miércoles, 27 octubre 2021
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«Un delito de desobediencia»

CONSTITUCIONALISTA PAMPEANO APUNTO A RODRÍGUEZ LARRETA

El abogado constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez consideró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «está incurriendo en un delito de desobediencia» tras haber decidido no acatar el fallo de la Justicia federal sobre la presencialidad en las clases.
«El jefe de Gobierno no puede desobedecer la sentencia de un juez federal, que hace lugar a una inhibitoria que deja sin efecto la medida cautelar», expresó.
El martes a la noche, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari declaró la incompetencia de la Justicia porteña en el expediente abierto por el tema de las clases presenciales.
Así, envió la causa a la Corte Suprema, lo cual dejó sin efecto la medida cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU del Gobierno nacional y a favor de la presencialidad en las aulas, que había sido avalada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña.
Gil Domínguez opinó que el fallo del juez Furnari «es una decisión que (el Gobierno porteño) debe acatar, así como acató la decisión de la justicia local, ahora debe acatar la decisión de la justicia federal».

Cuestión de fondo.
A su vez, recordó que «el jefe de Gobierno no acudió al tribunal superior de justicia local, sino que correctamente planteó el caso ante la Corte Suprema como competencia original y ahí reconoció que es el órgano federal donde se debe dirimir».
«Y esto de decir que no importa el fallo del juez federal y esperar a la Corte es contradictorio, porque cuando salió el fallo de la justicia de la Ciudad no dijo ‘yo espero a la Corte’, sino que lo acató», explicó en declaraciones a FM Urbana, de Buenos Aires.
Sobre la cuestión de la presencialidad y la decisión del Gobierno nacional de suspender la presencialidad en el AMBA por 15 días, Gil Domínguez dijo que, «cuando se establece una limitación, vos tenés que tener premisas muy claras para justificar», y sostuvo que, «en este contexto, no existen estas premisas».
Sobre la cuestión de fondo, el abogado santarroseño también argumentó que «hay dos discusiones» y detalló: «Una es si la Nación puede tomar una decisión sobre todo el territorio, que está en condiciones de hacerlo y, sobre todo, en una pandemia. La otra discusión es la presencialidad, si es razonable o no».