La Pampa analiza una denuncia penal contra el SPF

El gobierno provincial salió a apoyar directamente a los jueces de Ejecución que pidieron prohibir el ingreso de nuevos presos a las cárceles federales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por sobre los condenados pampeanos, porque "trataron que el gobierno nacional cumpla con el convenio" que establecía unas 300 plazas para los presos provinciales.
"El gobierno apoya la decisión de los jueces (Martín) Saravia y (Mauricio) Pascual porque tratan de que Nación a través del SPF cumpla con un convenio que firmó el gobernador Verna en 2007 por el que la Provincia se comprometió a edificar un pabellón en la Unidad 4 y una vez que lo tuviera listo, se asignaba unas 300 plazas para personas con condena firme de la Justicia pampeana", dijo.
Bensusan resaltó que el "cupo nunca se llegó a cumplir", porque el número presos pampeanos en la U4 giraba "siempre" alrededor de los 150, y "actualmente estamos en 100" detenidos. Por eso, agregó, la situación de las comisarías y alcaidías de la provincia es "complicada" porque "tenemos detenidos y condenados que deberían estar cumpliendo su proceso de condena y reinserción en una unidad carcelaria, los lugares de detención adecuados".
"Los jueces de Ejecución hicieron un relevamiento sobre la Unidad 4 con los fiscales generales provinciales, (Máximo) Paulucci y (Armando) Agüero, y determinaron que había entre 25 y 30 plazas libres, entonces le dijeron al director de la U4 que no ingresen más condenados de otras justicias y que se empiecen a cumplir el convenio, porque lugares hay", señaló.

Investigar.
Por otro lado, se mostró "sorprendido" por la actitud del juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, que ordenó a la fiscalía federal investigar a los jueces de Ejecución por supuesto de abuso de autoridad al querer prohibir el ingreso de presos de otras jurisdicciones a cárceles federales.
"En realidad, hay que investigar la actitud de las autoridades del SPF porque no están cumpliendo con el convenio firmado por el gobierno nacional con la provincia de La Pampa, y eso sí puede ser un incumplimiento de los deberes de funcionario público", afirmó, recordando que mantuvo diversos reuniones con miembros del Servicio y del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero sin resultados concretos.
El año pasado se firmó una adenda al convenio por la que la Provincia se comprometió a hacer remodelaciones en la Unidad 13 para detenidos pampeanos, ampliando unos 60 cupos. "Eso fue hace un año y no tuvimos novedades, hace un mes vinieron autoridades del Ministerio de Justicia de Nación que lo único que nos ofrecieron son tobilleras electrónicas, son bienvenidas pero no solucionan el problema", destacó.

Preocupación
Bensusan resaltó: "Estamos muy preocupados por la situación, cuando el SPF está colapsado también a nivel nacional pero el edificio está, se hizo, la Provincia cumplió, le corresponden las 300 plazas y exigimos que el Servicio Penitenciario cumpla".
El ministro destacó el apoyo que recibieron los jueces por parte de asociaciones de Funcionarios del Ministerio Público y de Magistrados y explicó que el juez Díaz Lacava "cuando fue a la comisaría de Catriló a hacer una revisión del lugar por la Subzona 14 vio que había dos o tres personas detenidas alojadas en la comisaría y dijo que es una situación irregular, y lo es, pero la realidad es que no tenemos dónde alojarlos porque no nos permiten los ingreso al SFP".
Siguiendo en esa línea, dijo que el magistrado federal "podría haberle exigido al Servicio Penitenciario que cumpla con el convenio firmado con La Pampa para que nosotros podamos dejar de detener en comisarías y alcaidías".
-¿Hay alguna otra vía para hacer el reclamo al SPF?
-Es la vía judicial el otro camino, se analizará si corresponde denunciar o no por incumplimiento a funcionarios del Servicio Penitenciario. Lo que nosotros estamos tratando es de solucionar el tema y de alguna forma poder incorporar detenidos condenados en la Unidad 4.

Justicialismo.
Sobre la reunión del Consejo Provincial del PJ, Bensusán explicó que se resolvió realizar el Congreso partidario el 4 de agosto en Quemú Quemú para analizar el desdoblamiento de las elecciones provinciales y las nacionales, y también la renovación de autoridades justicialistas.
Consultado con respecto al desdoblamiento, el ministro indicó que "la idea es que en el Congreso se plasmen las manifestaciones de los dirigentes para que se emita una opinión al respecto como autoridad partidaria" pero aclaró que luego el Poder Ejecutivo Provincial "tiene la facultad el gobernador de convocar a elecciones en el momento que se crea oportuno".
El funcionario se mostró "a favor" del desdoblamiento de las elecciones del próximo año porque "hace bien al sistema electoral provincial" y recordó que los plazos de los comicios serán determinados por la Casa de Gobierno. "Si se decide adelantar, algo que no está resuelto, se verá cuándo hacerlo", agregó. Por ahora, en el peronismo hay consenso para adelantar los comicios y avanzar en el desdoblamiento.

En la Legislatura también
El apoyo a los jueces pampeanos también se expresó desde la Legislatura. Este diario publicó el domingo que el diputado Espartaco Marín, jefe del bloque PJ, cuestionó las decisión del Tribunal Oral Federal de La Pampa de pedir que se investigue a los jueces de Ejecución provinciales por prohibirle al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el ingreso de presos federales, ante el incumplimiento del convenio que establece un cupo para detenidos pampeanos.
Y anunció: "Vamos a presentar este lunes (por ayer) o martes (hoy) una resolución rechazando la acción del TOF, y acompañando la medida dictada por los jueces provinciales, porque hay un convenio que incumple el gobierno nacional y que establecía unas 300 plazas para detenidos pampeanos en cárceles federales", afirmó el legislador.
Marín explicó que Martín Saravia y Mauricio Pascual, los magistrados que serán investigados por la fiscalía federal por el supuesto delito de abuso de autoridad ante un pedido del TOF, "ordenaron que no ingresen presos" de la justicia federal "en base a los alcances de la ley provincial".