Tarjetas truchas: investigan al acusado

LA PENA PREVISTA CONTEMPLA DE UNO A SEIS AÑOS DE PRISION

La Fiscalía de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública formalizó este lunes la investigación por la venta de tarjetas de estacionamiento apócrifas similares a las del municipio santarroseño y acusó a Ángel Marana, un empleado contratado por la comuna, de ser autor de los delitos de “Uso de instrumento privado falsificado” y de “Defraudación contra la administración pública”.
De ser culpable, Marana podría cumplir una pena que va de uno a seis años de prisión. A través de una audiencia de formalización, la fiscal Cecilia Molinari solicitó la apertura del celular personal del acusado y la jueza, María Florencia Maza, accedió al pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal pese a que los abogados defensores se opusieron.
Durante la investigación la Justicia secuestró un total de 618 tarjetas, causando un perjuicio económico a la comuna cercano a los 5.000 pesos. Sumado a esto, el municipio tuvo que retirar de circulación las tarjetas que se habían extendido a los 70 locales habilitados para su venta; y durante 15 días no se levantaron infracciones por la falta de las tarjetas para estacionamiento medido. La medida dispuesta por la Municipalidad dejaría de regir este miércoles 15.

Audiencia.
Angel Marana arribó el lunes por la mañana a la Ciudad Judicial junto a sus abogados Matías Binci y Sebastián Asad y oyó la acusación de la fiscal. Previamente había declarado frente a la fiscal en calidad de imputado. Posteriormente, en la audiencia, la representante del MPF lo acusó de “vender tarjetas de estacionamiento apócrifas en distintos comercios autorizados a su venta en esta ciudad”.
Marana era un empleado contratado por la comuna (su convenio concluía a fines de julio) y estaba encargado de la distribución y venta de las tarjetas de estacionamiento. En este sentido la fiscal argumentó la detección de una maniobra “en la que se secuestraron 618 tarjetas apócrifas causándole un perjuicio económico a la municipalidad ya que se le atribuye de haber recibido 4.944 pesos, teniendo en cuenta que cada tarjeta era vendida a 8 pesos”.
Para la Justicia, Marana “mechaba tarjetas apócrifas entre las originales”. La comuna local también fue perjudicada económicamente a causa de la reposición de todas las tarjetas en circulación a comerciantes y ciudadanos, por lo que se dejó entrever que “el perjuicio seguramente será mayor”.

Apertura.
Molinari solicitó a la jueza de audiencia que se lleve a cabo la apertura de un teléfono celular (personal del acusado) y Maza hizo lugar a ello, sin embargo los abogados defensores se negaron al respecto porque esta diligencia “violenta el derecho de propiedad de nuestro defendido y el derecho de trabajo, porque el teléfono es una herramienta de trabajo”, indicó Binci. La fiscal explicó que a través de dicha apertura “la fiscalía la utilizará como herramienta de prueba” a los fines de confirmar la participación y relación o no de otras personas; para conocer el modus operandi para la distribución e impresión de las tarjetas “truchas”.

Investigación.
La investigación por el fraude con las tarjetas de estacionamiento inició a fines del mes pasado; cuando la Policía realizó una serie de procedimientos en comercios del centro capitalino, en los cuales se expenden las tarjetas que los automovilistas deben adquirir para aparcar en las zonas de estacionamiento medido sin ser multados.
Al parecer, en dichos operativos, se había detectado que un kiosco tenía a la venta tarjetas apócrifas, situación que motivó el decomiso de las mismas. En ese mismo procedimiento, la Policía llevó las tarjetas a otro comercio que las vende, de otro rubro, para compararlas. Sorpresivamente, los investigadores notaron que las de ese local también eran falsas, situación que motivó un nuevo decomiso.
En Santa Rosa, el estacionamiento medido se realiza con tarjetas de papel que el municipio vende a los comercios a 8 pesos y éstos expenden al público a 10 pesos. Una tarjeta sirve solamente para permanecer estacionado por treinta minutos, con lo cual, una persona que va a permanecer estacionada por más tiempo debe adquirir más de una.