Sancionan a una empleada de la Legislatura por un certificado trucho

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) recomendó a la Cámara de Diputados la aplicación de 30 días de suspensión a una agente "por haber utilizado flagrantemente licencias médicas para justificar inasistencias" cuando, en realidad, estaba realizando turismo en el extranjero. La FIA inició además un sumario contra una psicóloga, también empleada del Estado, que diagnosticó a su paciente a través de WhatsApp.
De acuerdo a lo informado por la FIA, la causa, en la que intervino el fiscal Juan Carlos Carola, inició por una comunicación anónima y pudieron demostrar que "la sumariada faltó a su lugar de trabajo los días 14 a 25 de agosto de 2017, amparándose en licencias por enfermedad de corto tratamiento, con dos certificados extendidos por la psicóloga quien prescribió reposo laboral durante 5 y 4 días respectivamente".
"El segundo de los certificados fue extendido y presentado cuando la agente se encontraba en el exterior, por lo que difícilmente pudo haber acudido al consultorio psicológico a los fines de certificar su padecimiento", argumentó Carola.
Además sostuvo que la agente en cuestión "se ausentó de su residencia, al viajar al extranjero, sin pedir la autorización que requiere el artículo 132 de la Ley 643, por lo que se presume que el uso de las licencias fue para efectuar este viaje sin resentir el cobro de haberes ni utilizar algún otro tipo de licencias".

Ventaja económica ilícita.
De acuerdo a la Resolución de la FIA, una vez realizada la denuncia penal por "fraude", el Ministerio Público Fiscal consideró que, a pesar de que la psicóloga realizó la atención de su paciente "vía WhatsApp" para certificar el diagnóstico y que la agente no se expresó con la verdad ante la Administración al presentar un instrumento público en el que constaba una situación que no era tal (la enfermedad), ello debía ser analizado como "infracción administrativa".
Sin embargo la FIA no compartió el criterio sostenido por el Ministerio Público, ya que no se trata de una "mera informalidad" la que fue incumplida, sino toda una maquinación realizada en perjuicio del Estado para obtener una ventaja económica ilícita, a través de un engaño utilizando certificados médicos.
Con respecto a la profesional en Psicología, al ser parte de la planta de empleados públicos, "se sigue un sumario administrativo para deslindar las responsabilidades que le pudieren caber", se informó.