Subzona 14 II: solicitaron penas de 10 a 25 años contra los acusados

El fiscal Miguel Palazzani solicitó ayer penas de entre 25 y 10 años para los acusados en el juicio denominada Subzona 14 II, en el que se investigan 234 casos por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la última dictadura y cuestionó los discursos “negacionistas” de la actualidad, afirmando que se trata de “los delitos más graves que podemos encontrar y por eso merecen las penas más severas”.
Entre los principales acusados, el ex jefe de la Policía pampeana Luis Enrique Baraldini, símbolo del plan represivo instalado en La Pampa, que estuvo prófugo durante ocho años en Bolivia y por primera vez es juzgado, podría ser condenado a 25 años de cárcel por delitos cometidos en perjuicio de 214 víctimas. La misma pena fue solicitada para el ex militar Néstor Omar Greppi (acusado por 91 casos), que fue secretario general de la Gobernación en la dictadura.
Para el ex médico policial Máximo Pérez Oneto (22), la fiscalía solicitó también una condena de 25 años de cárcel porque se dedicaba “al control de la tortura de las víctimas, la lógica era controlarlos y no matarlos para sacarles información. Tuvo contacto directo con ellas en un lugar neurálgico” de la represión: la Seccional Primera, donde funcionó el principal centro clandestino de detención de la provincia.
En el caso del médico, agregó que “no estaba casualmente en el lugar y controlaba la presión de las víctimas y otras cuestiones médicas, era un aporte fundamental para controlar que puedan seguir brindando información”.
Ante el Tribunal Oral Federal, el fiscal Palazzani pidió que Antonio Oscar Yorio (31) sea condenado a 22 años de prisión, al igual que Néstor Bonifacio Cenizo (33), Carlos Alberto Reinhart (35)y Athos Reta (34); para Oscar Alberto “Miseria” López (23) y Juan Domingo Gatica (26) solicitó 20 años, 18 años para Hugo Roberto Marenchino (7), 14 años para Jorge Osvaldo Quinteros (4), 12 años para Luis Horacio Lucero (1), y 10 años para Orlando Osmar Pérez (31) y Miguel Angel Ochoa (4).
Todos están acusados por los delitos de genocidio, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad en carácter de funcionario público con el agravante de hechos cometidos con violencia o amenazas, en concurso real con imposición de tormentos reiterados.
Durante la audiencia también estuvo presente el fiscal federal Leonel Gómez Barbella.

Inteligencia.
En el inicio de su exposición, Palazzani dio por comprobada la autoría de los acusados y “la intervención directa de todos” porque “no solo ejercían posiciones de mandos para que el plan represivo se aplique en La Pampa por una orden nacional, además dominaban los operativos de torturas y secuestros”.
El fiscal destacó que para seleccionar “los blancos potenciales”, es decir a las víctimas, “las tareas requerían esfuerzos de Inteligencia, de acción psicológica y operativos” y recordó que los efectivos usaban los sumarios policiales “para dar legalidad” a las detenciones que no tenían orden judicial.
Por otro lado, resaltó la acusación por genocidio, lo mismo que pidió la querella, basándose en la cantidad de víctimas afectadas como estudiantes, militantes políticos, dirigentes sindicales y sociales. “Este juicio es ideal para caracterizar los hechos que juzgamos como genocidio a partir de una sentencia”, señaló Palazzani.
“Las víctimas no podían encontrar ninguna protección, porque el Estado estaba delinquiendo, armado y confabulado. Eso es motivo de agravante”, indicó el fiscal en la sala del Colegio de Abogados.

Crímenes.
Al fundamentar el pedido de penas, Palazzani señaló que hay “una gravedad inusitada” en los crímenes contra la humanidad y que los acusados “merecen las penas más severas. Los delitos más graves son los que se cometen desde el Estado, que mutó a un Estado criminal y no había defensa posible, lo que marca la imprescriptibilidad de los delitos”.
“Las condenas se tienen que cumplir en cárcel común”, resaltó y solicitó que se revoquen las prisiones domiciliarias de los imputados detenidos que tienen el beneficio. En este último punto, amplió: “El dictado de una sentencia definitiva, va a constituir una circunstancia distinta y va a agravar el riesgo procesal”. También señaló “los padecimientos y el calvario” que vivieron familiares de las víctimas en la dictadura.
En otro tramo de su exposición, el fiscal destacó las 180 sentencias dictadas en todo el país en causas por lo ocurrido en la dictadura y reiteró que “no había posibilidad de socorro ninguno” para las víctimas, por la represión originada desde el Estado. “Se trató de eliminar una identidad colectiva, fue un ataque para eliminar parte de un grupo nacional”.

Reparación “simbólica”.
Además, solicitó la pérdida de los beneficios de jubilación, pensión y la baja por exoneración de la fuerza de seguridad para los acusados que sean condenados y también la baja de la matrícula del médico Pérez Oneto porque es “inconcebible” que siga ejerciendo la profesión. “Es fundamental la reparación”, siguió.
Dentro de las medidas reparatorias, también pidió la restitución de la ex Escuela Hogar de la calle Raúl B. Díaz, que es ocupado por la X Brigada Mecanizada del Ejército y que se pretende vuelva al Ministerio de Educación de la Nación, instalándose allí una placa recordatoria a las víctimas del terrorismo de Estado.
Por último, tras un contundente relato y los argumentos por los pedidos de condenas para los represores, Palazzani aseguró que “seguiremos persistiendo en los juicios” porque “es la manera de mantener un obstinado presente, con toda su sangre e ignominia, algo que desde algunos sectores sociales que están queriendo hacernos entrar en el cómodo país del olvido. Como se dijo en el final del alegato de las partes en el juicio anterior, estos juicios, que en apariencia están mirando el pasado, pero estos juicios, señores jueces, en realidad están mirando el futuro”.
En la continuidad del juicio, las defensas de los represores continuarán el próximo 6 de marzo y se espera que se extiendan durante varias jornadas, con los alegatos. Posteriormente, el Tribunal Oral Federal iniciará un proceso de resolución para dictar sentencia.