Un diputado quiere hacer juicio al Coirco

Reflejando con claridad que no acepta las reglas de juego de una Nación, Mendoza ahora quiere demandar a las provincias que el viernes frenaron la represa de Portezuelo del Viento por la falta de estudios serios sobre sus riesgos. La propuesta surgió de un diputado oficialista que quiere demandar a La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén por los daños y perjuicios que le provocaría a su provincia la realización de un nuevo estudio.
La iniciativa fue promovida por Guillermo Mosso, de Cambia Mendoza, quien presentó un proyecto de ley para que la Fiscalía de Estado mendocina accione legalmente contra las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro por los daños y perjuicios que provocaría la demora en iniciar la obra.
«La decisión que tomaron las cuatro provincias contra Mendoza la semana pasada significa retrasar el inicio de la obra Portezuelo del Viento y esto le trae perjuicios económicos a la provincia, inmediatos y futuros, porque hay muchas empresas que se han preparado para la licitación, haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse operativas en esta crisis», sostuvo el legislador en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael, dos medios de comunicación de esa ciudad del sur mendocino.
«Por otro lado, retrasará la generación de energía hidroeléctrica y los recursos que esta podría generar, por lo que pedimos al Gobernador, a través del Fiscal de Estado, que accione legalmente contra estas provincias y sus gobernadores. Espero que se apruebe para defender los intereses provinciales», expresó.
Mosso se mostró preocupado por la crisis institucional que ocasionan este tipo de decisiones. «A través de un estudio de economistas, vi que se puede evaluar esa energía que se deja de producir y su precio al mercado mayorista, la cantidad de sueldos que se pierden por empresas no operativas o el flujo de dinero de los pagos de certificaciones de obras».
«Pero hay un costo que no se mide -alertó-, que es el impacto social. La pandemia vino a meterle más nafta al fuego; lo más grave es el problema institucional con las provincias, porque Portezuelo forma parte de un proyecto de la década del ’70, cuando todos acordaron unánimemente su realización. Con esto se pone en duda la seguridad jurídica del Estado», indicó.
En tanto, el diputado oficialista reconoció que «hace un tiempo elaboré un proyecto de ley para que se convoque a la Asamblea Legislativa y mostrar que todos los partidos políticos estamos encolumnados para defender los intereses de la provincia, ya tiene media sanción».
Otro que habló de «inseguridad jurídica» fue el supuesto especialista en temas hídricos, Aldo Guarino Arias, quien le pidió al presidente Alberto Fernández que se aparte del tema porque ya ha emitido «preopinión» cuando dijo que no estaba de acuerdo con financiar una obra que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias de la cuenca.