Subzona 14: juzgarán los delitos de índole sexual

Por primera vez en La Pampa se juzgarán delitos de índole sexual, perpetrados contra las mujeres que fueron víctimas de la represión militar en los años 70, en el marco del tercer juicio que involucra a expolicías y exmilitares.
El tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 14, que abarcó el territorio pampeano, «aún no tiene fecha de inicio pero sí incorporará los delitos de índole sexual, a los que fueron sometidas mujeres víctimas del terrorismo de Estado», confirmó el abogado Franco Catalani, querellante en los dos juicios que se sustanciaron antes en la provincia, rol que además volverá a tener en el tercer proceso judicial.
El contexto de esta espera tiene por un lado, según opina Catalani, la situación generada por la pandemia de coronavirus, pero por otro «un sentimiento de frustración, porque vemos cómo se van liberando a los condenados por delitos de lesa humanidad, lo que visibiliza que hay una parte del poder judicial que carece de formación y conciencia sobre los derechos humanos y eso es una enorme asignatura pendiente que tiene el país».
Por otro lado, Raquel Barabaschi, quien fue víctima de la dictadura en La Pampa y querellante en la causa, dialogó con LA ARENA y explicó que solo se incluirán los hechos que tuvieron como víctima a Stella Maris Barrios y Norberto Ponce. «Los abusos de los que fuimos victima todas las mujeres fueron considerados como apremios ilegales y no serán tratados en este tercer juicio», indicó.
«Se apeló porque pedimos que los abusos se juzguen como delitos sexuales y como crímenes de lesa humanidad. La apelación esta en la Corte, que aun no resolvió. Hay que esperar esa resolución y si nos hacen lugar serán juzgados en el cuarto juicio», agregó.

Siete imputados.
La tercera etapa del juicio cuenta con siete imputados, entre ellos dos militares y un policía, que afrontan un juicio por primera vez. A ellos se suma el exjefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura militar, Luis Enrique Baraldini, que volverá a enfrentarse a cargos, esta vez, de parte de 196 víctimas.
Baraldini fue sindicado por las víctimas como el «autor material e intelectual de la represión» en la provincia, pero fue condenado a 25 años de prisión recién en el segundo juicio porque en el primero se encontraba prófugo de la justicia.
Las fuerzas de seguridad lograron recapturarlo en Bolivia y hoy, por decisión del Tribunal Oral Federal, goza del beneficio de prisión domiciliaria por ser positivo de coronavirus.
De este modo, serán 196 las víctimas las que estarán presentes en este tercer juicio por delitos de lesa humanidad y, frente a ellas, los acusados: además de Baraldini, el ex militar Nestor Greppi; el expolicía Carlos Reinhart, ambos condenados en juicios previos; los militares Jorge Omar De Bartolo, excapitán del Ejercito y responsable de la logística del Regimiento de Toay, y Gerardo José Jauregui, ex mayor jefe de operaciones del mismo regimiento.
Además, estarán el expolicía Humberto Riffaldi, jefe del departamento de informaciones de la Policía y el excomisario Roberto Fiorucci, también condenado en el primer juicio, mientras que en el segundo quedó afuera por su estado de salud.

Delitos de índole sexual.
El primer juicio, que se realizó en 2010, se instruyó en Capital Federal y contempló una cantidad menor de hechos. En la segunda etapa, que se llevó a cabo en 2019, juzgaron los hechos restantes, pero quedaron pendientes los delitos de índole sexual, ya que inicialmente fueron tipificados como «tormentos» sin distinguir la especifidad del abuso sexual.
El abogado sostuvo, en diálogo con Télam, que este nuevo juicio «forma parte de este largo proceso de memoria y verdad que lleva adelante el pueblo argentino, en este caso concreto los y las pampeanas, desde hace tres décadas».
«No se puede hablar de justicia cuando un proceso de este tipo se lleva a cabo 30 años después de los hechos ocurridos, con gran resistencia de una parte del poder judicial, y que después de este esfuerzo transgeneracional que hemos hecho para lograr que un genocida vaya preso, por distintas circunstancias hoy logre obtener una domiciliaria», señaló.
A su vez, Catalani no ocultó el sentimiento de frustración «que genera ver que todo lo que se hizo no se traduce en el cumplimiento de una condena como corresponde y como lo establecen documentos internacionales, por la magnitud del daño que estas personas generaron a nuestro pueblo».
En ese sentido, manifestó que «en el derecho hay fundamentos para todo, en este caso para darles o no el beneficio de la libertad, pero esa decisión pone de manifiesto la falta de conciencia y formación en derechos humanos de una parte de poder judicial de nuestro país. Esas decisiones visibilizan que hay un sector de la Justicia que carece de perspectiva en la materia».

Una asignatura pendiente.
Para el abogado, las determinaciones que se toman con esa perspectiva constituyen «una gran asignatura pendiente», sobre todo en un país en el que los derechos humanos «con todos sus significados constituye un eje vertebral en una sociedad que pensamos de cara al futuro».
De esta manera, remarcó que en esta tercera etapa se incluirán los delitos de índole sexual, que no fueron juzgados en los dos anteriores. «Van a ponerse en evidencia los crímenes contra la integridad sexual, es un reclamo que en este sentido va a estar presente, por los organismos de derechos humanos y por los y las militantes», destacó.
«Si eso se verá reflejado en las condenas, no lo se. Veremos si la sentencia evidencia esa perspectiva en los jueces en el momento de los fundamentos y la condena. Ojalá que si haya condena. Ojalá que sí se haga justicia», concluyó. (Télam)