Inicio La Pampa Todavía rigen medio millar de leyes de facto en la provincia

Todavía rigen medio millar de leyes de facto en la provincia

ANALIZAN DEROGARLAS

En el período anterior, el Concejo Deliberante de Santa Rosa derogó gran cantidad de ordenanzas que quedaban de gobiernos municipales de tiempos de la Dictadura. Desde el Gobierno provincial se avanzaría, en los próximos meses, en trabajar en la derogación de leyes de la dictadura militar que aún se encuentran vigentes en La Pampa. Serían unas 500 las Normas Jurídicas de Facto que -todavía- resultan de cumplimiento obligatorio, porque hasta ahora -y después de varios períodos democráticos acaecidos desde 1983- no han sido revocadas.
Mucha legislación del llamado Proceso de Reorganización Nacional -que al cabo resultó la más cruel dictadura desatada en nuestro país- aún son normas que deben ser acatadas por la ciudadanía y en distintos ámbitos del Estado. Por circunstancias que nadie se explica siguen imperantes.
¿Omisión, desidia, omisión? Sea cual fuere el motivo, han pasado 37 años desde la restauración de la Democracia, y quienes legislan -o quienes pueden tomar la iniciativa para llevar adelante las modificaciones necesarias- no se han puesto en la tarea de la eliminación de esa rémora que a esta altura resulta inadmisible.
Cabe recordar que en épocas de intervenciones militares se legislaba sobre la base de «decretos-ley», que obviamente no contaban con ningún aval parlamentario, habida cuenta que la Cámara de Diputados había sido anulada en ese período nefasto.

NJF.
Así las cosas se fueron acumulando una serie de normas que controlaban el accionar de la ciudadanía, y también incursionaba en temas que tenían que ver con resortes del Estado.
Al punto que la Ley Orgánica de la Policía Provincial es, precisamente, una Norma de Facto. Recién ahora se ha presentado -sobre finales del año anterior- una iniciativa para cambiar la NJF 1064 de creación de la fuerza policial en La Pampa.
Lo mismo sucede con el Instituto de Seguridad Social, cuya creación también estuvo vinculada a una norma de la dictadura, la NJF 1.170. Y el mismo origen tienen otras normativas que continúan vigentes.
Carlos Zamudio, director General de Legislación de la Cámara de Diputados, explicó que un problema que se presenta es que algunas leyes -sancionadas con posterioridad, con el advenimiento de la democracia en 1983- tienen el mismo número que algunas Normas Jurídicas de Facto. Agregó que algunas NJF han quedado «obsoletas» y de imposible aplicación, lo que haría forzosa una necesaria revisión de esa legislación.
Cabe recordar, en ese sentido que el año anterior, en la Municipalidad de Santa Rosa, se procedió a la derogación de ordenanzas originadas durante la Dictadura militar. «Está faltando sí una derogación de Normas Jurídicas de Facto en la Provincia», admitió ayer un diputado consultado, previo a iniciarse la sesión extraordinaria. «Es un paso futuro aunque sea un ardua tarea, porque supondrá un relevamiento muy minucioso», admitió.

Varias gestiones.
En lo que corresponde a Santa Rosa, en 2019 culminó un proceso que implicó el trabajo de varias gestiones municipales, que llevó a la revisión de todas las ordenanzas de facto. Se trata, sin dudas, de un excelente precedente.
¿Cómo se hizo? Se armó oportunamente una comisión ad hoc con asesores de todos los bloques de ese momento, y los concejales fueron avanzando en la depuración del digesto municipal. De esa manera se trabajó sobre el expediente nº 27-1/2011 (HCD), en el que obran actuaciones referidas a normativa municipal entre los años 1955-1983.
Esa comisión se puso en un complicado trabajo, pero purgó el digesto municipal, la derogación o abrogación expresa o tácita, sea por la inaplicabilidad de la regla o porque otra norma posterior había determinado su pérdida de vigencia.

Una deuda para saldar.
Se puede agregar que algunos organismos de Derechos Humanos también se muestran interesados en que se avance con esa iniciativa, y sería justamente la Secretaría del área la que tendría que iniciar esa esforzada tarea.
Una versión que se conoció en los últimos días da cuenta que habría al menos un «borrador» de proyecto para que la depuración de las Normas Jurídicas de Facto se concrete también al nivel provincial. A esta altura resulta claro que se trata de una deuda de las autoridades, que podría empezar a saldarse con un proceso que tanto puede ser iniciado en el Poder Ejecutivo, como por los propios legisladores.
Queda todo el año por delante, y hay mucho trabajo pendiente. Cancelar aquella legislación -obsoleta en algunos casos-, y con seguridad no consensuada con la ciudadanía cuando fue surgiendo a partir de decretos-ley, es una responsabilidad inexcusable.