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Restaurante «La Rural» está cerrado

Hasta ayer el restaurante La Rural se encontraba cerrado por la Municipalidad, pese a que la jueza Lis Palacios, titular del Juzgado Civil, Comercial y de Minería 4, había ordenado el viernes 30 de julio el no innovar y levantar la clausura.
Esa situación hizo pasar un mal momento a los comensales que sentados en el salón cenaban mirando de reojo si -como pretendían los inspectores municipales- se tenían que ir del lugar. Lo extraño es que los funcionarios llegaron para poner nuevamente la faja de clausura pasadas las 21 del viernes, cuando el restaurante ya estaba en marcha tanto en la cocina como en el salón. ¿Qué había pasado? Que por un tema que tiene que ver con la habilitación del comercio -y más concretamente con el contrato de alquiler entre la Asociación Agrícola Ganadera y el dueño del restaurante-, durante la semana se había decidido la clausura por parte de la Dirección de Comercio.
Después que el pasado viernes 30 de julio la jueza emitiera una disposición de «no innovar» en la causa «Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa contra Acosta Diego Hernán por desalojo», y ordenara dejar sin efecto la clausura del restaurante, el abogado Aldo Walter Díaz quiso notificar a la Directora de Comercio Susana Nadia González -autorizado a la diligencia por el juzgado-, pero nunca consiguió hacerlo. Así fue que dejó expresa constancia en una exposición policial, señalando que se apersonó a la oficina de Comercio municipal, y un par de agentes que estaban en el lugar le manifestaron no estar autorizados para recibir la comunicación. Tampoco consiguió que pese a reiterados intentos la directora Susana Nadia González le atendiera el celular. Por eso el profesional le solicitó a la Policía que pusiera en conocimiento a González del oficio judicial.

Nueva clausura.
Después que todos se retiraron -incluso los empleados del restaurante después de cenar también en el lugar y realizar la limpieza-, los inspectores pusieron otra vez la faja.
Era evidente que no era un problema bromatológico, ni tampoco de incumplimiento de protocolos sanitarios, sino una cuestión administrativa.
Ante esa circunstancia, lo que pareció faltar fue sentido común de quienes pretendían colocar la faja de clausura en forma inmediata, pese a la orden en contrario de una jueza.
Lo cierto sería que habría un conflicto entre la Agrícola, propietaria del lugar, y el gastronómico que lo alquila. La pretensión de la entidad sería recuperar el salón y no seguirlo alquilando a Acosta.