«Se han probado todos los delitos denunciados»

Vecinos del Barrio Butaló, encabezados por su representante legal, el abogado Omar Gebruers, convocaron ayer a una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante para rechazar la falta de mérito dictada por el Juzgado Federal para todos los involucrados en la fallida obra de cambio de redes cloacales que se debió hacer durante el gobierno de Luis Larrañaga.
Gebruers señaló que «la obra se debió hacer en el año 2015, y después de detectarse muchísimas irregularidades, debió volver a licitarse la obra, ya que las tareas que habían sido contratadas no fueron cumplidas por parte de la empresa, ni controladas por el municipio».
Los vecinos, que estuvieron acompañados en la conferencia por los integrantes de los bloques del Frepam y Comunidad Organizada, aseguraron que «este no es un problema político, sino un problema de los vecinos y de la ciudad», por lo que lamentaron que «no estén presentes los concejales oficialistas». Presentaron fotos e informes mostrando las conexiones no realizadas, o realizadas defectuosamente.
El abogado dijo además, que «fue probado absolutamente, que la obra no fue ejecutada en su totalidad. La empresa estaba obligada a hacer determinados trabajos que no hizo, y los cobró en su totalidad», entre los que citó «manipulación de los certificados de avance de obra, por parte del empresario, dicho por fiscales de la justicia provincial, antes de girar la causa al Juzgado Federal».
En ese sentido, agregó que «esto se dio con una responsabilidad de los funcionarios intervinientes, por permitir esa manipulación, y a su vez, elevar igualmente esos certificados para el pago», cuestión que hizo extensiva «a las autoridades máximas de la Municipalidad, por haber pagado esos certificados, a sabiendas de que no se habían realizado los trabajos».

Obras adicionales.
Gebruers dijo que esta situación generó la necesidad de «hacer obras adicionales, generando así un perjuicio económico para el municipio y para los vecinos. Eso está tan claro, que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que financió la primera obra, reclamó que la Municipalidad restituyera los fondos, porque la obra no estaba hecha y tuvo que ser licitada nuevamente».
«Se tuvieron que hacer obras adicionales, y después se tuvo que hacer la obra -no voy a decir nuevamente, porque la primera vez no se había hecho-, pagando por segunda vez los mismos trabajos. Se vio afectada la salud de los vecinos, y quedó demostrado el ardid o engaño, que requiere el Código Penal para la figura de la estafa, por parte de la empresa y de los funcionarios, inspectores de la obra», añadió.
Respecto de los funcionarios, el abogado señaló que «tenían que ser los ojos de la administración dentro de la obra, tenían que obligar a la empresa a hacer los trabajos indicados en el pliego, y a la hora de certificar, tenían que decir lo que estaba construido y lo que no».
Y agregó que «en este caso se tergiversaron los certificados, y fueron firmados por el inspector, encontrándose por ejemplo en Canadá, en la fecha que realizó las certificaciones. Desde allí verificó que no era necesario cambiar las acometidas o que habían sido cambiadas, en 246 casos».

La causa.
Finalmente, Gebruers explicó que «la causa se inició durante el gobierno de Leandro Altolaguirre, y la Municipalidad se presentó como querellante, con el aporte de los distintos bloques del CD. Cuando cambió el gobierno, la asesoría legal de la actual gestión continuó con la querella, pero salió la resolución judicial que declara la falta de mérito».
«Entonces, le pedimos al municipio que en defensa de los intereses de los vecinos y del propio municipio nos acompañe a pelear contra la resolución, que consideramos infundada. Entendemos que se han probado todos los delitos denunciados, por lo que no corresponde la falta de mérito, sino que corresponde un procesamiento y la elevación a juicio de la causa», concluyó el abogado.