Toay: la familia del diputado Rojas justificó las modificaciones

La familia del diputado provincial Ariel Rojas -ex intendente de la localidad de Toay-, es la propietaria actual de la Casa del Fundador del pueblo que ahora está siendo intervenida y cuya fachada original se perderá, pese a los reclamos de vecinos y por causa del no cumplimiento por parte del Ejecutivo municipal de las ordenanzas que dictó el legislativo en pos de la preservación del patrimonio histórico.
Rojas fue intendente entre 2007 y 2019, por tres períodos, y nunca acató la ordenanza 35/2014 por la cual debía crearse una comisión para relevar todos los bienes históricos e incluirlos en el Registro de Patrimonio Histórico.
Hoy, tanto la Casa del Fundador como otra veintena de edificios con valor histórico, no cuentan con ningún tipo de protección y están a merced de lo que sus actuales propietarios deseen hacer con ellos.
LA ARENA informó hace pocos días de una iniciativa de tres concejales del oficialismo en el sentido de pedir al Ejecutivo que a la brevedad le de forma a esa comisión ya que la ordenanza tiene vigencia, mientras que Silvia Mirta Brown, nieta de Juan Guillermo Brown, elevó una fuerte nota al Concejo Deliberante por la que pide que de forma urgente cesen los trabajos que se hacen sobre la propiedad, entre otras medidas (ver aparte).

Locales comerciales.
A fines de agosto, en nota dirigida al Concejo Deliberante, Ariel Rojas, su hermana Liliana y su madre, Eva Ardohain, comunicaron el proyecto ahora en marcha. Describieron las intenciones, expusieron las razones y dijeron que la intervención es necesaria por la aparición de fisuras y el deterioro lógico del paso del tiempo.
Es escrito, al que tuvo acceso esta redacción, indica que el deseo de remodelar va a atado a la decisión de respetar y priorizar los lineamientos originales, pero señalan que ya hubo otras intervenciones en el edificio que lo modificaron. «No siempre siguieron la sintonía de la fachada», admitieron.
La familia del dirigente indicó que el objetivo de refaccionar es «poner en valor el edificio», que es ahora propiedad de «quienes suscriben». Dicen que por un sinnúmero de motivos la casa es especial, única y distinguida, tanto para los habitantes de Toay como por quienes llegan como visitantes a la ciudad.
No esconden que el objetivo final es «convertirla en locales comerciales que le den vida al centro de la ciudad» y revelan que es intención de la obra uniformar aberturas haciendo eje en las arcadas existentes que, remarcan, ya han sido antes intervenidas.

Antecedentes.
Luego del trabajo de la comisión ad-hoc conformada para el Centenario de Toay, y cuyo resultado y recomendación naufragó en la gestión de los sucesivos intendentes, en 2007 el CD insistió.
Por ordenanza número 18 de ese año adhirió a Ley Provincial 2083, de Conservación del Patrimonio Histórico Provincial.
Más adelante, ahora en 2014 ya con Ariel Rojas como intendente municipal, el CD volvió a legislar sancionando la ordenanza 35. La norma creó el Fondo Permanente de Conservación del Patrimonio Cultural y ordenó al Ejecutivo la conformación de una comisión que releve los bienes a preservar en la localidad (y que según el historiador Pedro Vigne son unos veinte) y los incluya en el Registro de Patrimonio Histórico.
Esto nunca se cumplió, ni hasta el fin del mandato del ahora diputado provincial ni en lo que va de la gestión del actual intendente Rodolfo Alvarez. Tan vigente está esa ordenanza que ahora, tres concejales del bloque oficialistas le piden al intendente que «a la brevedad» conforme esa comisión y la ponga a trabajar.
Lo hacen luego de repasar estos mismos antecedentes que mencionamos aquí y que, consideran, hace que no haya necesidad de dictar nuevas normas sobre el particular. Sólo hay que ejecutar las que nunca se ejecutaron.
Los ediles consideran que además de las ordenanzas incumplidas, el código de ordenamiento urbano que tiene vigente Toay plantea diferentes criterios de evaluación del patrimonio y prevé la firma de convenios a fin de generar compensaciones y eximiciones de pago de obligaciones por parte de los actuales dueños de edificios históricos. También establece un sistema de declaración de utilidad pública patrimonial, que, es más que evidente, nunca se utilizó.