Presos pampeanos: ¿incurre el SPF en un delito penal?

El defensor general de la provincia, Eduardo Luis Aguirre, pidió ayer a la Fiscalía provincial que evalúe si "podrían verificarse conductas con encuadre típico legal" en el proceder del Servicio Penitenciario Federal al no cumplir con el acuerdo firmado con la Provincia en el año 2007 de garantizar 300 lugares para los presos pampeanos con condena firme. Lo hizo luego que el juez federal Pablo Díaz Lacava promoviera una investigación judicial contra los dos jueces pampeanos que ordenaron al SPF no aceptar nuevos detenidos hasta tanto se de cumplimiento a aquel acuerdo.
En la nota que Aguirre envió a la Fiscalía provincial expresó que la Defensoría a su cargo acompaña todas las medidas judiciales y administrativas que sirvan para "mejorar sustancialmente las condiciones reales de las personas privadas de libertad".
"Históricamente, el fuero penal de este Ministerio ha llevado adelante planteos defensivos en pos de que el Estado garantice los derechos humanos a quienes, circunstancialmente, se encuentran en conflicto con la ley penal", recordó el defensor general a través de un comunicado de prensa. "En ese sentido es que desde el año 2013, los defensores encargados de la representación durante la ejecución de las sentencias instaron acciones urgentes para la denominada "repatriación" de presos pampeanos, demanda ratificada en su legitimidad y procedencia por los organismos de DDHH más relevantes a nivel internacional".
Los traslados compulsivos de detenidos, con el subsecuente correlato de desarraigo, operan "como las lógicas de castigo, políticas de agravamiento de las penas y violencia institucionalizada dirigida al disciplinamiento sancionatorio de las poblaciones carcelarias", sostuvo Aguirre. A instancia de la Defensa pública se ha llegado a clausurar lugares de encierro en comisarías de la provincia en las que se comprobaron irregularidades en las condiciones de alojamiento de los presos.

Caso Chena.
Recordando el caso "Chena" y su resolución ulterior, el defensor señaló que "en función de esa responsabilidad, y dado que desde el año 2007 a la fecha las autoridades del SPFA habrían incumplido sistemáticamente con sus obligaciones convencionales y constitucionales, desoyendo mandatos de organismos internacionales y el convenio y la "addenda" posterior suscripta conjuntamente con el Gobierno de la Provincia de La Pampa, es que se efectúa esta presentación, con el objeto precedentemente apuntado, lo que deja desde ya solicitado".
La reticencia del Servicio a cumplir con dichos instrumentos -es decir, a alojar presos pampeanos- ha sido "la conducta recurrente y sistemática de las autoridades de la Institución", al punto que los detenidos debieron ser alojados en alcaidías y comisarías provinciales en condiciones que no son las que corresponden.
Para conformar la acción penal, Aguirre solicitó que se requiera el testimonio del Jefe de la Policía de La Pampa, que bien conoce de la situación que se vive en comisarías y alcaidías, los testimonios de los jueces de Ejecución Martín Saravia y Mauricio Pascual, que fueron quienes ordenaron al SPF aceptar a los detenidos pampeanos, y que se libre un oficio al Gobierno Provincial para que remita el texto del contrato firmado con el SPF y los informes sobre el grado de cumplimiento del mismo.
En función de los consignado, Aguirre solicitó a la Fiscalía provincial que "1) Tenga por efectuada la presentación que antecede en el carácter invocado; 2) Ordene la instancia penal respectiva a los efectos de la determinación de la probable connotación penal de los hechos referenciados; y 3) Ordene la producción de la prueba ofrecida".