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¿Un condenado a cargo de un bar?

CONCESIÓN EN EL CMC

El concesionario, ex funcionario del Ipesa, fue condenado en el año 2013 luego de ser denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y los encubrimientos de delitos hacia niños y adolescentes.
La Municipalidad de Santa Rosa, a través de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Empleo, informó en el mes de enero que reabrirá las puertas de la confitería del Centro Municipal de Cultura (CMC). La reapertura estará a cargo de Carlos San Miguel, actual propietario de un restaurante y bar ubicado en la calle Lagos, entre Gil y 25 de Mayo.
El empresario gastronómico fue quien se adjudicó la licitación que realizó la Municipalidad de Santa Rosa. El perfil de su local del centro combina la gastronomía con el arte, puesto que allí se realizan espectáculos musicales y muestras artísticas, además de variados talleres culturales.
Sin embargo, uno de los datos que pasó inadvertido de la flamante reinauguración es que San Miguel, beneficiario de la licitación y ex subdirector del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa), fue condenado en el año 2013. En aquel momento, se le prohibió ejercer cargos de orden público por cuatro meses y se vio obligado a pagar 3 mil pesos.
La condena fue impuesta por la jueza Claudia Collado, quien además condenó a la ex directora de Niñez y Adolescencia, Alicia Echeveste, a ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y se la sentenció a pagar una multa de 6.000 pesos.

Los hechos.
Los dos ex funcionarios llegaron al juicio por la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público, surgido a través de las situaciones de maltratos y los encubrimientos de delitos hacia niños y adolescentes.
Ambos renunciaron en 2009, cuando las denuncias de lo que sucedía en el Ipesa también provocaron la dimisión de quien fuera en aquel momento titular del Ministerio de Bienestar Social, Cristina Regazzolli; que fue reemplazada por Gustavo Fernández Mendía.
El incumplimiento es una figura penal que se reprime con entre un mes y dos años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo. Se aplica al funcionario público que «dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».
Entre quienes declararon en el juicio, estuvo una joven que quedó embarazada cuando estaba en uno de los hogares. Ella dijo que las chicas solían escaparse y que en esas circunstancias se prostituían y consumían estupefacientes. Otro testigo que pasó ante la jueza, los defensores y el fiscal fue el ex abogado de la dirección, Kevin Christensen.
La causa investigó si los ex directivos tuvieron alguna responsabilidad en los maltratos y abusos a niños y adolescentes de los hogares de menores, que salieron a la luz a través de las denuncias públicas realizadas en las páginas de este diario.

Fallo.
En la condena judicial del año 2013 se dio por acreditadas la falta de toma de decisiones con respecto a los casos constatados «de abusos sexuales entre menores alojados en los Hogares de Adolescentes Varones, embarazos juveniles dentro del Hogar de Adolescentes Mujeres, innumerables fugas, abandonos de tratamientos reiterados con regreso al instituto en formas y horarios inadecuados». También se ratificó que «en los abandonos de tratamiento, abusos sexuales entre internos, menores alcoholizados, embarazos adolescentes de las residentes, se hicieron en forma reiterada mientras estaba de directora Echeveste». Además la Justicia dejó claro que, respecto de la figura penal aplicada, «las conductas omisivas resultaron ser dolosas porque habiendo asumido y sabiendo de las funciones que desempeñarían conforme a las leyes ya precitadas no lo hicieron».
En noviembre de 2014 los integrantes de la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal (TIP), Carlos Flores y Verónica Fantini, fallaron en igual sentido. Ratificaron la pena impuesta sobre ambos ex funcionarios.
Finalmente, en 2016 se dio a conocer en el Boletín Oficial de la provincia del La Pampa que informa que la ex directora de Niñez y Adolescencia, Alicia Esther Echeveste, y el ex subdirector del Instituto Provincial de Educación y Socialización de adolescentes (Ipesa), Carlos Alberto San Miguel, fueron exonerados en el mes de octubre de ese año y por ello no pudieron acceder al retiro especial.

FOTO: CMC.