Reabren causa por incumplimiento

Hace cinco años, Ingeniero Luiggi escuchaba la promesa de Mauricio Macri de llevar adelante el «Plan Nacional 3000 jardines». El entonces presidente había llegado a la localidad pampeana para el acto oficial y a su lado escuchaba el ex gobernador Carlos Verna. Lo cierto es que la promesa se esfumó en la nada y todo terminó en la Justicia, que ahora reabrió la causa penal porque se pagaron 62 millones de dólares por obras que nunca se hicieron.
Ayer se conoció que el juez federal Ariel Lijo reabrió la causa penal sobre irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el gobierno de Macri después de una presentación de la Oficina Anticorrupción (OA). El organismo, en base a una presentación del Ministerio de Educación, había evaluado la existencia de sobradas pruebas de que se pagaron 62 millones de dólares por la construcción de 93 jardines en distintas provincias que nunca fueron terminados, que además se pagaron sobreprecios del doble del valor de mercado por metro cuadrado, y que pese a que las obras fueron visiblemente abandonadas durante la gestión de Cambiemos, no se cobraron multas, ni se hicieron gestiones para recuperar el dinero y cuando las empresas que habían sido contratadas entraron, después, en convocatoria de acreedores el Estado tampoco se presentó a reclamar nada.
Según publicó el diario Página 12, el fiscal Ramiro González presentó la semana pasada un dictamen donde plantea un nuevo impulso a la investigación y dispone nuevas medidas de prueba.
Estos contratos en la mira fueron parte del llamado «Plan Nacional 3000 jardines» con el cual el ex presidente prometió que garantizaría el acceso a la educación en las salas de 3 a 5 años. Esa promesa se redujo con el correr del tiempo y la convocatoria inicial a licitaciones fue para sólo 200 jardines, que en los hechos fueron menos todavía. La mayor parte de los proyectos, para colmo, fueron adjudicados a una misma unión transitoria de empresas que había sido objetada por un área técnica especializada antes de concretar la contratación.
A partir de la denuncia de la OA, advierte el fiscal, «se vislumbran nuevos elementos que ameritan la realización de otras medidas probatorias…» Para empezar, pidió información sobre los concursos preventivos de la unión de empresas -formada por Escarabajal Ingeniería y Bahía Blanca Viviendas- que había obtenido la licitación para hacer los 93 jardines en cuestión y que el Ministerio de Educación entregue toda la documentación que posee sobre las adjudicaciones y todo el proceso posterior.

Sin reclamos.
Del total de 3 mil jardines anunciados en Luiggi por Macri, finalmente solo se licitaron 292. Y aún dentro de ese grupo, según denunciaron Educación y la OA, 93 de las obras quedaron a mitad de camino, luego abandonadas, pero se habían pagado. Se convirtieron en jardines invisibles. La denuncia original por este tema la había hecho Margarita Stolbizer, desde la ONG que dirige, llamada Bajo la Lupa, que señaló entre otras cosas que nadie controlaba la ejecución de esas obras, para las que se habían establecido plazos de realización de 150 a 180 días. Pero el juez la archivó por supuesta falta de pruebas, pese a que Stolbizer había entregado gran cantidad de documentación y fotografías del estado de los jardines, que tampoco eran tales sino aulas agregadas a establecimientos ya existentes.
Las irregularidades habrían ocurrido en dos períodos: uno, la licitación y contratación, durante la gestión de Esteban Bullrich, y el segundo, durante el de Alejandro Finocchiaro, fue curioso porque ante los incumplimientos hubo una rescisión de los contratos de mutuo acuerdo.
El problema es que el Estado no reclamó nada a la UTE que no cumplía. No puso multas y cuando las empresas se presentaron en concurso de acreedores no se presentó a verificar los créditos. Cuando la gestión actual detectó esta situación, ya se había vencido el plazo para presentarse en el proceso.
Luego lograron reclamar algo, por 880 millones de pesos, pero no se sabe si serán reconocidos. No está claro aún tampoco, y esto será parte de la investigación judicial, si hubo connivencia entre los funcionarios y las empresas implicadas.

Sobreprecios.
El otro elemento nuevo que aportó la OA, que encabeza Félix Crous, es el de los posibles sobreprecios. La denuncia decía que se pagaron 1.498 dólares por metro cuadrado, que es el cerca del doble de los valores de mercado cotejados. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ese valor era de 708 dólares el metro cuadrado.
Además, se habrían abonado certificaciones de obras que no estaban lo avanzadas que decían los papeles. Se pagaron, dijeron los denunciantes 62 millones de dólares, mientras que le total proyectado era de 92 millones de dólares.
En febrero de 2019, Verna anunció que la Provincia se hacía cargo de la construcción de los jardines. Un año después el actual mandatario, Sergio Ziliotto, comenzó con las licitaciones para edificar dichas obras en La Pampa.
Según lo anunciado por la Presidencia en mayo de 2016, se iban a construir cuatro jardines en La Pampa: el Jardín 25 de Santa Rosa, el número 8 de la Escuela 66 de General Pico; Jardín de Infantes 15 de Winifreda y el Jardín 5 de Ingeniero Luiggi.
El Ministerio de Obras Públicas relevó los edificios y detectó un promedio de ejecución que en la mayoría de los casos rondaba el 35 por ciento, aunque el gobierno nacional había certificado el 50 por ciento al momento de entregar las obras a la provincia.