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Regularizan barrio en tierras militares

EL MINISTRO DE DEFENSA TIENE FRENADA LA DEVOLUCION DE LA EX ESCUELA HOGAR POR NO SER "PRIORITARIA"

El funcionario visitó La Pampa y desestimó el reclamo para que el Ejército restituya al Estado el control del edificio de la Ex Escuela Hogar por no ser «prioritario». Mientras tanto, en Tres de Febrero, Buenos Aires, aseguran que saldó «una deuda histórica» a partir de la entrega de tierras castrenses al municipio.
ARIEL STEMPHELET

El Ministerio de Defensa de la Nación y la Municipalidad bonaerense de Tres de Febrero firmaron un convenio mediante el cual se saldó una «deuda histórica» con la entrega del dominio de terrenos que había cedido en los 90′ el Ejército Argentino para construir viviendas. Mientras tanto, la devolución del edificio de la Ex Escuela Hogar a La Pampa sigue frenada por no ser «prioritaria», tal como dijo el titular de la cartera, Agustín Rossi, en su última visita.

La firma del convenio con el municipio bonaerense gobernado por el macrista Diego Valenzuela se materializó el jueves con un acto en el que se concretó la entrega del dominio de las tierras al Estado municipal.

«Hace 25 años, el Ejército Argentino cedió parte de sus terrenos a Tres de Febrero para levantar lo que hoy es el barrio Altos de Podestá. No obstante ello, solo una parte de la edificación se pudo escriturar mientras que el resto permaneció, en los papeles, como patrimonio militar. A partir de la firma del convenio, ahora se podrá concretar el traslado del dominio al municipio», relató el periodista Mariano Beldyk en Perfil.

Recelo.
Desde la óptica provincial, la firma del convenio es observada con cierto recelo debido a que la sociedad pampeana tiene un reclamo histórico para que Estado nacional devuelva el edificio que en algún momento supo albergar a la Escuela Hogar, hoy en manos del Comando de la X Brigada Mecanizada del Ejército Argentino.

Más aún, porque desde la asunción del gobierno del presidente Alberto Fernández ese reclamo no tuvo ni un mínimo avance a causa de una falta de voluntad política que quedó al descubierto con el reciente convenio firmado entre la cartera de Rossi y la Municipalidad de Tres de Febrero.

Sin embargo, el malestar mayor surge al recordar que en su última visita a La Pampa, a mediados de abril de este año, el ministro de Defensa manifestó que el pedido de la sociedad pampeana no estaba en la agenda de prioridades de su cartera, abocada, según explicó, a prestar la mayor colaboración posible para hacerle frente a la segunda ola de la pandemia.

«En este momento no es parte de la agenda prioritaria. Me parece legítimo el reclamo de la comunidad, pero no lo veo en términos de una deuda», declaró el funcionario del gabinete provincial en una entrevista exclusiva con LA ARENA, en donde reafirmó los conceptos vertidos en su declaración pública sobre el tema y hasta dejó entrever cierta subestimación.

Vivienda y educación.
Es sabido que el mayor anhelo del reclamo pampeano por la devolución del edificio ubicado sobre la calle Raúl B. Díaz es la devolución en sí. Pero en segundo lugar, lo que se pretende es usar esas instalaciones para armar un polo educativo como no hay otro en la ciudad ni la provincia; un lugar donde confluyan la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y los proyectos educativos de la Municipalidad de Santa Rosa y del gobierno provincial.
Esa función educativa garantizaría y mejoraría la calidad educativa provincial. En consecuencia, también generaría un impacto positivo en términos de ampliación de la capacidad edilicia, acotada en instituciones como la UNLPam, y también generaría un avance en el desarrollo urbanístico de una zona neurálgica de la capital provincial.
Entonces, el derecho a la educación que se garantizaría con la devolución del predio debería ser igual de prioritario en la agenda ministerial que la entrega y la regularización de los terrenos que el Ejército posibilitó al municipio bonaerense. Esa voluntad política del Estado nacional, con el Ministerio de Defensa a la cabeza, posibilitará que las familias que viven en esas viviendas finalmente puedan tener su escritura y así avanzar un escalón más en la garantía del derecho a la vivienda, tan esencial como el acceso a la educación.
El traslado de los más de 400 militares que hoy están dentro del edificio en disputa a nuevas instalaciones, uno de los factores planteados por Rossi, es algo que el Estado está en condiciones de resolver con recursos y con búsqueda de financiamiento. Pero sin iniciativa ni voluntad de hacerlo, todo seguirá igual.