Un plan económico de fondo

El abogado Miguel Villagra amplió la postura de la querella, afirmando que el sistema represivo fue "necesario" para que la dictadura pueda implementar su plan económico "basado en el endeudamiento, la estatización de la deuda privada y la desregulación de la economía", lo que representó "el verdadero" objetivo de los militares.
Afirmó que los secuestros y las desapariciones de personas "constituyeron el presupuesto necesario para materializar la modificación de la idiosincrasia nacional y anular la capacidad social de rebelarse".
Villagra aseguró que La Pampa "no fue una isla" y destacó que formó parte de un "engranaje" del plan represivo que según agregó, comenzó "mucho antes" del golpe militar con procedimientos ilegales de secuestros y torturas en 1975, como advirtieron las víctimas en el juicio. "La estructura normativa contra la subversión venía de antes" y no se modificó después del 24 de marzo de 1976, aclaró.
Mencionó los centros clandestinos de detención por los que "pasaron la mayor cantidad de víctimas", como la Seccional Primera con torturas, interrogatorios, golpes y abusos físicos y sexuales, donde "la legalidad quedaba por el piso", porque eran obligados a firmar un acta.
El abogado señaló que el Poder Judicial fue "cómplice" de la represión y aseguró que se construyó en forma "ficcional" un "adversario subversivo" porque eso "nunca existió, se pretendieron construir mandatos que bajaban de Buenos Aires de manera estructurada".

Civiles "cómplices".
Además se refirió a quienes ocuparon "roles importantes" en el gobierno de facto durante la dictadura en La Pampa -Baraldini y Greppi, principalmente- y que en el juicio quisieron "disociarse" del accionar militar. "La gravedad y el volumen de las acciones está relacionada con el accionar del gobierno", advirtió, preguntándose en ese sentido "quién pagaba los viáticos, el combustible, quién proveía las armas".
Sobre la represión en La Pampa, contó que se "desarticuló" un proyecto de provincia por parte de los militares como el Servicio de Salud y en referencia a Baraldini dijo que fue un "símbolo" del accionar de la dictadura y recordó a los combatientes que murieron en Malvinas por una guerra "inventada".
Por otro lado, cuestionó la participación de los civiles que "dieron el visto bueno, fueron cómplices y participaron activamente" del plan represivo y pidió investigar "cómo se modificó el régimen de tenencia de tierras en La Pampa, el rol de instituciones intermedias y asociaciones de la producción" como Carbap que "promovió y formó parte de la última dictadura. Sin su participación, no se hubieran dando estas atrocidades".