"Se puede producir sin químicos, perfectamente"

"Es muy bueno que el tema se haya puesto en la mesa para debatirlo. Se puede producir perfectamente sin químicos, porque alguna vez se hizo. La discusión es si las producciones serían iguales o no. En el mundo hay numerosas alternativas no químicas", dijo el ingeniero Daniel López, encargado en el municipio de Winifreda de fiscalizar las aplicaciones de agroquímicos en el sector periurbano.
Winifreda tiene una normativa para la aplicación de agrotóxicos desde 2014, estableciendo "un área de restricción para el uso que refiere a la zona urbana, el parque recreativo, el cruce y el vivero, en la intersección de las rutas 35 y 10, y se impone una zona a 500 metros del límite que es de transición donde se puede aplicar agroquímicos de baja toxicidad, clases 3 y 4 con control municipal", señaló.
Sobre las aplicaciones, el ingeniero agrónomo explicó que los productores deben dar aviso a la comuna con 48 horas de anticipación: se controla la clase de los productos a aplicar, que la práctica se realice dentro de las buenas modalidades de aplicación y que el químico llegue al lugar correcto y no que sea expandido por el viento, generando un problema complejo.
La ley provincial establece que un técnico fitosanitario tiene que estar presente durante el 40 por ciento de tiempo de la aplicación de los agroquímicos. "En mi caso como hay más sensibilidad decidí personalmente permanecer todo el tiempo porque puede cambiar el viento y alguien tiene que tomar decisiones. Si la aplicación no es correcta se tiene que interrumpir, no se puede hacer con vientos fuertes", amplió López.
La situación de los agrotóxicos está hoy en la escena a partir de distintas denuncias surgidas en Miguel Riglos, donde un productor fue denunciado realizando aplicaciones cerca del pueblo, y en Intendente Alvear, donde la empresa Ferro Expreso ordenó la fumigación con agrotóxicos, por lo que fueron evacuadas seis escuelas, entre otras cuestiones que surgieron en La Pampa.
La denuncia de vecinos de Riglos originó la sanción de una ordenanza y la salida del director de Agricultura, Carlos Ferrero, del gobierno.

Sin control.
La aplicación de agroquímico se debe hacer por ley con la intervención de un técnico, aunque ello no siempre ocurre. "Si bien alguna legislación lo propone, operativamente no hay controles", se lamentó López con respecto a la compra que hace el productor de agroquímicos sin receta.
"Hemos avanzado pero hay empresas que compran directamente en el formulador. El glifosato se prepara acá. Los pooles de siembre compran grandes volúmenes en los laboratorios y lo aplican en todo el país. Tampoco hay control en la dosificación, depende mucho del técnico y las circunstancias", señaló.
Por otro lado, ratificó que "cada aplicador debe tener un asesor fitosanitario y su maquinaria tiene que estar registrada. Tenemos pocos (equipos) registrados)".
Sobre los bidones de agrotóxicos, López explicó que la Provincia está trabajando en resolver el tema con la creación de centros de acumulación y reciclado. Para ello tiene plazo hasta el 20 de enero como establece la normativa nacional. "La ley fija que a los centros transitorios de acumulación los tiene que financiar el que produce y eso está retrasado", manifestó.

Procesaron a tres productores
El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo procesó a los empresarios agropecuarios Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribo por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos en forma continuada al menos desde 2011 en adelante, indicó el sitio Infobae.
Los productores podrían recibir una pena de entre tres y 10 años de prisión por envenenar, adulterar o contaminar "de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general", según dicta el Código Penal de la Nación. También el juez embargó a cada uno de ellos por 3 millones de pesos.
En el fallo donde dictó el procesamiento, Villafuerte Ruzo hizo foco en la cuestión humana, en una zona donde abundan los casos de cáncer, tiroides, asma y enfermedades de la piel. "Los elementos utilizados por los imputados, además de estar contenidos en la legislación que establece el régimen para los desechos peligrosos, poseen entidad suficiente para provocar un daño a la salud de las personas", señaló.
Además destacó que, lejos de no saber lo que hacían, los imputados conocían "las acciones desplegadas, con total y absoluto dominio de los hechos, así como también la voluntad de sostener cada uno de estos elementos en la continuidad de las acciones delictuales". Para el juez los productores sabían que podían afectar a los vecinos y no les interesó.