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Subzona 14: ratifican la fecha del tercer juicio

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos, informó que entre febrero y marzo de este año se iniciaron los debates de cinco causas donde se juzgan delitos de lesa humanidad y confirmó que el 12 de abril se espera el inicio de la tercera etapa del juicio de la Subzona 14.
En el reporte publicado por el sitio del Ministerio Público Fiscal (MPF), desde la Procuraduría precisaron que “en la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso”.
El organismo encargado de articular con los y las representantes del MPF de todo el país la persecución penal en estos casos, puso de relieve que “entre febrero y marzo de 2021 -mes del 45° aniversario del golpe de Estado de 1976- han iniciado los debates de cinco causas y que en abril se espera el inicio de otra”. Se trata de la tercera etapa del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en La Pampa.
La ficha del juicio, publicada por el MPF en su cronograma, señala que “está a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, integrado por Marcos Javier Aguerrido, José Mario Triputti y Pablo Díaz Lacava. Interviene la fiscal Iara Silvestre”. A su vez, establece como fecha de inicio el 12 de abril y detalla que los imputados son “Luis Enrique Baraldini, Néstor Greppi, Jorge Omar De Bartolo, Roberto Oscar Fiorucci, Carlos Roberto Reinhart y Humberto Riffaldi”, acusados de “privaciones ilegítimas de libertad, aplicación de tormentos, vejaciones y crímenes contra la libertad sexual”.

La pandemia influyó.

Desde la Procuraduría señalaron que “la situación de emergencia sanitaria ha influido en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados previamente al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia”.
“Con los datos estadísticos cerrados al 16 de marzo pasado, los condenados y condenadas por estos crímenes desde 2006 -cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- suman 1025, mientras que otras 165 personas resultaron absueltas”, detallaron.
A su vez, indicaron que “hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida. Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas. A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto”.

Un 47 % en libertad.

Por otro lado, precisaron que del universo de 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas, “hay 1661 -es decir, un 47% del total- que transitan los procesos en libertad, mientras que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016”.
Finalmente, en relación con el tiempo que insume la tramitación de estas causas, desde la Procuraduría promediaron los plazos y estimaron “que transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme”. Analizado ese lapso por tramos, desde el organismo establecieron que “en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema”.