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«Todos los días aparece más gente a denunciar»

HECKER: ABOGADAS REPRESENTAN A 80 DAMNIFICADOS

(General Pico) – Las abogadas Pamela Molinari y Mercedes Bonetto, en representación de ochenta damnificados, actúan como querellantes en la causa penal que se sigue por estafas reiteradas, contra el empresario de Quemú, Cristian Javier Hecker; y su madre, Yolanda Martín.
Las asesoras legales recibieron las primeras consultas a mediados de abril y desde que estalló la causa, no paran de recibir denuncias tanto de particulares como de instituciones, que tenían sus ahorros en la financiera y que tuvieron que suspender los proyectos de obras que habían puesto en marcha.
Bonetto explicó, en diálogo con LA ARENA, que la preocupación de los vecinos, se acrecentó cuando el empresario les informó a «algunos de los acreedores, de la situación en la que estaba y de que no podía hacer frente a todas las obligaciones».
«Le solicitamos una reunión en la que nos planteó su intención de devolverle el dinero a la gente, a través de un acuerdo del que él establecía las condiciones. Nuestros clientes que tenían cheques en mano, empezaran a presentarlos en los bancos para su cobro y empezaron a venir todos rechazados por falta de fondos. En ese interin, la gente de la localidad ya empezaba a hacer denuncias en Quemú», explicó Molinari.

Denunciantes.
Bonetto dio cuenta que las denuncias van contra Hecker y Martín, su madre, «quien firmaba los documentos, tanto los pagarés como los contratos». Sin embargo, la mujer no es integrante de la financiera y los préstamos, aunque gestionados en el edificio de la empresa, los dieron a título personal.
«La financiera «HyC Finance S.A» tenía sucursales en Winifreda, Barón, Catriló, Alvear, Santa Rosa y Trenque Lauquen, porque figura en la documentación. Yolanda Martín, al emitir la firma de un documento, se obliga personalmente. Los pagarés tenían un membrete de la financiera pero estaban todos librados a nombre de Yolanda Martín, que no es parte integrante; no así los cheques, que eran de la cuenta que está a nombre de ella y de Cristian Hecker. Los contratos que les hacían firmar a la gente, no son válidos porque no son hechos ni certificados por escribano público. En los contratos figuran como mutuarios Hecker y Martín, no figura en ningún momento la financiera. En ningún momento dice que estaban celebrando el contrato con una sociedad anónima. Sin embargo, la gente se dirigía a un domicilio en donde está constituida una financiera y está el cartel, está la oficina comercial pero no era la financiera la que les prestaba la plata, sino que eran ellos a título personal. En el contrato figura que quienes reciben el préstamos son Hecker y Martín, pero solo está la firma de Yolanda Martín en la mayoría, o en muy pocos casos la de Cristian Hecker, ni siquiera firmaban los dos juntos. El actuar era bastante flojo de parte de ellos, pero la gente confiaba igualmente. En otras localidades sabemos que operaban de otra forma», explicó Bonetto.

Ahorros y proyectos.
Las abogadas representan a un total de 80 damnificados, con quienes Hecker y Martín, mantienen una deuda aproximada de 85 mil dólares y 21 millones de pesos. Sin embargo, todos los días reciben a nuevos ahorristas decididos a iniciar acciones penales contra los imputados.
Molinari contó que entre los damnificados, tienen a una institución que había encarado una importante obra edilicia y que tuvo que suspenderla al no poder retirar el dinero. Otros damnificados contaban con ese dinero para afrontar un «tratamiento médico» y otros ahorristas dejaron en la financiera, los ahorros de toda su vida, «todo lo que tenían» y ahora «no tienen como subsistir».
Las abogadas Molinari y Boneto, representan a damnificados no solo de Quemú, sino también de Miguel Cané y de Colonia Barón, aunque «todos los días aparece gente a denunciar, algunos que no se habían animado y que al ver la dimensión que tomó esto, están yendo a denunciar».

Formalización.
El 30 de abril pasado, el juez de control Alejandro Gilardenghi, amplió la Investigación Fiscal Preparatoria contra los imputados, como así también, el plazo de detención. El magistrado sumó casi 40 denuncias a la causa, totalizando ya 67, por un monto total de 104 millones de pesos. Además le impuso el arresto domiciliario a Martín, por el plazo de 18 meses; y 90 días de prisión preventiva a Hecker.
Una semana más tarde, se hicieron dos nuevos allanamientos en Quemú, donde clausuraron la financiera. Los peritos contables de la Procuración General del Poder Judicial de La Pampa, trabajaban en una auditoría de las cuentas de las empresas de imputado, para determinar la magnitud de la estafa y la capacidad de pago. También se allanó la firma «Dos Banderas», dedicada a la fabricación de tanques de agua y demás productos de plásticos, y la fábrica de piletas de fibra de vidrio, que Hekcer tiene en Trenque Lauquen. En estos dos lugares se hizo una inspección para determinar cómo está constituido el patrimonio físico de las empresas.
En el marco de esta causa, también se reconstruyeron gran parte de los documentos que fueron encontrados en una bolsa de consorcio, dentro de una parrilla, en uno de los allanamientos.