«Que se investigue la pata periodística»

El diputado provincial Espartaco Marín cuestionó duramente el espionaje ilegal que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos y exigió que «se investigue la responsabilidad judicial, de inteligencia y de aquellos medios de comunicación que trataron el tema de manera muy irresponsable».
El legislador fue una de las personas que vivió en carne propia el accionar de los servicios de inteligencia del macrismo. Todo surgió el 27 de mayo de 2019, cuando se dio a conocer una lista de 23 personas ligadas a una investigación de la Policía Federal sobre Narcotráfico, causa iniciada a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada. ¿Qué se investigaba, según la Justicia Federal? La presunta liberación de rutas y el crecimiento patrimonial de algunos empresarios. En el listado se podía apreciar que figuraban, además del diputado Espartaco Marín, dos altos jefes policiales y un cura.
«A la distancia, hace ya un año de haber pasado esa situación, me siento con la misma tranquilidad que en aquel momento», afirmó Marín, aunque «con la necesidad, no solo personal sino de toda la ciudadanía, de conocer con mayor profundidad las diferentes patas de este mecanismo: la de inteligencia, la de la Justicia y la comunicacional, periodística, que es la que se necesita para hacer público una situación».
A su vez, destacó que lo «dejaron tranquilo las palabras del presidente» y de la «interventora de la AFI, diciendo no solo que va a esclarecer o va a denunciar todos aquellos actos irregulares que haya encontrado, sino además que no lo vamos a volver a reproducir. Eso es una tranquilidad para que nadie sufra lo mismo que me tocó sufrir a mi».

«La realidad superó la ficción».
Consultado por la conexión en La Pampa de la red de espionaje, el legislador explicó que, por la información que posee y que consta en el expediente, el «delegado de inteligencia de la AFI, que según me informó la interventora, fue sumariado y expulsado. Además tiene una causa penal, no solo por mi caso sino por otros».
«Ese es quien figura en el expediente. Luego, también en palabras de la interventora, uno comienza a entender todo esto que se había armado acá en La Pampa, que habían abierto una delegación de la AFI con domicilio en la provincia, que había ciertos famosos ‘topos’, que eran agentes encubiertos haciendo inteligencia en La Pampa», añadió declaraciones al programa «La Parte y el Todo», que se emitirá hoy a las 22 por CPEtv.
En ese sentido, consideró que se trató de «una falta de realidad absoluta», porque «en La Pampa somos cuatro y nos conocemos todos. Acá no hace falta un exhaustivo seguimiento o espionaje para comprender. Somos una sociedad chica, estamos acostumbrados a verlo por la televisión».
Por estos motivos, en este escenario, donde «la AFI haya utilizado fondos de todos nosotros, abierto delegaciones, contratado personal, y que además de todo eso resulte, primero el sobreseimiento por la Justicia y después la investigación de la propia AFI que dio a conocer por ejemplo que habían contratado a narcos para llevar adelante investigaciones, la realidad ha superado a la ficción».
-En la Pampa somos pocos y nos conocemos muchos. Lo que buscan estas operaciones no es una simple información, buscan modificar el tablero político. Que yo sepa no metieron preso a ningún narco, y no hubo ninguna avioneta de esas que bajaban en las cien pistas de aterrizaje que decía que había el delirante ministro que tuvimos. Pero si se metieron con la política, se metieron con el presidente del Bloque Justicialsita y se meten con un precandidato radical a gobernador, que molestaba en ese tiempo al oficialismo nacional.
-Totalmente, yo cuando hice la conferencia de prensa al dia siguiente que salió en algún portal esta noticia, yo dije que me encantaría pensar que no era una operación
– ¿Te consultaron del portal antes de salir la información?
-No, por supuesto que no.
-Eso es lo extraño, porque el periodismo local tiene una máxima. Aquel político o figura pública
que responde el teléfono, cuando hay una información que lo involucra, uno lo llama…
-Suscribo, y agrego que tampoco fue consultado, a mi entender o quizás si pero yo lo desconozco, la investigación judicial en cabeza de un fiscal sobre este tema. Porque, publicar una investigación judicial bajo secreto de sumario, lógicamente por el delito que se pretendía investigar, resulta un contrasentido hacerlo público. Tampoco lo hicieron, no lo hicieron con los actores involucrados. Se supone que en una investigación de esa naturaleza, uno no envía un oficio con veinte nombres investigados por un delito importante a una oficina municipal. Fue todo tan sucio, tan berreta, que al muy poquito tiempo los medios empezaron a recular. Los que habían avanzando con un tratamiento suspicaz, recularon. Los que lo tomaron con responsabilidad mantuvieron la línea editorial. Con respecto a la pregunta en relación a que esto es parte de una operación política, yo no tengo ninguna duda. Primero porque se hizo público en medio de un proceso electoral, porque lamentablemente uno lo ve ahora con todas las causas que están saliendo a la luz, donde la mayoría eran dirigentes opositores, pero también había periodistas, dirigentes del propio oficialismo. Y no es un antecedente que el gobierno, por lo menos Macri como ex presidente, no tenía. Entonces fue muy obvio, además resulta muy difícil no pensar en una operación política. Como decían en aquel momentos algunos dirigentes oficialistas nacionales y opositores provinciales, reclamando justicia y que se investigue a fondo, yo ahora quiero lo mismo. Quiero que se investigue a fondo, espero eso de esta justicia.

Una denuncia sin pruebas.
Marín comentó que «la única charla que tuve con el fiscal fue cuando me presente en la Justicia para ponerme a disposición, y la segunda cuando tuve acceso al expediente y me di cuenta que era todo trucho, una basura, haciendo alusión a cuestiones que no eran verdad».
«Me llamó poderosamente la atención la apelación del fiscal, por considerarla prematura cuando no había ningún elemento de prueba que la justificara. También me llamó poderosamente la atención que quien dirige la investigación, que es un fiscal, hable públicamente de una causa que se supone que está bajo secreto de sumario», señaló.
Sin embargo, indicó que lo «tranquilizó que el fiscal de la Cámara, que es quien debe sostener o no el recurso, no lo sostuvo con los mismos argumentos que el juez federal sostiene el sobreseimiento».
«Me encantaría, y voy a hacer todo lo que este a mi alcance, para que se investigue la responsabilidad judicial, de inteligencia y de aquellos medios de comunicación que trataron el tema de manera muy irresponsable», remarcó.
El legislador afirmó que, al ser la Justicia Federal la que tiene la causa, no debería ser la Cámara de Diputados provincial la que intervenga, sino que debería hacerlo «la comisión de seguimiento de operaciones de inteligencia, que por suerte hoy preside un legislador como Leopoldo Moreau, que viene denunciando esto desde hace mucho tiempo. Y que el vicepresidente es el senador Marino, que también (lo sufrió), según lo que indican las denuncias que ha hecho la AFI, entonces seria interesante que se traten estos casos».

Ya son mil las presentaciones
El legislador reveló que presentaron, ante la Justicia, una tercera etapa de con más de 170 ahorristas con el objetivo de que obtengan el beneficio de reducción del valor de la cuota de planes de ahorro.
«En los casos en las cuales las empresas no acataron la medida cautelar de manera voluntaria, se las intimó y a partir de este mes de junio comenzaron a cumplir con la baja de las cuotas de manera retroactiva por lo que los ahorristas verán reflejado esto en su cuota», indicó
A su vez, Marín explicó que «el año pasado presentamos un amparo colectivo sobre planes de ahorro, logramos una resolución de la jueza Nº 5 de La Pampa, que logró retrotraer el valor de las cuotas para aquellos suscriptores de planes de ahorro a abril del 2018».
«Fueron 200 primero en la presentación, luego se amplió a 600. La novedad es que el día de ayer (por el lunes) presentamos una nueva ampliación del amparo con más de 170 suscriptores de planes de ahorro más. Con lo cual estamos hablando de mil pampeanos, que a nuestro entender tienen que ser beneficiados por esta resolución dela jueza, que claramente hace justicia», amplió.
En ese sentido, afirmó que «no es que ellos no pudieran pagar sus planes, sino que por el desbarajuste económico vivido en los últimos dos años, desde la devaluación del 2018, los índices inflacionarios llevaron los planes a las nubes y el valor móvil utilizado por las concesionarias para fijar el valor de los autos llevó a la imposibilidad de pago, y en algunos casos a que esa cuota te coma el 40 o 50 % del salario».
Por otro lado, anticipó que están «recabando información para avanzar con un amparo colectivo a las financieras, que trabajan como usureras. Han proliferado en la provincia, sobretodo en épocas de crisis como fueron los últimos dos años, utilizando metodologías de cobro ilegales, con amenazas».
Marín explicó que son «entidades financieras no reguladas por el Banco Central», entre las que se encuentran «negocios y estudios jurídicos. Hay procesos de financiamiento a costos financieros elevados y que esto es una problemático de los empleados estatales».
En esa línea, comentó que en algunos casos son financieras pampeanas, pero que «la gran mayoría son sucursales que vienen de Buenos Aires y han proliferado no solo en Santa Rosa y Pico, sino que en el interior hay. Frente a eso estamos recabando pruebas para próximamente hacer una presentación judicial».