Un profesor de la UNCuyo se sumó al pedido de los juristas

El fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, ya tiene en su despacho dos pedidos para detener la construcción de la represa Portezuelo del Viento sobre el río Grande. Es que al reclamo presentado por Alejandro Pérez Hualde, Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino Arias hace algunos días, ahora se le sumó el de la Asamblea del Agua.

De acuerdo a la información publicada por Los Andes, la Asamblea por el Agua de Mendoza se presentó ante la Fiscalía de Estado para pedirle a Simón que «se dispongan medidas necesarias para evitar los graves riesgos inherentes al proyecto Portezuelo del Viento». A su vez, la Asamblea le pidió que los más de mil millones de dólares del financiamiento se destinen a obras «mucho menos riesgosas y más prioritarias y urgentes para la sociedad mendocina».

El escrito lleva la firma de Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), quien orientó la presentación a un enfoque medioambiental. «Desde el invierno de 2010 hasta la fecha las precipitaciones níveas en la cuenca de los ríos Grande y Colorado, así como sus consiguientes caudales, han disminuido fuertemente en comparación con los promedios de las décadas anteriores», sostuvo.

Inviable.

En su escrito, además, el profesor universitario argumentó su rechazo en que la construcción de la represa tendría un impacto negativo en el caudal de los ríos de la cuenca en un contexto en el que»todas las cuencas hídricas de Mendoza y las de Chile a la misma latitud se ha registrado lo que especialistas han denominado una ‘megasequía’ sin precedentes desde los primeros registros instrumentales a comienzos del siglo XX».

«En diversas investigaciones científicas recientes sobre la cuestión se observa que dicha disminución de caudales, así como la retracción de glaciares en las cuencas altas (balance de masa glaciaria negativo), son aún más pronunciadas en la cuenca de los ríos Grande y Colorado que en las del centro y norte de Mendoza», explicitó Giraud.

En relación a la generación de energía, el profesional citó un estudio de la UNCuyo del 2019 que indica que en el escenario «más optimista» se generarían 658 GWh/año, es decir «un 26% menos que los 887 GWh/año ampliamente difundido por el gobierno y los medios». Mientras tanto, otros escenarios más pesimistas marcan que «solamente sería un 24% de esos 887 GWh/año, lo que implicaría un tiempo hasta 4 veces mayor para recuperar el costo de la obra», en caso de una eventual construcción del dique y llenado del embalse.

Consecuencias.

En su presentación, el profesor universitario señaló que si se construye el dique sobre el río Grande habrá dos consecuencias inmediatas: «La incertidumbre respecto de la posibilidad de llenar el embalse, y la generación eléctrica anual mucho menor que la proyectada y difundida por el gobierno, en caso de lograr el primer llenado del embalse», enumeró.

«Si se hubiera terminado de construir el dique Portezuelo del Viento en junio de 2010, desde entonces se habría podido embalsar apenas 13,8% de la capacidad total del embalse proyectado. Luego de 11 años, el embalse seguiría casi vacío y la central sin generar», graficó en su presentación.

A su vez, expresó que si se lleva a cabo la obra sin importar «la gran incertidumbre científica» sobre la evolución futura de los caudales de la cuenca del Colorado y de la eventual sucesión de años «más húmedos», aún así «subsistiría el impacto del cambio climático sobre el caudal del río y por consiguiente la capacidad de generación hidroeléctrica».

De ese modo, ya son dos las presentaciones ante la Fiscalía de Estado de Mendoza que se oponen a la construcción de la represa. Hace algunos días, este diario dio cuenta de la primera de ellas, firmada por los juristas Alejandro Pérez Hualde, Aldo Guarino Arias y Miguel Mathus Escorihuela.

Plazo vencido.

Luego de esa primera presentación, Simón otorgó cinco días hábiles para que el Departamento de Irrigación y la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa) remitan sus informes a la Fiscalía de Estado. Ese material debía llegar a manos del organismo el pasado martes, día en que vencía el plazo. Sin embargo aún no hay información respecto a la ello.

El martes, el portal El Sol publicó que «desde Emesa confirmaron que están ‘a punto’ de presentar el informe con todos los estudios correspondientes vinculados a la obra, lo mismo respondieron desde el Ministerio de Infraestructura», mientras que no hubo novedades acerca de la presentación de Irrigación.