“Prohibir trasvases en La Pampa, fundamental”

SIN DERIVACION DE CAUDALES

Las provincias de Buenos Aires y Río Negro decidieron desistir del trasvase de agua del río Negro al Colorado por los conflictos que esa acción generaría, por lo que en La Pampa se destacó la ley provincial aprobada recientemente y que prohíbe los trasvases de ríos interprovinciales.
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) dijo que “esa decisión se tomó en conjunto con Río Negro que defendió una vez más su ley 1906 que sancionó en 1984 para limitar los alcances del Tratado del Colorado de 1976 porque a contramano del Convenio Interprovincial, la ley rionegrina prohíbe la exportación de agua del río Negro al Colorado”.
“Por eso era más que razonable que La Pampa sancione un ley para terminar de desalentar el trasvase que Mendoza pretende hacer desde el río Grande al Atuel hasta que estén dadas las condiciones legales y políticas para realizar el segundo trasvase que compense los caudales que el río Colorado perdería aguas arriba”, agregó.

“Es inaceptable”.
Siguiendo en esa línea, destacó que “las autoridades mendocinas pretenden resolver el reclamo de La Pampa por las aguas del Atuel importando caudales desde otra cuenca, y eso es inaceptable” y advirtió que “los problemas del Atuel deben resolverse con agua de la cuenca del Atuel”.
Además, explicó Berhongaray, “si sólo se concreta el primer trasvase que quiere Mendoza y se le quitan al río Colorado 34 metros cúbicos por segundo a caudal constante, se generaría un desbalance hídrico fenomenal en esa cuenca que terminaría provocando serios perjuicios sociales, productivos y ambientales”.
“Con la sanción de la ley de La Pampa se le dio una respuesta firme a las jurisdicciones provinciales que actúan como si las cuencas pueden gobernarse por secciones y que no entienden que el hombre no puede dividir a los sistemas que están unificados por la naturaleza”.
“Ni Mendoza ni Río Negro terminan de aceptar que la intervención del Estado nacional en el Tratado del Colorado federalizó ese instrumento convirtiéndolo en una norma de superior jerarquía al derecho público provincial, incluso a sus propias constituciones provinciales porque así lo dispone el artículo 31 de la Constitución Nacional”, manifestó.
Además, pidió “desterrar” la llamada doctrina Harmon que lleva al nombre del ex procurador del Tesoro de Estados Unidos que enfrentó a México diciendo que “el agua pertenecía sucesivamente a la jurisdicción por la que escurre, y que por esa definición fue universalmente repudiado”.