Toay no aceptó conciliación y pidió a la jueza que resuelva

En la mañana de ayer se desarrolló en el Centro Judicial de Santa Rosa una audiencia de conciliación entre la Municipalidad de Toay y Chakra Raíz, que terminó sin acuerdo. Por lo tanto, la demanda civil por desalojo contra el citado colectivo continuará tramitándose en el Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 2 hasta que se dicte una sentencia.

El 4 de mayo la jueza María del Carmen García hará un reconocimiento del asentamiento.
La audiencia, a pedido de Chakra Raíz, se dio de manera presencial, cumpliendo los requisitos sanitarios. Se realizó en la Sala 8 del Centro Judicial, y estuvo presidida por García, quien en todo momento instó a las partes a alcanzar una solución en conjunto.

«Creo que fue productivo reunirnos y que cada parte escuchara a la otra. Acá hay un problema social. Yo tengo una serie de hechos y leyes, y en ese marco resolveré. Pero más allá de eso hay una realidad, donde hay niñas y niños con derechos», dijo la magistrada, y añadió que «por eso les voy a pedir encarecidamente a los abogados que trabajen juntos para llegar a un acuerdo. Y un acuerdo no es el ciento por ciento de lo que cada parte pretende, sino un punto de encuentro entre ambas posturas», señaló.

Ante la falta de conciliación, García informó que avanzará con la demanda y anunció que como medida de prueba, realizará una visita «in situ» el 4 de mayo a las tierras en disputa ubicadas en Toay y una audiencia por Zoom para el día siguiente donde solo declararán presencialmente los testigos.

Audiencia.
A la audiencia de ayer asistieron el intendente de Toay, Rodolfo José Álvarez, y el abogado del municipio Guillermo Galcerán; en representación de los demandados, el abogado Iván Gabriel Alarcón Burgos y Anahí Montes Saavedra, Gabriela Sosa, Jimena Sol Gutiérrez, Ana Carolina Peralta, Marco Aurelio Brevi, Ricardo Wagner, Gastón Balbo, Santiago Castellani y Javier Loisa, integrantes del colectivo; la defensora oficial Ana Carolina Díaz; el director provincial general de Niñez, Adolescencia y Familia, Rodrigo Lofvall; y el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca.

La comuna arguye que existe un ocupamiento ilegal de las tierras situadas entre las calles Catamarca, Rivera, San Luis y Cabildo, en Toay, y que ellas deben serles restituidas.
El colectivo Chakra Raíz, en cambio, sostiene que llevan cinco años y medio allí -dijeron que no se trata de seis manzanas como figura en la demanda, sino de dos-, que no deben restituir el inmueble y, amparándose en la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que están reconocidos como un barrio popular por el Registro Nacional de Barrios Populares.

«Ninguna posibilidad».
En la audiencia, Galcerán afirmó que «no hay ninguna posibilidad de arreglo» y pidió, en nombre del municipio, que el conflicto se resuelva a través de una sentencia. Asimismo, indicó que «el inmueble está afectado a la construcción de casas, o sea a un servicio público. No se puede convalidar la ocupación, permitiendo la compra de las tierras o entregando otro inmueble, porque esto empieza con Chakra Raíz y no sabemos cómo termina. La municipalidad pretende que se dicte una sentencia para tener en claro si estas conductas están o no permitidas».

Burgos, a su turno, contestó: «Teníamos la certeza de que Toay no haría ninguna propuesta. No sé si mis representados pensaron en algo».
Ante esa respuesta, Montes Saavedra manifestó que «siempre nos acercamos al municipio y le llevamos un proyecto para construir viviendas y habitar un espacio que es un pulmón verde y un lugar de recarga del acuífero. Permanentemente intentamos alcanzar un acuerdo y también dijimos que estamos dispuestos a pagar las tierras como se abonan las viviendas sociales. Ya pasamos un juicio penal, constituimos casas, hicimos una perforación, instalamos un molino para proveernos de agua y colocamos pantallas solares. No hablamos de palos y plásticos como techos».

Balbo, por su parte, agregó: «Siempre manifestamos que no queremos nada regalado. Acá se discuten derechos humanos y a la vivienda, que están garantizados por la Constitución y los pactos internacionales». Y rescató que desde el Poder Judicial se promoviera la audiencia para que las partes estuvieran frente a frente.

Necesidad de diálogo.
Meaca, Lofvall y la defensora Díaz subrayaron la necesidad de que exista diálogo entre la Municipalidad y el colectivo para llegar a un acuerdo. Meaca dijo que se analizará el alcance de la ley 27.453, que se están violando derechos de los niños que viven allí (alrededor de 15) y solicitó que se le brinde al colectivo el servicio de luz.

Lofvall resaltó que desde el Estado provincial «intervinimos en forma primaria y directa, supervisando y acompañando al área de Niñez del municipio y trabajando con nueve familias. Hoy, en general, no existen derechos vulnerados dentro de la comunidad, sí hay dos casos que están resolviéndose (a un niño le faltaba darse vacunas y otro está en un proceso de reinserción escolar). Sí concuerdo con Meaca en la falta de accesos a servicios esenciales como la luz».

A su vez, Díaz sostuvo que «el Estado no puede quitarse la responsabilidad de proteger derechos de niños y adultos ya que el agua y la luz son derechos humanos. Por eso, en el ‘mientras tanto’, y más allá de cuál sea la sentencia, no se puede dejar de prestar colaboración para que accedan a esos derechos básicos».

El intendente le pidió a la defensora que «no nos acuse de algo que no es específico del juicio»; mientras que Galcerán calificó de «aventurado e irresponsable decir que existe una responsabilidad del municipio, cuando sus autoridades concurrieron en innumerables oportunidades al lugar».