Reclaman 940 millones más por los intereses

A valores históricos, el reclamo de La Pampa a Nación por la deuda de la Anses que resolverá la Corte Suprema de Justicia es de 940 millones de pesos. A esa cifra hay que sumarle los intereses a devengar correspondientes a los períodos que forman parte de la demanda: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
"En su momento, pedí que actualizaran el valor histórico con el índice de movilidad jubilatoria nacional y daba 3.370 millones a marzo 2017. Como luego salió el fallo de la Corte por la demanda de la provincia de San Luis, y si bien es para otro tipo de deudas, le pedí a mi gente que lo hagan nuevamente y aún no lo tienen", explicó el ministro de Hacienda Ernesto Franco cuando LA ARENA le consultó por la estimación actual.
En su edición del jueves, este diario reveló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir en la demanda que la provincia de La Pampa presentó contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Estado Nacional por el incumplimiento de la obligación que asumió Nación de cubrir los déficits de las cajas jubilatorias no transferidas por La Pampa en los años noventa.
El máximo organismo judicial del país, con el voto unánime de sus cinco integrantes, decidió seguir el criterio de la Procuración General de la Nación que hace un año había dictaminado que la Corte debía entender en el litigio, atento a lo estipulado en los artículos 116 y 117 de la Constitución.

Deudas acumuladas.
La Pampa viene reclamando desde el inicio de la gobernación de Carlos Verna que Nación pague las deudas que acumuló con La Pampa entre los años 2009 y 2014 y una diferencia respecto del período 2016. Finalmente, desistió del reclamo de esta última, pero continuó respecto de lo demás.
De acuerdo a la demanda impulsada por el fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, el Estado Nacional debe ser condenado a pagar la suma que resulte de la determinación de los déficits previsionales correspondientes a aquellos seis años, "todo ello con más los intereses legales correspondientes desde que cada suma es debida, de acuerdo con lo establecido en la cláusula décimo segunda del "Compromiso Federal" (ratificado por ley nacional 25235 y por ley provincial 1889) y la cláusula primera del "Convenio Bilateral de Financiamiento del Déficit Previsional" (año 2006).

Auditorías financieras.
La Pampa también reclamó que se arbitren las medidas pertinentes para realizar las auditorías financieras del Instituto de Seguridad Social provincial para los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, pero aclaró que, para el caso de que el Estado Nacional o la Anses no efectúen los informes finales, se tuviera por determinados los montos resultantes de las auditorías realizadas por el ISS o lo que en más o en menos resultara de la prueba que se produzca durante la sustanciación de la causa, más los intereses correspondientes.
Una tercera petición que forma parte de la demanda pampeana a la que se abocará la Corte es que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del decreto 894/2016, regulatorio de la ley 27260, por el cual el presidente Mauricio Macri dispuso la armonización de las normas legales para la determinación de los haberes jubilatorios.
Aquella medida, según denunció La Pampa, generaba un perjuicio a los beneficiarios del sistema previsional provincial, puesto que significaba bajarles las jubilaciones, y también para los trabajadores activos, ya que les cambiaba el sistema aplicable cuando se jubilen.