Subzona 14

Baraldini y Greppi, principales acusados
Se conocerán hoy las condenas que solicitará la querella al Tribunal Oral Federal contra los 14 ex militares y ex policías acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en La Pampa, en el marco de la causa Subzona 14 II.
Se espera la acusación más dura contra el ex militar y ex jefe de Policía de la dictadura Luis Enrique Baraldini, el máximo responsable de la represión en la provincia, que está acusado por asociación ilícita, genocidio, secuestros y torturas en perjuicio de 214 víctimas.
En el caso del ex militar y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi, también está en el centro de la escena como protagonista de la dictadura. Está imputado por asociación ilícita, secuestros, torturas y genocidio, en perjuicio de 91 personas.
Durante la audiencia, también hablarán dos víctimas, Raquel Barabaschi y Juan Carlos “Pinky” Pumilla.
Ayer, continuaron las jornadas de alegatos en el Colegio de Abogados donde el querellante Maximiliano Corroinca se refirió en principio a un grupo de empresarios contratistas del Estado que fueron acusados en 1977 por “subversión económica” y entre enero y el 5 de marzo, secuestrados y torturados por “atentar contra el orden económico”.
Afirmó que la dictadura buscó “modificar” la estructura económica y el proceso de industrialización” que llevaba adelante el país. En ese marco, los empresarios pampeanos fueron perseguidos y acusados por supuestos delitos de cohecho y coimas en la obra pública.
La causa fue instruida por Baraldini, Roberto Constantino y Roberto Fiorucci por disposición del gobernador militar Carlos Arrieta y el ministro de Obras Públicas, el coronel Enrique Recchi.
Corroinca señaló que los contratistas eran acusados por irregularidades en la obra pública y agregó que “los empresarios pampeanos terminaron presos porque Recchi quería tener obras” en la provincia con su empresa.
Sobre el secuestros de los empresarios, dijo que fueron citados a declarar y luego quedaron detenidos a disposición de la Subzona 14. “Se les sacó información en los interrogatorios donde casualmente las victimas se autoincriminaban”, explicó.
En 1977, los empresarios fueron detenidos y trasladados a la Seccional Primera. Entre ellos, estuvieron Emir Bassa, los hermanos Luis y José García, Héctor Nery Martínez, contador del Ente del Río Colorado, Salvador Scarpello, Segundo Gómez, Jaso Begoña Elorriaga y Alberto Larrañaga.
Por los hechos en cuestión, fueron acusados Baraldini, Athos Reta, Juan Domingo Gatica, Oscar Yorio, Carlos Reinhart, Máximo Pérez Oneto y Néstor Cenizo por los delitos de asociación ilícita, secuestro agravado, tormentos y genocidio.

“Por una broma”.
Por otro lado, Corroinca se refirió al secuestro de un grupo de comerciantes, prestamistas y ganaderos, entre ellos el gerente de la tienda “Galver”, y también advirtió sobre víctimas detenidas por venta de ganado en el oeste.
Con respecto a las víctimas secuestradas por “averiguaciones ordinarias”, dijo que allí quedó claro “el despliegue y la articulación del sistema represivo en la provincia y la disposición y el control operacional de las fuerzas de seguridad policiales al mando de la Subzona 14”. En este sentido, imputó entre otros a Baraldini, Greppi por asociación ilícita, secuestro agravado, tormentos y genocidio.
Corroinca también puntualizó sobre el grupo de personas que fueron detenidas en sus domicilios de Ingeniero Luiggi por “una broma”, el 25 de diciembre de 1976, cuando detuvieron un auto en la ruta 35, haciéndose pasar por policías. Mencionó a Roberto Torres, Raúl Pastorino, Omar Seia, Oscar Grande y Carlos García, quienes fueron secuestrados y torturados. Por estos hechos acusó a Baraldini, Athos Reta y Hugo Marenchino en un caso.
Por otro lado, el letrado también se refirió a la detención en 1977 de Carlos Prado y Luis Tomasini por un supuesto robo de animales en La Adela. “Hubo una coordinación represiva junto con los comandos de otras provincias, porque las víctimas de estos delitos estuvieron detenidos en forma clandestina en La Pampa, Bahía Blanca y Río Negro”, añadió.

Jueces en prisión.
A su turno, el abogado Miguel Villagra alegó sobre la detención ilegal de un grupo de personas en Alpachiri en julio de 1977, cuando pararon en una camioneta frente a una comisaría porque les llamó la atención un operativo militar que había en el lugar. Por ello acusó a Baraldini por asociación ilícita, secuestro, tormentos y genocidio.
Por otro lado, manifestó que durante la dictadura hubo “víctimas como empleados y magistrados judiciales” a pesar del apoyo que brindó a los militares un sector del Poder Judicial, brindando cobertura y “complicidad”.
“La dictadura necesitaba de un sector del Poder Judicial y del grupo de tareas que lleve a cabo las detenciones, secuestros y tormentos”, siguió.
Mencionó como víctimas de secuestros y torturas a Juan José Brower de Konning, juez de Primera Instancia de General Acha; Juan de Dios Uncal, juez federal de Santa Rosa; Alejandro Ghigliani, presidente del Superior Tribunal de Justicia entre 1973 y 1975; Federico De Marco, juez provincial de General Pico; y los empleados judiciales René Villanueva, Ricardo Alvarez y Rolando Nevares. Por ello fueron acusados Baraldini y Greppi, Máximo Pérez Oneto y “Miseria” López por asociación ilícita, secuestro agravado, tormentos y genocidio.

Contra la militancia.
Villagra recordó el proceder del grupo de tareas en el Operativo Requisa que llevó a la detencion ilegal de la familia de los “Becos” Rodríguez en la zona norte de Santa Rosa. Eran militantes peronistas y trabajadores de la construcción. “Se penalizaba la militancia política de las personas”, dijo el letrado. En estos casos, también acusó a Baraldini y Greppi por asociación ilícita, secuestro agravado, tormentos, violación de domicilio, y genocidio, a los que sumó a Reta, Carlos Reinhart, López, Jorge Domingo Gatica, Néstor Cenizo, Oscar y Miguel Angel Ochoa.
En otro tramo de su exposición, se refirió al grupo de 13 personas de Intendente Alvear que fueron detenidas ilegalmente en abril de 1978 en el marco de la ley de antisubversión, por cuestiones similares a los contratistas. La querella pidió condenar a Baraldini, Greppi, Gatica y Orlando Pérez.
Villagra también detalló los secuestros y tormentos que sufrieron un grupo de más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo y familiares que trabajan en la provincia. Entre las víctimas, señaló a José Aquiles Regazzoli y su hija, Rodolfo de Diego, Hugo Cisneros, Justo Roma, Héctor Zolecio. Por ello, fueron acusados Baraldini, Greppi, además de Pérez Oneto, Yorio y Cenizo.