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Reto de la FIA a una empleada estatal

PIDIO USO RESPONSABLE DE LAS REDES Y RECORDO OBLIGACION DE DENUNCIAR

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) le recordó a una empleada estatal que tiene la obligación de denunciar las irregularidades administrativas de la que sea testigo en los términos de la Ley 643, tras un comentario que había realizado en Facebook. A su vez, le pidió un uso responsable de las redes sociales. También le reiteró al Estado la necesidad de que cuente con una «Guía de Uso responsable de redes sociales».
El expediente se creó a raíz de una presentación que realizó la Subsecretaría de Educación ante la FIA por una publicación que realizó una empleada en las redes sociales sobre supuestos incumplimientos de los protocolos sanitarios. «Estoy pensando que en todos los lugares donde realizan trámites de cualquier tipo tienen las normas de seguridad… Qué pasa en el Ministerio de Educación? No tenemos protección, viene gente de cualquier localidad, deja sobres… y además horario completo… flor de denuncia habría que hacerles», es lo que escribió la denunciada en Facebook en el mes de septiembre.
En la resolución, la FIA recordó que la temática en torno a la libertad de expresión de los empleados públicos, el uso de redes sociales y la crítica pública a los organismos donde se desempeñan ya ha sido abordada en otras resoluciones. En ese sentido, indicó que en su momento la Fiscalía «advirtió sobre la necesidad de implementar una Guía y elaborar y adoptar pautas o lineamientos de uso de redes sociales para las personas que integran la Administración Pública».

Libertad de expresión.
La FIA sostuvo que en este caso «se plantea la libertad de expresión de los agentes y personas que desempeñan la función pública y por otro el uso de redes sociales», todo ello enmarcado «en las obligaciones propias» de quienes trabajan en la Administración pública: reserva, discreción, cumplimiento de vías jerárquicas y obligación de denunciar las irregularidades que llegaran a su conocimiento.
Con respecto a la libertad de expresión, la FIA citó un expediente anterior para responder a la pregunta sobre si pueden los agentes públicos criticar públicamente a la Administración para la que prestan servicios. «Respecto a esta cuestión, cierta doctrina entiende que antes de criticar públicamente a la Administración y antes de dar a publicidad posibles anomalías, los agentes deben utilizar los medios internos que dispongan para mejorar el servicio. La advertencia a compañeros y, en su caso, a los superiores de la existencia de irregularidades, anomalías o fallos, debe preceder a la denuncia pública. Entonces solo si la gestión interna del agente resultara ineficaz, y es razonable pensar que la denuncia pública mejorará el servicio, estaría justificada la utilización de ese medio», dice la resolución citada.

Uso responsable.
Si bien el comentario se hizo en Facebook, la FIA señaló que la libertad de expresión «no puede circunscribirse a un único canal o medio específico para su real ejercicio», pero advirtió que «los empleados públicos gozan del pleno ejercicio de su libertad de expresión, en la medida que no violen el secreto propio de su condición de agentes públicos».
En esa línea, señaló que el uso de redes sociales por parte de empleados y funcionarios generan «un desafío en esta materia», debido a que hay una «débil línea» que en las redes separa la vida privada de la profesional». De esta manera, cada mensaje que publique «puede ser interpretado como un mensaje de la organización en la que se desempeña».
Por estos motivos, la FIA dio cuenta de la importancia que han adquirido las redes sociales en los ámbitos laborales públicos y «la necesidad de capacitar en la materia». Para el organismo, esto también «demuestra la necesidad de generar guías o pautas que den un marco claro de actuación en redes sociales», particularmente durante una pandemia como la de Covid-19.

Recomendaciones.
La FIA concluyó que si bien el tema era «de interés público», las críticas estaban dirigidas a sus superiores jerárquicos y compañeros en contacto directo. «Desde esta óptica, y a la luz de la Ley 643, con su accionar la agente habría incurrido en una infracción al no haber denunciado las supuestas irregularidades mencionadas en el mensaje por las vías legales correspondientes».
Sin embargo, entendió que «la ausencia en nuestra provincia de una guía o manual de uso de las redes por parte de las entidades públicas y sus integrantes, que permita concientizar a quienes formamos parte de la Administración Pública de la trascendencia que pueden adquirir las opiniones o conceptos que vertamos en las redes sociales y sus posibles consecuencias, estimo corresponde recomendar al Ministerio de Educación el archivo de las actuaciones».
En base a lo planteado, la FIA también le recomendó a la Dirección de Educación de Gestión Privada que «haga saber a la agente denunciada que en caso de conocer irregularidades administrativas tiene obligación de denunciar, en los términos de la Ley 643» y que «la notifique respecto de las consideraciones efectuadas sobre el uso de internet en su calidad de agente público y alentarla a un uso responsable de las redes sociales».
Finalmente, reiteró su recomendación efectuada en 2015 y sugirió al Ministerio de Educación y de Conectividad y Modernización «la elaboración de una Guía de Uso responsable de redes sociales por parte de quienes integran la Administración Pública Provincial».