Sospechan que las obras por PPP esconden altísimos intereses

Una de las obras que Nación quiere construir mediante el programa público-privado es la autovía Anguil-Santa Rosa, que incluye la nueva avenida de Circunvalación de la capital pampeana.
Las dudas que genera el costo financiero del programa de Participación Público Privada (PPP) que impulsa el gobierno nacional motivó a los diputados nacionales a constituir una comisión bicameral que se encargará del seguimiento de dicho proyecto.
"El martes quedará constituida la bicameral de seguimiento de los programas de PPP, un atajo del gobierno para transferir al sector privado el financiamiento de la obra pública. La decisión de reactivar esa comisión no es casual: forma parte del endurecimiento del peronismo con Macri, que cree que se terminarán pagando tasas usurarias del 11% en dólares", describió un artículo del sitio web lapoliticaonline.com
Según ese medio, a los legisladores "les sobran dudas sobre el costo financiero" y también quieren conocer en detalle el criterio utilizado para seleccionar las obras y el precio final de las mismas. Estiman que este sistema podría terminar triplicando el valor que le cuesta al Estado una obra financiada por el Tesoro.
En la semana que pasó se conoció que la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por las firmas China Construcción América (filial Panamá) y la argentina Green SA, cuyo titular es el ingeniero Carlos Arroyo, se quedaría con la obra de construcción de la Autopista Anguil-Santa Rosa, que incluiría, además, la nueva circunvalación de esta ciudad.
El programa PPP está bajo una enorme tensión tras el acuerdo con el FMI. Es que el organismo considera que se trata de "deuda externa encubierta". "Esta reticencia ya llegó a los bancos que financian a las UTES que ganaron los corredores viales que integran el primer paquete de PPP que lanzó el Gobierno. Varios de los bancos involucrados no terminan de autorizar la operación a la espera de tener más información sobre la postura del Fondo", destacó LPO.
El Banco Galicia, por ejemplo, está revisando la posibilidad de financiar a la firma puntana Rovella Carranza, en su momento vinculada a los Rodríguez Saá.

Deuda.
La comisión bicameral la preside el diputado Diego Bossio y el martes elaborará una lista de consultas de los legisladores para enviarlas a los funcionarios y esperar prontas respuestas.
"Los diputados peronistas que conduce Bossio vienen estudiando el tema y estiman que el financiamiento podría alcanzar un usurario 11 por ciento en dólares", indicó el sitio.
La discusión -se analizó en ese medio- por cómo se eligen las obras (casi las únicas que quedarán en pie tras el ajuste anunciado) no pasará desapercibido para los gobernadores, que Macri necesita para que lo ayuden a aprobar un presupuesto austero y cumplir con el Fondo Monetario Internacional.
El retorno del FMI como auditor puede ser otro problema, porque no está claro si considera las PPP como deuda pública o un pasivo más con proveedores.
"Si es deuda, es una deuda cara y peligrosa. Deberle a proveedores es otra cosa", advierten los legisladores que el martes empezarán a poner el ojo en el programa. La última licitación sorprendió por los bajos precios y en el mercado dudaban si los proyectos no se refinanciarían.
La bicameral tiene 13 legisladores, 6 de Cambiemos y mucha presencia de gobernadores. Además de Bossio, la comisión la integran los senadores Miguel Pichetto, el cordobés Carlos Caserio y el correntino Carlos Espínola, todos cercanos a la liga de mandatarios.

Autovía.
China Construcción América, de capitales chinos, tiene más de 30 años radicada en Estados Unidos y en el año 2015 se expandió hacia Panamá, con una filial orientada a realizar obras en América Latina. Es la subsidiaria latina de China State Construction Engineering, el mayor conglomerado de construcción y negocios inmobiliarios del mundo. Su socia en este consorcio, Green SA, fue fundada en 1991 y desde entonces ha realizado desarrollos inmobiliarios en Mendoza, San Luis y Buenos Aires, además de rutas y autovías. También ha realizado obras en Colombia y Paraguay.
La propuesta de CCA Panamá y Green no era la más baja, ya que su plan para el corredor B (ruta nacional 5) representaba un presupuesto de 1.175 millones de dólares, mientras que la puntana Rovella Carranza concursó con 827 millones de dólares, en UTE con JCR SA y Mota Engil Latin Américan (Portugal).
La obra completa no abarca únicamente la autopista que unirá la capital pampeana con Anguil, sino todo el tramo de la ruta 5 que va desde Luján a nuestra ciudad. Desde la ciudad bonaerense hasta Bragado está proyectado continuar la autopista que llega hasta Buenos Aires y entre Bragado y Anguil la idea es darle a la ruta el formato de "ruta segura", que incluye la incorporación de un tercer carril para sobrepasos cada determinada cantidad de kilómetros.