su investigación, los gobiernos que más quieren hacer contratos de PPP son los que más apremiados están en términos fiscales y en esa necesidad de hacen concesiones a los privados que a la larga los carga con mayores riesgos.
“El temor de los miembros de la comisión es que los costos financieros y la cobertura de riesgos que enfrenten los privados encarezcan incluso más las obras que si se las hace mediante la vía tradicional, es decir, endeudamiento público”, resaltó en su informe LPO. La obra del corredor vial de la ruta nacional 5, además de la autovía, incluye también la nueva Circunvalación de Santa Rosa.
En tanto, la otra preocupación de los legisladores “tiene que ver con que, en última instancia, la deuda privada que asumen las constructores es deuda pública ‘bajo la línea’, es decir compromisos de pagos a futuro que no se computan como tal en las cuentas públicas en un contexto en el que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica reducir erogaciones a futuro. Por esta razón, el organismo multilateral de crédito no tiene ninguna simpatía por estos programas”. indicó LPO.

La preocupación del FMI
El sistema de participación público privada (PPP), principal carta electoral del Gobierno para 2019, sufrió una importante corrección que podría alterar su atractivo en la construcción de infraestructura. Es que el Fondo Monetario Internacional no ve con buenos ojos la ejecución de este programa en el marco de la coyuntura actual argentina por tratarse de “deuda encubierta” y esto quedó demostrado en la carta de intención y el memorándum de entendimiento técnico entre Argentina y el FMI que publicó el Ministerio de Hacienda el pasado jueves.
“Las asociaciones de participación público-privada (PPP) financiadas por el Gobierno serán tratadas como adquisiciones públicas tradicionales. Las obligaciones del gobierno nacional asociadas con las asociaciones público-privadas se registrarán de forma transparente en las cuentas fiscales y se medirán como parte del déficit del gobierno nacional a medida que se produzcan”, detalló el comunicado.
De esta manera, según La Política Online, “pierden el único atractivo que las caracterizaba y el encarecimiento de los costos de las obras -que el propio Gobierno admitía producto del mayor costo de fincanciamiento que tienen las empresas respecto al Estado- ya no tendría sentido porque espiralizaría el déficit fiscal”.
“Esta es una preocupación del Fondo a partir de lo que ha pasado en varios lugares en el mundo, por lo tanto le presta especial atención. Si vos no registras los pasivos del Estado a partir del PPP, finalmente lo que tenías escondido termina apareciendo y se hace más costoso en términos fiscales”, afirmó Rafael Flores, ex presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).