"Se han llamado a silencio"

(General Pico) - La Asamblea de Mujeres de General Pico, denunció casos de empleadas judiciales que habrían sufrido "acoso laboral y abuso sexual simple" en el ámbito del Poder Judicial. También marcaron que fueron víctimas de un "trato sexista", que falta de perspectiva de género en ese Poder del Estado, y que las denuncias de las mujeres, las toman como un mero trámite. Ayer a la mañana, como en otras ocasiones, empapelaron el frente de los Tribunales piquenses. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), máximo órgano jurídico de la provincia, dio cuenta del abordaje que se hizo de cada una de las denuncias, y que se dio una respuesta inmediata a las denunciantes.
Durante esta semana, el colectivo feminista piquense, emitió un duro comunicado en el que puso de manifiesto que dentro del Poder Judicial "se advierte la violencia patriarcal ya que media una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de La Pampa, por acoso y abuso, que durmió en algún cajón". En el mismo sentido, marcaron que "hubo mujeres sometidas a comportamientos inapropiados, destinados a provocar en ellas un daño psicológico, moral, laboral y físico", que fueron víctimas de un trato sexista, dado que sufrieron "comentarios groseros, denigrantes y humillantes".
La Asamblea denunció que "nadie asumió la responsabilidad por esta cadena de violencias institucionales", que habría involucrado a "un oficial de justicia y a un notificador, que se aprovecharon de una relación jerárquica".
También señalaron que hubo un "abuso de poder", puesto que "uno de los acosadores encontró refugio en un juzgado amigable, pero la primera movida fue cambiar de lugar de trabajo a una de las víctimas".
Por último, señalaron que las "autoridades judiciales se han llamado a silencio demostrando la más alta indiferencia, poniendo de relieve la falta de perspectiva de género arraigada en ese Poder".

Recorrido de las denuncias.
Sin embargo, no tardó en llegar la respuesta del STJ, que puso en conocimiento el camino que transitaron las denuncias aludidas por la Asamblea.
"El STJ en ningún momento dejó de asumir las responsabilidades que le corresponden y, por el contrario, respondió inmediatamente frente a presentaciones de dos empleadas por presuntos maltratos y acosos laborales en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en General Pico. El primer escrito poniendo en conocimiento de esas supuestas conductas, está fechado el 21 de septiembre de 2018. Prestamente se inició una información sumaria y se dio intervención a la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica (Omyvd) para que remitiera un informe técnico. El expediente administrativo, fue elevado a la FIA. Eso significa que, a partir de ese momento, la investigación administrativa quedó a cargo de ese organismo y, por lo tanto, el Poder Judicial no tiene injerencia en ella. A su vez, el STJ dio vista de ello a la fiscalía general de la Segunda Circunscripción, ante la eventualidad de que pudiera haber cometido un delito de acción pública. El Ministerio Público Fiscal abrió un legajo penal, pero ante la falta de ratificación de la denuncia, debió archivarse", indica el comunicado.
También se dio cuenta que el 17 de septiembre pasado, "el STJ requirió un nuevo reporte a la Omydv y, a partir de esa iniciativa se elaboró otro informe técnico dando cuenta de un segundo caso de presunta violencia laboral contra una empleada. Por consiguiente, ese informe también se giró a la FIA". En este último caso, a la empleada se le otorgó una licencia por violencia de género; y a la otra denunciante, tal cual lo había pedido se le dio el pase a otra dependencia, "con las mismas condiciones laborales que tenía hasta ese momento".
Uno de los imputados en el expediente que se tramita en la FIA, también requirió el pase a otra dependencia, y le fue concedido.

Responsabilidad asumida.
El STJ puso de manifiesto que "en ningún momento dejó de asumir su responsabilidad como superintendente general sobre todos los organismos del Poder Judicial", que tampoco trató "la denuncia de una mujer en un mero trámite", que no se "llamó a silencio", y que por el contrario, "actuó en consecuencia y rápidamente en lo interno y quedó a la espera de la resolución final de la FIA".
En respuesta al punto en el cual el movimiento feminista calificó de "patriarcal" al Poder Judicial, el STJ reveló que el 63 por ciento de personal de la Justicia pampeana son mujeres.
Por último, sobre la exigencia de "brindar capacitaciones y talleres sobre perspectiva de género", señaló que "en La Pampa está en plena implementación la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública", y que una de estas capacitaciones se dictó el jueves en General Pico.