Preocupa el hacinamiento carcelario

La cantidad de detenidos en cárceles en todo el país llevó a un estado de hacinamiento y a lamentables condiciones de encierro. Se estima que la superpoblación supera en un 15% la capacidad operativa.

 

Aunque específicamente la cuestión que atañe a las distintas provincias, incluyendo La Pampa, se realizó la primera Reunión de Emergencia en Materia Penitenciaria, en la que se analizó en forma genérica "el déficit habitacional" y cómo "mejorar las pésimas condiciones de privación de la libertad en establecimientos federales".

 

El cónclave tuvo lugar el 23 de abril convocado a partir de declararse la emergencia carcelaria por tres años en todo el país, a raíz de la sobrepoblación carcelaria que ya supera en un 15% la capacidad operativa de alojamiento.

 

El análisis de la situación actual del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue el centro del debate, y también cómo facilitar la coordinación entre los diferentes órganos estatales que intervienen en temas carcelarios para la elaboración de políticas públicas en esta materia.

 

Mejorar condiciones.
Desde el Servicio Penitenciario Federal se indicó que "es impostergable cambiar la trayectoria punitivista actual de las políticas de detención con el objeto de encontrar otra solución a la problemática y evitar el crecimiento desproporcionado de la población carcelaria".

 

A la vez se valoraron "las futuras inversiones en infraestructura carcelaria que confirmaron desde el Ministerio de Justicia siempre que sean en pos de mejorar las condiciones de los detenidos durante el encierro".

 

Entre los participantes no se dejó de señalar que "en las últimas modificaciones a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad aprobadas por el Congreso se suman restricciones para el egreso de las personas detenidas y conduce a incrementar los niveles de encarcelamiento".

 

Proyecto de ley.
Ya en octubre de 2013 se advertía la problemática, por lo que se presentó un proyecto de ley al Congreso de la Nación que buscaba "atacar el problema estructural y regular la capacidad funcional y de alojamiento de los establecimientos federales. El mismo prevé también mecanismos de acreditación previos, con participación de los actores involucrados, procedimientos de alerta y control y la aplicación de un sistema de prevención de sobrepoblación. En 2017 el proyecto fue presentado nuevamente pero hasta el momento no ha tenido tratamiento parlamentario".

 

Una auditoría.
Cabe recordar que en esa línea organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas instaron al Estado argentino a realizar una auditoría a nivel federal y provincial con el fin de adecuar las condiciones de reclusión de los centros penitenciarios y comisarías a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

 

De la reunión, además del Procurador Penitenciario, participaron un representante de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y uno del SPF. El Ministerio invitó a designar representantes a numerosas instituciones, y aceptaron colaborar los Ministerios de Seguridad y de Interior de la Nación, el Ministerio de Justicia de la CABA, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la CABA, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA, la Fiscalía General de la CABA, la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de la Defensa, y la Asociación Argentina de Jueces de Ejecución Penal.

 

Desde la Procuración Penitenciaria se afirmó que se continuará trabajando para evitar la sobrepoblación y articulando distintas acciones y estrategias con el fin de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.