Presos: cifras avalan a jueces

En la provincia hay un total de 350 presos, entre ellos 220 condenados y otros 130 que cursan prisiones preventivas, alojados en comisarías y alcaidías. Conviven hacinados y abarrotados en edificaciones que no están preparadas.
El reclamo realizado por los jueces de Ejecución de Penal de la Primera y Segunda Circunscripción Martín Saravia y Mauricio Pascual al Servicio Penitenciario Federal para que se cumpla el convenio con Nación no es más que una reedición de un pedido anterior efectuado hace, por lo menos, tres años atrás.
El pedido fue realizado más precisamente a las autoridades de la Unidad 4, Colonia Penal de Santa Rosa, para que no reciban más condenados de la órbita de la Justicia Federal con el fin de que se cumpla el convenio firmado entre Provincia y Nación para que 300 condenados (y procesados) por la Justicia de La Pampa fueran albergados en las plazas construidas por el Gobierno provincial.
Esa orden desató en los últimos días una guerra judicial luego de que el prefecto Hugo Almeida -quien dirige la U.4- diera a conocer lo sucedido al presidente del Tribunal Oral Federal (TOF), Pablo Díaz Lacava, y que éste llevara el reclamo al fiscal federal general que ahora investiga a los magistrados pampeanos por el presunto delito de "abuso de autoridad".
Sin embargo un informe al cual accedió LA ARENA demuestra la situación preocupante en la que se encuentran los presos pampeanos y las cifras avalan aún más lo exigido por los magistrados.
Es que el incumplimiento del Convenio en materia de Organización y Régimen Penitenciario por parte del SPF trae como consecuencia la superpoblación de presos en las alcaidías y en las comisarías de los pueblos, donde conviven hacinados y en condiciones deplorables los internos que cumplen condenas firmes y los que cursan detenciones preventivas por diferentes ilícitos. Al mismo tiempo esto complica la tarea de los efectivos policiales que deben abocarse a cumplir roles que no les corresponden, tales como ser celadores de las personas alojadas (en caso de las comisarías) en vez de cumplir con sus labores correspondientes.

Presos abarrotados.
El nivel de conflicto es muy grande, sin embargo es más importante la cantidad de internos que están alojados actualmente en la Alcaidía de Santa Rosa adonde puede alojarse a 64 personas, aunque hoy conviven 96 internos.
Entre ellos se encuentran los condenados por la Justicia Ordinaria de la provincia y los detenidos con prisión preventiva que aguardan una resolución en sus casos, excediendo por completo el total de plazas con la que fue construida originalmente la alcaidía que depende de la Unidad Regional Uno.
El lugar consta de dos pabellones, Este y Oeste, sin embargo en los últimos años se inventaron lugares para alojar a los internos debido a que la construcción de la calle Liberato Rosas está superpoblada. Pero no es la única. En General Pico la alcaidía también está abarrotada, y lo mismo ocurre en las comisarías, cuando la realidad es que ninguna de ellas está edificada y preparada para albergar a los condenados.

Estado de los detenidos.
Con respecto al estado de los detenidos en la provincia este diario accedió a un informe elaborado con datos tomados conjuntamente entre la Justicia y la Policía, en el cual se desprenden los totales (con fecha de actualización al viernes 28 de junio) de las personas alojadas en las dependencias de los pueblos y en las alcaidías de la capital, en General Pico y General Acha. La suma de internos -siempre de acuerdo al informe- ronda los 350, discriminando entre 220 y 230 presos con condenas firmes y al menos 130 con prisiones preventivas.
Esto sólo hace suponer una cuestión y es que al día de hoy, y al cumplirse una década de haberse firmado el convenio con el SPF, los números sostienen que las celdas confeccionadas por la Provincia en la U.4, hechas con fondos de los ciudadanos pampeanos, permitirían correctamente que los condenados por la Justicia local sean alojados allí (actualmente hay 99 condenados pampeanos en esas celdas). Sin embargo las 300 plazas quedarían al límite puesto que los datos de la Policía y la Justicia estiman unos 140 ingresos anuales.