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«Son por intereses políticos»

LOS BANDERAZOS A FAVOR DE VICENTIN

El periodista Huber Cracogna es oriundo de Villa Ocampo, Santa Fe, una localidad a 80 kilometros de Avellaneda, ciudad donde está asentada la carealera Vicentin. En diálogo con Radio Noticias, afirmó que quienes realizaron los banderazos responden a intereses políticos y que no eran productores. «Es muy raro y extraño que gente que habla de la propiedad privada, su crecimiento lo ha hecho a causa de la ‘generosidad’ que ha tenido el Estado», aseguró.
El gobernador santafesino Omar Perotti presentó un proyecto pero aún no obtuvo el dictamen de la justicia. «Está todo parado en la causa, pero hasta que a este muchacho (por el juez federal Fabián Lorenzini) no lo saquen o hasta que no se presente el proyecto de estatización en el Congreso, yo creo que no vamos a tener avances», opinó Cracogna.
«Vicentin es un empresa familiar que tiene 90 años, que ha hecho una apuesta muy fuerte a la producción pero, como otras tantas empresas, se ha dejado tentar por esa puerta oscura que la misma historia los invitaba», explicó el periodista para reseñar los orígenes de la firma.
Y recordó que durante la dictadura de Juan Carlos Onganía la firma recibió tierras fiscales «por las que nunca pagó un peso» y agregó que en 1982 la deuda que tenían fue absorbida por el Estado. «Nos hicimos cargo de una cuantiosa deuda».
«Lo de la propiedad privada se cae a pedazos respecto a esto», aseguró Cracogna. «Esa deuda la hemos pagado con falta de escuelas, de educación, de obra publica, de hospitales, con pobreza y miseria, de esta manera el pueblo argentino se hizo cargo de esta gente».
Ante esta situación de reiterados rescates, es que el periodista planteó que es «rarísimo que ahora esta gente venga a tratar de evitar una expropiación que nos permite, entre otras cosas, abrir un nuevo país en una suerte de equilibrio».
«Lo que se intenta acá es evitar que el Estado tenga una pata dentro de este gran negocio donde las cerealeras manejan un enorme poder», aseguró. También realizó una salvedad en torno a la empresa: «alejemos la idea de que es una empresa familiar, de que son unos pobrecitos».

«Bobazo».
Luego del anunció de expropiación de la cerealera, algunos sectores llamaron a manifestarse contra esta decisión del gobierno. Estas manifestaciones, según Cracogna, fueron «a pedido». «Este cacerolazo, banderazo, bobazo que hicieron, lo hicieron a pedido de un canal de Buenos Aires», afirmó y detalló que «se intento llevar a una especie de ‘sinecdóque’ diciendo que no sólo era Avellaneda, sino que era el norte de Santa fe. Esa gente que estaba ahí representa el 10% de lo que es Avellaneda, y la mayoría de esa gente ni siquiera es productora, son punteros políticos del intendente», explicó y aclaró que lo que los moviliza es el interés político de seguir manteniéndose en puestos de privilegio.
«Intentan salvar lo que ellos entienden como un privilegio que les ha permitido construir una casta que lleva 40 años gobernando esa localidad», aseguró.
«Me pasaron un informe de la cooperativa de Avellaneda, que es la segunda gran empresa de la localidad, que le deben 177 millones de pesos», destacó Cracogna pero también explicó que «los cooperativista no estuvieron agitando banderas pero tampoco salen a decir esto porque en realidad también son parte del riñón de toda esta articulación extraña, toda esta convivencia siniestra del poder fáctico, que es Vicentin, con el poder político que los han convertido a todos en absolutos ‘rigolettos’, pero no de ahora», aseveró.
«En realidad lo que quiere esta gente es que el Estado se haga cargo, como tanta veces hizo, que le paguemos la joda a todos y después seguir haciendo lo que vienen haciendo. Pero no solo el poder político de Avellaneda, han tenido un enorme poder en la provincia», expuso.

Juez, ¿y parte?
El decreto firmado por Alberto Fernández nombró como interventor de la firma a Gabriel Delgado, pero días después el juez Lorenzini reinstaló a la dirección de Vicentin dejando a Delgado como veedor. «Tengo la idea de que mientras esté el actual juez llevando adelante este proceso, no va a avanzar absolutamente nada, porque en realidad el juez no dio lugar a lo que propuso Perotti y desconoció el articulado, ese decreto que firmó el Presidente», contó.
Sobre la carrera del juez, el periodista dijo que se conoció que Lorenzini trabajó durante 18 años en el Banco Nación y que su firma está en los préstamos otorgados a la cerealera. «Él aprobaba el otorgamiento de los créditos a Vicentin. Cuando se lo puso a Lorenzini lo que se decía era que lo iba a recusar la empresa, ahora sabemos porqué no lo recusó, porque era el señor que firmaba parte de esos créditos», afirmó.

«Esto no tiene marcha atrás»
«Pienso que lo que se anunció desde Nación no tiene marcha atrás», afirmó Cracogna. «Me da la impresión que marca un antes y un después en la Argentina y no se puede dar marcha atrás con eso, no veo a un Alberto Fernández improvisado y haciendo anuncios banales en cuanto a esto». Además afirmó que se trata también de «la historia de la Argentina que tiene que terminar de una vez por todas, tiene que terminar el Estado bobo, cómplice, tiene que terminar la Argentina donde el pueblo le paga la joda a las grande empresas».