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Prisión efectiva a Hecker y a su madre por estafas

GENERAL PICO: LA CAUSA SE RESOLVIO POR UN ACUERDO DE JUICIO ABREVIADO

El financista quemuense Cristian Javier Hecker y su madre, Yolanda Isabel Martín, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión efectiva por haber perpetrado una millonaria estafa contra más de un centenar y medio de vecinos de la localidad y de la zona.
El juez Federico Pellegrino los condenó por el cargo de «estafa en concurso real» en múltiples ocasiones, y dictó sentencia en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, que fue convenido por el fiscal general Armando Agüero, el defensor Santiago Vázquez y los imputados Hecker y Martín. A principios de año, la fiscalía elevó la acusación contra ambos, por las denuncias realizadas por 158 damnificados.
Desde que se inició la causa se realizó una investigación de toda la operatoria y del manejo que hacía Hecker, y se estableció el total del monto que tuvo en el período investigado y la cantidad de personas denunciantes. El fiscal determinó que 480 personas hicieron depósitos por 2 millones de dólares y 220 millones de pesos, y que 158 personas fueron las que denunciaron por un total de 934 mil dólares y 75 millones de pesos.

Estafas.
El juez acreditó que Hecker y Martín perpetraron múltiples estafas, a través de contratos de plazos fijos denominados «contrato de préstamo de consumo-mutuo», celebrados entre el imputado y los damnificados, en su calidad de socio y apoderado de la firma «HC Finance SA» de Quemú Quemú. Estos contratos fueron celebrados confiando en la aparente solvencia y la promesa de devolución del capital invertido, más una tasa de interés. A cambio les entregaba en algunos casos, cheques en garantía y en otros casos, pagares.
«Las maniobras desarrolladas por los imputados comprendieron un número muy superior de operaciones que las denunciadas, resultando que se logró acreditar la existencia de 768 operaciones financieras por un total de 220.723.313 de pesos y 2.211.704 de dólares. Resultando que de ellas, solo fueron denunciadas hasta el presente 231 operaciones en perjuicio de 158 denunciantes por un monto que asciende a los 75.307.447,28 pesos, 934.641,71 dólares y 11.604,79 títulos dólares linked», indicó el juez en el fallo.
También explicó que los imputados captaban dinero de distintas personas, «basados en la «supuesta» solvencia familiar, con el incentivo de pago de un interés superior al bancario, garantizando la operación».
Las maniobras delictivas comprendieron la simulación de solvencia, captación de dinero, desapoderamiento y consolidación de perjuicio, llevado a cabo bajo la creación de la empresa HC Finance SA «donde el imputado Cristian Javier Hecker captaba la confianza de los clientes, pero no firmaba los mutuos, cheques o pagares, resultando su madre, la firmante de la documentación, sin pertenecer a la empresa, por lo que no era posible obligarla, ni poseía capital para afrontar los compromisos asumidos».

Investigación.
En el fallo, el magistrado señaló que en el momento en el que «muchos de los inversores concurrieron a retirar sus depósitos», los imputados no pudieron hacer frente a la entrega monetaria prometida».
En otro tramo, destacó «la profusa tarea investigativa realizada por el Ministerio Público Fiscal» dado que «resultaría dificultosa su investigación, exteriorización y comprensión, sin el orden y claridad conceptual vertido en el acuerdo alcanzado».
La causa se inició en abril pasado, sumó decenas de denuncias con el correr de las semanas.
Hecker y Martín fueron investigados por el delito de Estafas reiteradas en concurso real, en 231 oportunidades, en perjuicio de 158 personas, y por un monto de 75.307.447 pesos; de 934.641 dólares y de 11.604 dólares linked.
La investigación incluyó el allanamiento de la financiera de Hecker, su domicilio particular, y sus otras dos empresas, la firma «Dos Banderas», dedicada a la fabricación de tanques de agua y una fábrica de piletas de fibra de vidrio que funciona en Trenque Lauquen. También se llevó a cabo una pericia contable que practicaron los peritos de Procuración General, con el objeto de determinar la magnitud de la estafa.