miércoles, 13 noviembre 2019
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Roberto Moro, imputado por irregularidades en el otorgamiento de subsidios

El pampeano Roberto Moro quedó en el ojo de la tormenta al conocerse ayer que Sergio Rodríguez, quien está al frente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, denunció a funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) por el otorgamiento irregular de subsidios por una cifra que supera los 180 millones de pesos.
Moro, que trabajó con el ex gobernador de la provincia Oscar Jorge, es el actual secretario de la Sedronar. Su trabajo en el gobierno nacional comenzó cuando el presidente Mauricio Macri lo sumó a su gestión luego de asumir su mandato en 2015 y ahora, tras la investigación, quedó en calidad de imputado, según informó ayer el sitio infobae.com.
Para el fiscal Rodríguez se debe investigar a los responsables de haber entregado 31 subsidios -a diferentes fundaciones, asociaciones, universidades, provincias y municipios- incluidos en el Programa Nacional de Abordaje para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico. Los fondos provenían del Plan Nacional Recuperar Inclusión. El dinero salía del Ministerio de Planificación Federal y era derivado a la Sedronar.
«El Programa investigado tenía por objeto financiar experiencias de trabajo comunitarias y gubernamentales para contribuir a la prevención, capacitación y asistencia en la temática de las adicciones. Buena parte de los subsidios se solicitaron para la construcción de centros para la prevención de las adicciones», destacó el artículo periodístico.
La investigación de Rodríguez, que fue designado en la PIA durante la gestión de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, determinó que se cometieron irregularidades en la tramitación de 31 expedientes de subsidios iniciados en los últimos días del año 2014 cuando al frente de la Sedronar estaba el cura Juan Carlos Molina.
Molina, su sucesor Gabriel Lerner y Moro fueron imputados por el fiscal Rodríguez. A los dos primeros -funcionarios del gobierno de Cristina Fernández- se les adjudica responsabilidad en el otorgamiento de los subsidios a pesar de las irregularidades detectadas. En tanto al funcionario pampeano el fiscal Rodríguez le imputó el haber autorizado las órdenes de pago de dos de los subsidios que habían sido otorgados de manera irregular.

Sin control.
En la PIA determinaron que los subsidios fueron entregados sin controlar que, por ejemplo, varios de los presupuestos de gastos hechos por diferentes entidades eran iguales pero diferían en los montos. En algunos expedientes de los subsidios se detectó, inclusive, documentación duplicada: usaron papeles idénticos para pedir subsidios diferentes.
Los pedidos de subsidios no fundamentaron la propuesta de intervención requerida y algunos tenían los mismos diagnósticos de situación en los que se repetían descripciones y detalles.
La investigación de la PIA detectó falta de correlatividad de los actos administrativos ya que para darle validez al trámite, se antedataron documentos y de esa manera pudieran otorgarse los subsidios. La mayoría de las resoluciones fueron firmadas en diciembre de 2014 y con una celeridad que también llamó la atención de los investigadores.

Rendición.
Según la denuncia de Rodríguez a la que accedió Infobae, hubo una «total falta de control por parte de las autoridades» de los fondos otorgados y del cumplimiento del fin social al que estaba destinado el dinero. Otra de las irregularidades determinadas fue la ausencia de control en la rendición de los fondos otorgados.
El fiscal Rodríguez imputó a Molina, Lerner y Moro y a otras 15 personas que tuvieron relación directa -desde el punto de vista administrativo- con el otorgamiento y el pago de los subsidios irregulares. En la denuncia Rodríguez dejó abierta la posibilidad de que sean imputadas también las autoridades de las entidades que recibieron los subsidios.

Asociaciones y provincias
En la nota de Infobae se publica el listado de quienes recibieron los subsidios por parte del Sedronar: la Fundación María de los Angeles por la lucha contra la trata de personas, la Asociación Civil Institución Salesiana San Francisco Javier, la Asociación Civil Sol de Mayo, la Asociación Civil Madres contra el paco y por la vida y la Fundación Padre Miguel.
También la Asociación Civil Ushuaia Participa, la Fundación Creando Futuro, la Universidad Nacional del Chaco, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Fundación para la Integración Federal, la Asociación Civil Hijos de Fierro, la Asociación Civil Mujeres Evita, el Club Atlético Lanús , el Club Social Deportivo de la Cárcova, la Asociación Civil Organizados por Mercedes, la Fundación Moviendo Montañas y la Asociación Civil Campo Social por la Prevención del Delito.
Además, recibieron subsidios las provincias de Santiago del Estero y San Juan y las municipalidades de Tres de Febrero, Concordia, Rosario, Castelli, Gral. Pueyrredón, Paraná, Colón, Moreno, Río Gallegos, Caleta Olivia, Calafate, Goya, Marcos Paz, Chivilcoy, San Miguel de Tucumán y de José C. Paz.

Se acumulan las denuncias
La denuncia que se conoció ayer respecto a Moro y su manejo en la Sedronar es una de las varias que tiene el pampeano. En la Oficina Anticorrupción se lo apuntó porque habría usado fondos públicos para emitir pasajes aéreos para una allegada de Santa Rosa, hecho por el cual lo investigó la Justicia Federal. También hubo una denuncia porque el novio de su hija habría sido beneficiado con idéntica metodología. Además, se lo vinculó a un caso de supuesto «tráfico de influencias» a favor de una organización que tiene fuerte presencia en su repartición nacional.