Prisión de ocho años para un abusador

Un joven, de 26 años de edad, fue condenado a ocho años de cárcel tras haber abusado sexualmente de dos ex parejas, con las que tiene un hijo en común con cada una de ellas. El juez de audiencia de juicio de esta ciudad, Marcelo Pagano, lo penó por los cargos de «abuso sexual con acceso carnal como delito continuado», respecto a dos víctimas diferentes. También lo sentenció por el delito de «amenazas coactivas».
El hecho se debatió a lo largo de tres jornadas en los Tribunales de General Pico, con la intervención de la fiscala Ivana Hernández y del defensor oficial Héctor Freigedo.
Con las pruebas aportadas durante el proceso, el juez acreditó que el imputado abusó sexualmente de dos mujeres con las que mantuvo una relación de pareja. Una de las víctimas es una mujer que tiene una hija en común con el acusado. Durante el año 2019 y en reiteradas oportunidades, la obligó y hasta forzó a mantener relaciones sexuales. Otras veces insistió hasta doblegar la voluntad de la damnificada.
Se trataron de «relaciones a las que la damnificada, luego de reiteradas negativas, terminaba accediendo por temor a la reacción del imputado, ello en atención al sometimiento en el que se encontraba respecto al imputado quien explotaba la situación de superioridad que tenía sobre la madre de su hija para satisfacer su deseo sexual», dijo el juez.
En este legajo, también acreditó el magistrado, que en una oportunidad amenazó con matar de un tiro al padre de la mujer.

Segunda víctima.
También quedó demostrado en el debate, que una vez que comenzó la pandemia, el acusado comenzó a frecuentar la casa de otra ex pareja, con la que también tiene un hijo en común. En esas circunstancias, y a consecuencia de la prohibición de circular establecida, se quedaba a dormir en el domicilio de la damnificada.
Entre finales de abril de 2020 y mayo de ese mismo año, la mujer empezó a negarse a mantener relaciones íntimas con el imputado, quien en tres oportunidades abusó sexualmente de la víctima.
Durante el cierre del juicio, en la etapa de los alegatos finales, la fiscala solicitó ocho años de prisión para el acusado; y el defensor pidió la absolución por la aplicación del beneficio de la duda.
«Los delitos contra la integridad sexual son aquellos denominados ‘intra muros’, es decir que su comisión se produce sin la existencia de testigos, y ahí radica la importancia del relato de la víctima, el que deberá ser avalado por otras pruebas que confirmen su verosimilitud. Habiendo concluido afirmativamente respecto a la ocurrencia de los hechos, la responsabilidad del acusado, y el encuadre típico a aplicar, corresponde ahora fijar el monto punitorio, recordando que el pedido de pena del Ministerio Público Fiscal funciona como límite punitivo para la judicatura», indicó el juez.
Al momento de dictar sentencia, consideró como elementos atenuantes, la corta edad del acusado y la carencia de antecedentes condenatorios; y como agravantes, la «pluralidad de hechos cometidos contra dos víctimas».