Propietarios piden el desalojo

Dos familias del asentamiento El Nuevo Salitral, ubicado al norte de la laguna Don Tomás, fueron intimadas a desalojar el predio por los titulares de las parcelas que ocupan. La demanda fue iniciada a principios de este año por un abogado santarroseño y sus primos hermanos, radicados en la ciudad de Trenque Lauquen, quienes heredaron esas tierras tras el fallecimiento de sus respectivos padres.
Dos años antes, en el momento de la toma de los terrenos, el abogado había iniciado una demanda penal ante la Fiscalía de turno, la cual todavía está en trámite.
Según explicaron en el pedido de desalojo, el inmueble fue adquirido en el año 1974. La parte que heredó el letrado santarroseño aún está en sucesión y la otra ya fue titularizada por los herederos. «En 2014 comenzamos el proceso de limpieza y puesta en valor del predio con alambrado y carteles que indicaran que era propiedad privada y que estaba en proceso de loteo para la posterior venta de los terrenos que resultaren», explicaron en la demanda.

En trámite.
El trámite fue encomendado por el agrimensor Daniel Mansilla, quién logró la aprobación por parte de la Municipalidad de Santa Rosa y estaba en proceso de inscripción ante la Dirección General de Catastro la cual ante el hecho de que ambos propietarios habían fallecido no pudo terminar el trámite porque faltaba la inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble de La Pampa de una de las partes.
«El 5 de julio de 2019, en pleno trámite de loteo, el que se encuentra inconcluso, el inmueble fue usurpado, por más de 50 familias, en forma organizada y coordinada, de un día para otro, que fuera difundido ampliamente en los medios locales y que en dicha ocasión lo denominaron «El Salitral»; el inmueble al momento de la usurpación se encontraba libre de cualquier ocupante», explicaron.
El demandante acompañó su demanda civil con la copia de la denuncia por usurpación radicada en 2019, la nota que envió oportunamente a la CPE haciéndole saber que no autorizaba por ningún medio la instalación de medidores de energía, haciendo a la entidad responsable por los daños que eventualmente pudieran ocurrir a las personas allí asentadas.

Dos familias.
La demanda contra las dos familias, según consta en la presentación, es porque son las únicas que quedaron ocupando parcelas en las 2,36 hectáreas, según consta en la verificación que la Policía realizó el 16 de septiembre de 2020.
Del mismo relevamiento surge que, a esa fecha, existían diez construcciones precarias deshabitadas. «Ante tal estado de cosas, resulta impostergable la presente acción de desalojo toda vez que de intentar recuperar el ejercicio pleno de la propiedad y destruir las construcciones precarias abandonadas sin la correspondiente orden judicial y auxilio de la fuerza pública puede generar un peligro contra mi persona y contra quienes eventualmente contrate para dicha tarea», planteó el propietario.
La demanda fue acompañada también con una copia del Informe de dominio expedido por la Dirección General de Catastro de la Provincia de La Pampa y la copia de la declaratoria de herederos, además del expediente sucesorio en trámite.