"Pudo haber terminado con una vida"

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, integrado por Orlando Coscia, Marcelo Grosso y Luis Salas, condenó el 28 de mayo pasado al ex juez federal José Antonio Charlin a 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y ayer se dieron a conocer los fundamentos de la decisión.
"Estamos convencidos por lo vivido en audiencia que solo la fortuna dispuso no lamentar una víctima fatal", argumentaron los jueces que condenaron a Charlin por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con malversación de caudales públicos y real con abuso sexual simple en grado de tentativa y en situación de violencia de género, daños, amenazas para compeler a otro a hacer abandono de trabajo y amenazas agravadas por uso de arma.
Afirmaron que el caso "Charlin" ocupó su "pensamiento" de "manera particular" porque "nunca habíamos asistido a un escenario de esta envergadura, donde a propósito de miserables aspiraciones personales ajenas al debido ejercicio del cargo, nada pareció importar ni parecía encontrar límite. Donde ni siquiera la enfermedad terminal de una persona (por el ex juez Pedro Zabala) y la tragedia que ya enlutaba a su esposa mayor de edad, hubo de poner mesura en las acciones delictivas" del ex magistrado.
Afirmaron que "solo el valor de los agentes judiciales sometidos a semejante escarnio auspició una salida para tamaña y tan grave situación, sin que existieran mayores consecuencias que lamentar".
Los jueces también dieron un duro comentario a quienes designan a los magistrados, aunque lo hicieron "el mayor y más humilde de los respetos", indicando que "luego de esta causa, deberían revisarse sus procesos de selección de aspirantes a la Magistratura, y muy especialmente en lo que respecta al 'perfil del juez' y sus aptitudes psicofísicas".
Advirtieron "la falta de un protocolo para denunciar internamente" hechos similares en el Poder Judicial y "de un equipo interdisciplinario de intervención rápida con capacidades suficientes para detectar estas situaciones, para detectar estos 'jefes', para anticiparse a la generación de tanto daño. Un equipo que sepa distinguir una simple disconformidad con una forma de conducir la oficina judicial de un caso como el aquí juzgado".

"Agresividad descontrolada".
Al fundamentar la condena contra Charlin, que ahora puede plantear la apelación al haberse notificado, afirmaron que "la utilización de armas propias e impropias por el procesado y la continua agresividad descontrolada sobre los agentes judiciales, pudo haber terminado con la vida de alguno de ellos, sea por un disparo, por un corte letal o por una descompensación física terminal producto de las violencias morales soportadas. Varios de ellos aún hoy siguen con tratamientos para recuperarse de lo vivido".
En ese punto, los magistrados se refirieron, entre otros, al caso de Adriana Bauman, la secretaria del tribunal, que denunció que el ex juez la amenazó colocándole una trincheta en el cuello.
Los magistrados, además, advirtieron que los 58 días de la gestión de Charlin "fueron un infierno en el Juzgado Federal de La Pampa, días vividos en soledad y pesar por sus integrantes, sin acciones rápidas que los asistieran ante semejante situación. La tragedia pudo también haber tenido su reverso a cuanto arriba decimos: el descontrol de un agente judicial, de un familiar, o de un amigo íntimo de éstos, sobre el 'juez agresor' con acometimiento físico sobre el mismo, con consecuencias igualmente graves e impensables, amplificando estrepitus social de una caso generador de vergüenza ajena".
Es más, recordaron "los colapsos físicos y mentales de otros particulares involucrados" como la jefa del Centro Nacional de Reconocimientos Médicos, Perla Bertolozzi, profesional que "declaró con vos quebrada en juicio y el llanto a flor de piel" e incluso la secretaria penal, Iara Silvestre, "mujer interpretable por sus formas de expresión como de personalidad y carácter, se quebró públicamente en debate rompiendo en llanto al explicar la agresión sexual que tuvo que soportar".

“Una parodia difícil de creer”
Los jueces calificaron como agravantes “las secuelas psicológicas constatadas en muchas de las víctimas”, el “impacto social que ha ocasionado en la comunidad pampeana” por las acciones “ilícitas” del ex magistrado, la “afectación del servicio de justicia” en su gestión y “el abuso de posición funcional” de Charlín sobre empleados.
Entre los fundamentos, también cuestionaron el “desprecio” al ser humano en condición de enfermo terminal, en referencia al ex juez Pedro Zabala y el “ultraje a la libertad de expresión de los medios de comunicación que demostró, a pesar de la no percepción de los perjudicados”.
Finalmente, además, “el desprecio a las instituciones del Estado Constitucional de Derecho que patentizó al colocar, a una rama central del Gobierno Federal -el Poder Judicial de la Nación- en medio –incluso- de una elección popular que estaba a su cargo controlar como juez electoral, en una suerte de parodia tan difícil de creer como de explicar”.
Los magistrados afirmaron que en su “larga carrera” el caso “reviste gravedad institucional, con niveles y alcances no observados con anterioridad” y recordaron que Charlin declaró en interrogatorio de identificación “libremente por casi dos horas de tiempo real de audiencia para dar cuenta de su persona y condiciones de vida y profesionales”.
“Quienes suscribimos este fallo somos personas con muchos años de servicio en el Poder Judicial”, afirmaron, agregando que “nunca hemos asistido a la realización de tanto daño a un grupo de trabajo dentro de un tribunal de justicia, protagonizado por el juez a cargo de la dependencia, actuando al falaz amparo argumentativo de mejorar los estándares de trabajo del organismo”.
Sobre el posible delito de amenazas con armas, que involucra al custodio Dardo Abel Gandini, a quien Charlín le habría sacado el arma en una ocasión al menos, se indicó que corresponde devolver la causa al origen para que disponga al respecto, considerando ahora también cuanto surge del debate.
Los magistrados detectaron “acciones precedentes y, lamentablemente similares del procesado” en otros tribunales “con agresiones físicas directas sobre colegas”, lo que “patentiza la falta de conexión y concentración de información sobre aspirantes a la Magistratura entre los distintos Poderes Judiciales de la República. Ciertamente, la existencia de un banco de información integrado podría servir para evitar hechos de esta naturaleza”.