Rechazan hábeas corpus por hacinamiento de presos

El juez de control de esta ciudad, Heber Pregno, rechazó ayer de forma parcial el recurso de hábeas corpus que presentaran los defensores oficiales penales, en el que denunciaban hacinamiento de presos y reclamaban por las condiciones de detención en la Comisaría Tercera de General Pico. Sin embargo, el magistrado ordenó a la Jefatura Policial de La Pampa la construcción de nuevas tarimas para la instalación de más cuchetas en los calabozos; prohibió nuevos ingresos a esa dependencia policial y dispuso "la reubicación de condenados en la comisaría de General Acha".
También les pidió a los jueces de Ejecución Penal de General Pico y Santa Rosa, Mauricio Pascual y Martín Saravia, que continúen con los trámites relativos al ingreso de condenados en el Servicio Penitenciario Nacional, con el objeto que se dé cumplimiento al Convenio celebrado en 2012 con el Ministerio de Justicia de la Nación sobre el cupo de presos pampeanos en el sistema carcelario.
Hace poco más de un mes, los representantes piquenses del Ministerio Público de la Defensa, Walter Vaccaro, Alejandro Piñero, Alejandro Caram, Elba Pozze y Guillermo Constantino, presentaron un Hábeas Corpus colectivo y colectivo, en el que denunciaron condiciones de hacinamiento y trato degradante e inhumano en la Comisaría Tercera de General Pico.
Esto se inició luego que se encontrara a un detenido durmiendo en el piso. Tras ello, el magistrado realizó diferentes pedidos de informes, para corroborar las condiciones de detención en la comisaría piquense. Luego de ello, se realizó días atrás una audiencia que coordinó el juez Pregno, de la que participaron los defensores penales, el fiscal general Armando Agüero; los comisarios Daniel Guinchinao y Lucas Rinaldi; y los jueces de ejecución Pascual y Saravia.
En esa audiencia, Agüero se opuso al recurso de hábeas corpus, tras argumentar que si bien hay una superpoblación de detenidos, no existe hacinamiento, porque esto "supone otros condimentos que tiene que ver con problemas de sanidad, higiene, salud, de visitas, de estimulo educativo, y ningún problema de esos se da en la provincia de La Pampa".

Rechazo.
Durante esta audiencia se remarcó que la superpoblación en comisarías se debe al incumplimiento por parte del Servicio Penitenciario de los convenios firmados con La Pampa. En ellos la Provincia se comprometió a construir un ala de pabellón de la Colonia Penal U-4 y el establecimiento semiabierto La Amalia y, a cambio, el Estado Nacional alojaría en principios 180 condenados y, al finalizar las obras, un total de 300. Sin embargo, nunca hubo más de 120 condenados pampeanos.
Pregno rechazó de forma parcial la presentación de los defensores, aunque hizo lugar a diferentes pedidos, a fin de mejorar las condiciones de detención en General Pico y el resto de la Segunda Circunscripción Judicial, donde conviven condenados con personas que están siendo investigadas, sobre las que pesa una prisión preventiva.
Por ello, ordenó a la Jefatura de Policía, que realice las reformas edilicias necesarias, para la colocación de 16 tarimas en la Comisaría Tercera, tres en la Segunda, cuatro en la Comisaría de Rancul, seis en Realicó, dos en Quemú Quemú, cuatro en Intendente Alvear y Trenel. También prohibió "por el momento y hasta el cumplimiento de lo mencionado" en el punto anterior, nuevos ingresos a la Comisaría Tercera y ordenó, "la reubicación de las personas condenadas, teniendo en cuenta el cupo que existiría en la Comisaría de General Acha".

Argumentos.
Al argumentar su decisión, el juez piquense señaló que a raíz de esta presentación de los defensores, hizo una inspección ocular en la Comisaría Tercera, donde mantuvo "entrevistas personales con los 81 alojados, de los cuales ninguno mencionó un trato inhumano o degradante". También agregó que si bien encontró reclusos "durmiendo en colchones apoyados en el piso, ninguno mencionó alguna situación que pueda ser fuente para decretar un estado insalubre e inhumano".
El magistrado refirió que todos son "atendidos por el cuerpo de médicos del Servicio de Sanidad Policial, que cuentan con todas las necesidades básicas necesarias, con un lugar de esparcimiento y un régimen de visitas que se desarrolla en forma normal".
Además dio cuenta que el "60 por ciento de las personas que se encuentran con estado de encierro, son condenados; los que deberían ser alojados en el Servicio Penitenciario Federal y no en comisarías".
En el fallo, además destacó el trabajo de los jueces de ejecución para lograr cupos en el Servicio Penitenciario, el esfuerzo que hace el Gobierno provincial y la predisposición de la policía que "cumple funciones que no le son competentes ante los condenados".
Por ello, dio lugar a la propuesta del comisario Guinchinao, jefe de la Unidad Regional II, "respecto a la construcción de nuevas tarimas en las celdas originarias, para paliar el mal denunciado por la defensa".